30/10/2024
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Los Mossos d’Esquadra no inspiran confianza

El cuerpo policial ha sido siempre sospechoso de estar al servicio de los gobiernos convergentes

Francesc Arroyo - 10/06/2016 - Número 37
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Los Mossos d’Esquadra no inspiran confianza
Mossos d'Esquadra entran en el Banc Expropiat el pasado 4 de junio. quique garcía / efe
En Cataluña hay un problema policial que afecta, sobre todo, a los Mossos d’Esquadra y a la Guardia Urbana de Barcelona. Y el problema no es tanto con los agentes como con quienes dirigen esos cuerpos, incapaces de generar en la ciudadanía la sensación de confianza. Los dos últimos episodios han sido el desalojo del llamado Banc Expropiat, en el barrio de Gràcia, y la agresión de un mantero a un miembro de la policía municipal barcelonesa. En ambos casos se ha puesto en evidencia que los agentes no se sienten queridos ni respaldados por sus mandos. Algunos dirigentes sindicales de la Guardia Urbana han llegado incluso a insinuar que los cargos electos no están capacitados para dirigir las fuerzas de seguridad y, menos la Guardia Urbana.

“Todas las policías tienen mala prensa, pero la cosa se agrava cuando hay un uso político de esos cuerpos por parte del gobierno. Pasa con los mossos, pero también con la Policía Nacional. Basta ver el uso que hace de algunos informes el ministro del Interior”, Jorge Fernández Díaz, explica un alto cargo de la policía autonómica en épocas pasadas. Y los mossos han sido siempre sospechosos de ser un cuerpo al servicio de los gobiernos convergentes y de su idea de Cataluña. Se recuerda ahora, pero fue dicho en el Parlament en 2004 por quien luego sería consejero de Interior, Felip Puig, con el respaldo de Artur Mas. Ambos aludían a un informe supuestamente hecho por dirigentes policiales en la época del Tripartito y, específicamente, cuando ocupaba el Departamento la socialista Montserrat Tura.

"Los mortadelos" de Pujol

Puig y Mas temían que su herencia en el cuerpo fuera desarbolada. Una herencia en la que se llegó a decir que Pujol tenía “una guardia pretoriana” formada por un grupo de agentes destinado, sobre todo, a elaborar informes sobre dirigentes de la oposición y, a veces, también sobre algunos miembros de CiU. Se les llamaba “los mortadelos”. Eran funcionarios de Interior, pero dependían directamente de la Presidencia de la Generalitat.

Puigdemont no apoyó a los mossos tras los hechos de Gràcia para no enfadar a la CUP, afirma la oposición

Pero ese servicio más o menos secreto no hubiera bastado para que la desconfianza cuajara entre la ciudadanía, como tampoco hubieran servido para ello las críticas a las actuaciones policiales de dirigentes de la CUP. Para que los mossos no sean vistos como gente de fiar (como cuerpo, no como individuos) han tenido que colaborar con entusiasmo sus dirigentes políticos.

Por ejemplo, el presidente Carles Puigdemont. Tras los hechos de Gràcia, el Gobierno catalán ha dejado en la más absoluta de las soledades al consejero de Interior, Jordi Jané, en la defensa (por otra parte más que tibia) de la actuación de los agentes. La oposición sostiene que este silencio se debe a que no se quiere incordiar a la CUP para no agravar las diferencias sobre los presupuestos. Curiosamente, la portavoz del Ejecutivo (y de Artur Mas), Neus Munté, anunció una posible demanda contra Xavier García Albiol (PP) por criticar el silencio gubernamental y asociarlo a la negociación presupuestaria con la CUP. Pero no defendió a los mossos.

Hay otros casos que pesan en la historia de los mossos. Tienen cuatro agentes condenados por torturas. Cuando el Supremo confirmó la pena de cuatro años y seis meses (2012), CiU consiguió que el Gobierno de Mariano Rajoy les concediera un indulto parcial dejándola en dos años, para que no tuvieran que ingresar en prisión. El juez decidió, no obstante, que la tortura es algo grave y dictaminó que se cumpliera la pena. CiU logró un segundo indulto. Los cuatro torturadores siguen en el cuerpo.

