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Economía
La transustanciación de la deuda y otros milagros financieros
La transformación de la deuda privada en pública que se ha producido durante la crisis económica, ha convertido a los estados en los grandes acreedores globales.
Carlos Humanes
- 13/11/2015
Wall Street en el día de la caída de Lehman Brothers Gilles Peress / Magnum Photos / Contacto
Si se acepta que la crisis financiera global arrancó el 15 de septiembre de 2008, el día en que tuvo lugar la quiebra de Lehman Brothers, llevaríamos ya más de siete años sumergidos en un proceso devastador. Un tiempo en el que se ha producido una transformación prodigiosa, en virtud de la cual algunas grandes instituciones financieras privadas han perdido su condición de acreedores globales en favor de los estados, que se han convertido en los nuevos grandes prestamistas mundiales. Y todo ello, además, al margen de cualquier mecanismo de control público o parlamentario, cuando no directamente a espaldas de los hemiciclos nacionales.
Esa transformación de deuda privada en pública ha provocado que los déficits de los estados alcancen cifras difícilmente sostenibles, y estos, sumados a las caídas de los ingresos fiscales provocadas por la crisis, han configurado una situación escalofriante que queda patente en la relación entre la deuda y el PIB, el verdadero indicador de la capacidad de pago que tiene un país en cada momento.
Es conocida la sobrecogedora cifra de Grecia, más de un 177,1%, pero hay algunas otras que están cerca. Como las de Italia (132,10%), Portugal (130,2%), Bélgica (106,5%), España (97,7%) o Francia (95%), según cifras de la Comisión Europea para 2014. Y esos datos se registran en pleno proceso de ajustes, recortes de gasto y bajo el reinado de las llamadas políticas de austeridad que se imponen en Europa. Solo una solución conjunta en el futuro evitará que implosionen las finanzas de los propios estados.
Cómo se ha llegado hasta aquí tiene mucho que ver con aquellos años de alegría financiera con los que comenzó el siglo XXI. Y también con el mundo de los derivados financieros. Un invento, precisamente, de la gran banca internacional que se basaba en el dudoso principio de que dividiendo el riesgo hasta el infinito acabaría desapareciendo. Lo que ha pasado es justo lo contrario: al dividir el riesgo, este se ha multiplicado exponencialmente.
Además, estos productos se han movido siempre al margen de cualquier supervisión pública —unos controles que, por cierto, deberían ser globales, como globales son los objetos sobre los que se pretenden aplicar—, y sin los requisitos mínimos de trazabilidad y transparencia que deberían exigirse a cualquier operación financiera. Después, sobre estos derivados originales se sumaron nuevas masas ingentes de deuda. Un “engrudo” que constituyó el nutriente del famoso riesgo sistémico que ha justificado que se rescatara, con dinero público, a las grandes instituciones financieras en peligro.
Se trata, pues, de un proceso desarrollado sin el conocimiento de los ciudadanos. Por eso, sería muy curioso, por ejemplo, que los alemanes supieran de pronto algo que parecen ignorar: que la deuda de Grecia que atesoran sus arcas públicas no se deriva de la decisión soberana tomada por el Gobierno teutón para prestar dinero a empresas o instituciones helenas. Es simplemente el producto de unas operaciones de rescate realizadas sobre instituciones financieras germanas.
El resultado final es la subversión de los principios formales de orden que sustentaban la manera en que debían gobernarse los países civilizados. El poder financiero se ha impuesto al político y este último ha faltado, además, a las obligaciones contraídas con sus representados. Tanto la transustanciación financiera como el resto de los prodigios paralelos que han tenido lugar son, sencillamente, un ataque frontal al sistema democrático. Habrá que ver dónde, cómo, cuándo y quién realiza la denuncia de estos hechos y si de alguna manera la democracia puede recuperar la posición que tenía antes de esta crisis y vuelve a ser la forma más justa de gobierno que se ha conocido en la historia.
En diciembre de 2009, cuando se dieron los pasos para el primer rescate concedido a Grecia, la mayor parte de la deuda correspondía a las instituciones financieras de los países de la UE, que, además, estaban muy afectadas por la crisis. Los bancos franceses eran los más expuestos al riesgo del país griego, seguidos por los alemanes y los holandeses. Los bancos españoles, en cambio, eran los menos afectados. Además, las entidades hispanas con riesgo en el país heleno eran completamente privadas y, según las pruebas de resistencia realizadas entonces, no acusaban ningún impacto derivado de esa situación. A finales del año pasado, y por efecto, sobre todo, del segundo rescate aprobado en 2012, los bancos galos estaban prácticamente limpios de riesgo griego, y el Estado francés era solo el segundo mayor acreedor de Grecia. El Tesoro de Alemania se convertía en el principal prestamista de Atenas, y sus bancos todavía arrastraban ciertas complicaciones derivadas de la cuestión griega.