Un segundo caso es el de la muerte del empresario Juan Andrés Benítez, ocurrida en el barrio del Raval en marzo de 2104. Hay seis agentes que se han declarado culpables de homicidio y que han pactado una pena de dos años. No irán a la cárcel y siguen siendo mossos. En este caso hubo, además, gestos claros de obstrucción a la justicia consentidos por los mandos. Un día, ante el requerimiento del juez para que cuatro de ellos se sometieran a un control sobre el consumo de drogas, se presentaron a la prueba totalmente depilados, de forma que la hicieron imposible. Otros agentes visitaron a testigos de los hechos para requisarles las imágenes que hubieran podido tomar con sus cámaras o teléfonos.

Encubrimiento mutuo

Tampoco ayudan a dar buena imagen del cuerpo las dificultades que se han puesto para establecer quién fue el agente que disparó una bala de goma contra Esther Quintana, que perdió el ojo como consecuencia del impacto. Las versiones del cuerpo fueron cada vez diferentes y pasaron de la negativa total a la parcial y al reconocimiento de los hechos indemnizando a la víctima. Pero no se contribuyó a identificar al autor del disparo, de modo que el juez acabó absolviendo a los dos acusados al no poder establecer quién fue el autor.

Mas eliminó el código ético del cuerpo policial establecido por el Tripartito y recuperó a los "espías"

“Los dirigentes políticos que se hacen cargo de las fuerzas de seguridad acaban siempre con síndrome de Estocolmo”, apunta un alto cargo policial, ya retirado, procedente del Ejército. “Los agentes no se enfrentan a angelitos, lo que hace que estén siempre frente al peligro. Los políticos se dan cuenta cuando empiezan a tratar con ellos. Les pasa a todos. A los de derechas, porque el cuerpo les pide apoyar el uso de la fuerza, a los de izquierdas por admiración.” Y señala que ese síndrome está detrás de las actuaciones de José Barrionuevo o de Montserrat Tura, más complacientes, por ejemplo, que el dirigente de ICV Joan Saura. En época de Saura, se aprobó un código ético, se instalaron cámaras en los cuarteles de los mossos para evitar las torturas y cuando tuvieron un actitud que el consejero consideró desproporcionada en una manifestación, el entonces director de la policía, Rafael Olmos, fue destituido. Una de las primeras medidas del gobierno de Artur Mas tras el Tripartito fue recuperarlo. Y ya de paso, abolir el código ético.

Utilización  política

La llegada de Convergència al Gobierno no solo supuso la recuperación de Olmos, también la de "los mortadelos". Los sindicatos policiales han denunciado que, al menos desde 2012, hay agentes dedicados a filmar la participación de mossos en actividades que cuestionen el gobierno nacionalista. Estas filmaciones se iniciaron cuando los agentes decidieron llevar sus protestas a los actos convocados por Artur Mas o Felip Puig y se mantienen ahora. “Siguen pensando que los mossos somos un instrumento al servicio de su idea de Cataluña”, explica un representante sindical. Y añade una reflexión sobre la intervención de Gràcia: “Cuando un juez dicta una orden de desahucio, como ocurrió en Gràcia, la intervención es obligada, pero se puede graduar en el tiempo. El juez no acostumbra a dar fecha y hora y, si la da, se puede negociar, de forma que se actúe cuando se produzcan menos altercados. Todo apunta a que en Gràcia no se hizo así”.

Puede haber errores técnicos o no, pero hay algo evidente: el Gobierno utiliza a los mossos y luego no se siente obligado a defender esa actuación, como ha hecho en otras ocasiones. Que eso sea para no enconar las relaciones con la CUP, que prefiere situarse del lado de los okupas, solo pueden saberlo los que callan. En cambio, la CUP no calla y se le entiende todo. La diputada Anna Gabriel no ha dudado en calificar a la policía autonómica como “correa de transmisión de intereses privados” para denunciar que actúan contra “activistas sociales”. Los agentes, dijo Gabriel, “golpean con fuerza a quienes defienden los derechos y libertades de los ciudadanos” y se ensañan con los más débiles mientras protegen “los intereses de los bancos en un sistema de precariedad”.