Más peculiar es el caso de España. Hace siete años, la crisis helena no alcanzaba directamente a los contribuyentes españoles. Desde hace tres, sí, y el país es el tercero más expuesto a las turbulencias a causa del dinero desembolsado y, sobre todo, los avales comprometidos. El truco empleado por Francia y Alemania fue dejar fuera de la ecuación el peso de la deuda contraída por los distintos sectores bancarios nacionales, corresponsables de la generación del problema, y tener solo en cuenta el tamaño de cada economía y su ponderación en el PIB de la UE. Por razones jamás explicadas ni debatidas en el Parlamento, España aceptó los términos de los rescates a Grecia, diseñados por la troika, a pesar de que la banca privada española tenía una exposición mínima y asumible al país heleno. Como resultado del reparto de las contribuciones realizado en función del peso de cada nación en la economía de la UE, España se ha convertido en el país grande europeo que más se juega en la crisis griega y el tercero en el cómputo global tras Eslovenia y Malta. Eso es así por la relación entre la deuda asumida y el PIB. El parámetro, por cierto, que más importa a los operadores de los mercados financieros. Y, aunque en valor absoluto Alemania parezca la más afectada por un posible impago, en realidad solo sería la octava más perjudicada si se pone en relación lo que podría perder con su capacidad de generar riqueza.
Esa transformación de deuda privada en pública ha provocado que los déficits de los estados alcancen cifras difícilmente sostenibles, y estos, sumados a las caídas de los ingresos fiscales provocadas por la crisis, han configurado una situación escalofriante que queda patente en la relación entre la deuda y el PIB, el verdadero indicador de la capacidad de pago que tiene un país en cada momento.
Es conocida la sobrecogedora cifra de Grecia, más de un 177,1%, pero hay algunas otras que están cerca. Como las de Italia (132,10%), Portugal (130,2%), Bélgica (106,5%), España (97,7%) o Francia (95%), según cifras de la Comisión Europea para 2014. Y esos datos se registran en pleno proceso de ajustes, recortes de gasto y bajo el reinado de las llamadas políticas de austeridad que se imponen en Europa. Solo una solución conjunta en el futuro evitará que implosionen las finanzas de los propios estados.
Cómo se ha llegado hasta aquí tiene mucho que ver con aquellos años de alegría financiera con los que comenzó el siglo XXI. Y también con el mundo de los derivados financieros. Un invento, precisamente, de la gran banca internacional que se basaba en el dudoso principio de que dividiendo el riesgo hasta el infinito acabaría desapareciendo. Lo que ha pasado es justo lo contrario: al dividir el riesgo, este se ha multiplicado exponencialmente.
Además, estos productos se han movido siempre al margen de cualquier supervisión pública —unos controles que, por cierto, deberían ser globales, como globales son los objetos sobre los que se pretenden aplicar—, y sin los requisitos mínimos de trazabilidad y transparencia que deberían exigirse a cualquier operación financiera. Después, sobre estos derivados originales se sumaron nuevas masas ingentes de deuda. Un “engrudo” que constituyó el nutriente del famoso riesgo sistémico que ha justificado que se rescatara, con dinero público, a las grandes instituciones financieras en peligro.
Se trata, pues, de un proceso desarrollado sin el conocimiento de los ciudadanos. Por eso, sería muy curioso, por ejemplo, que los alemanes supieran de pronto algo que parecen ignorar: que la deuda de Grecia que atesoran sus arcas públicas no se deriva de la decisión soberana tomada por el Gobierno teutón para prestar dinero a empresas o instituciones helenas. Es simplemente el producto de unas operaciones de rescate realizadas sobre instituciones financieras germanas.
El resultado final es la subversión de los principios formales de orden que sustentaban la manera en que debían gobernarse los países civilizados. El poder financiero se ha impuesto al político y este último ha faltado, además, a las obligaciones contraídas con sus representados. Tanto la transustanciación financiera como el resto de los prodigios paralelos que han tenido lugar son, sencillamente, un ataque frontal al sistema democrático. Habrá que ver dónde, cómo, cuándo y quién realiza la denuncia de estos hechos y si de alguna manera la democracia puede recuperar la posición que tenía antes de esta crisis y vuelve a ser la forma más justa de gobierno que se ha conocido en la historia.
Exposición a la deuda griega de las principales economías del euro
Más peculiar es el caso de España. Hace siete años, la crisis helena no alcanzaba directamente a los contribuyentes españoles. Desde hace tres, sí, y el país es el tercero más expuesto a las turbulencias a causa del dinero desembolsado y, sobre todo, los avales comprometidos. El truco empleado por Francia y Alemania fue dejar fuera de la ecuación el peso de la deuda contraída por los distintos sectores bancarios nacionales, corresponsables de la generación del problema, y tener solo en cuenta el tamaño de cada economía y su ponderación en el PIB de la UE. Por razones jamás explicadas ni debatidas en el Parlamento, España aceptó los términos de los rescates a Grecia, diseñados por la troika, a pesar de que la banca privada española tenía una exposición mínima y asumible al país heleno. Como resultado del reparto de las contribuciones realizado en función del peso de cada nación en la economía de la UE, España se ha convertido en el país grande europeo que más se juega en la crisis griega y el tercero en el cómputo global tras Eslovenia y Malta. Eso es así por la relación entre la deuda asumida y el PIB. El parámetro, por cierto, que más importa a los operadores de los mercados financieros. Y, aunque en valor absoluto Alemania parezca la más afectada por un posible impago, en realidad solo sería la octava más perjudicada si se pone en relación lo que podría perder con su capacidad de generar riqueza.