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Europa
Francia, de la unión a la división partidista
La revisión de la Constitución fractura el Gobierno, enciende la batalla interna de los conservadores y decepciona a los ciudadanos
Ana Teruel
- 19/02/2016
- Número 22
El primer ministro Manuel Valls contesta a las preguntas de los parlamentarios en la Asamblea Nacional en París. JACQUES MARATHON / AFP / Getty
Cuando el presidente francés François Hollande anunció su batería de medidas contra el terrorismo ante las dos cámaras reunidas en Versalles, el Congreso lo aplaudió como un solo hombre antes de entonar La Marsellesa. Era el tiempo de la gran unión nacional, en un país todavía conmocionado por los atentados. Habían pasado apenas tres días desde los indiscriminados ataques yihadistas del 13 de noviembre contra varias terrazas de París, una sala de conciertos y el Estadio de Francia, en los que fueron asesinadas 130 personas.
Tres meses después, la difícil votación de la revisión constitucional anunciada por el jefe del Estado en Versalles y los debates generados muestran otra cara: la de un Gobierno fracturado, una izquierda desorientada, unos conservadores con la vista puesta en las primarias para las presidenciales de 2017 y una ciudadanía decepcionada.
La revisión constitucional querida por Hollande debía plasmar esa gran unión nacional frente a la barbarie. La reforma, que incluye la incorporación en la ley fundamental del estado de excepción y la retirada de la nacionalidad a los condenados por terrorismo, necesita los tres quintos de las dos cámaras reunidas para ser aprobada. La semana pasada, tras unos días de tensos intercambios en el hemiciclo, pasó con sobresaltos su primer examen: la aprobación en primera lectura en la Asamblea Nacional, con el voto a favor de 317 diputados frente a 199 en contra y 51 abstenciones.
Hollande ha dilapidado la popularidad ganada tras los atentados. Su futuro político está en manos del Senado
A mediados de marzo será debatida en el Senado, donde los conservadores ya han anunciado su intención de retocar el texto. Debe ser aprobada en los mismos términos por ambas cámaras antes de que el Ejecutivo pueda convocar al Parlamento para la aprobación final. El examen del detalle de la votación en la Asamblea Nacional deja en evidencia la falta de liderazgo tanto de Hollande y de su primer ministro, Manuel Valls, como la del exmandatario conservador y presidente de Los Republicanos, Nicolas Sarkozy. Pocas veces una votación ha reflejado tal división en el interior de los principales partidos. En el campo de los socialistas, 165 diputados aprobaron el texto, 83 votaron en contra y 36 decidieron abstenerse. En el conservador, 111 aprobaron el texto y 74 votaron en contra.
La oposición interna al texto entre los socialistas va mucho más allá del grupo habitual de los denominados frondeurs, unos 40 diputados contrarios a la política económica del Gobierno de Manuel Valls. Es la primera vez desde la llegada al Elíseo de Hollande en 2012 que el voto en contra de una propuesta del Ejecutivo es tan alto entre el propio grupo socialista.
El debate jurídico sobre la necesidad de retocar la Constitución para incorporar dos medidas ya existentes en la ley ordinaria —el estado de excepción se rige por una ley de 1955 creada durante la guerra de Argelia y modificada desde entonces, y la retirada de la nacionalidad se aplica con criterios diferentes a los contemplados ahora— ha dado lugar a un debate político desconectado de las preocupaciones de los ciudadanos.
La población asiste así atónita a las discusiones que han monopolizado el espacio público en torno a unas medidas ampliamente plebiscitadas por los franceses.
Para el politólogo Bruno Cautrès, del centro Cevipof del Instituto de Estudios Políticos Sciences-Po de París, “la reforma se centra en un detalle simbólico, cuando lo que quieren saber los franceses es cuáles han sido los fallos en nuestra política de seguridad que explican que París haya sufrido dos oleadas de atentados en 2015”, los de noviembre y los de enero contra la revista Charlie Hebdo, una policía y un supermercado judío, en los que murieron 147 personas. En la izquierda, el debate se ha centrado en el ámbito ideológico, cristalizado en torno a la medida relativa a la retirada de la nacionalidad, una reivindicación histórica de la derecha y de la extrema derecha, criticada en su día por los propios Hollande y Valls. “La izquierda francesa siempre ha sido muy sensible a los temas de nacionalidad, tiene una tradición de defensa de los valores republicanos y a la vez es bastante universalista”, explica Cautrès.
Pulso entre Los Republicanos
Entre Los Republicanos, el debate constitucional ha servido de campo de batalla para medir fuerzas entre un Sarkozy en horas bajas y sus principales rivales en el partido, los ex primeros ministros Alain Juppé y François Fillon. En la línea de mira están las primarias del partido en noviembre, de las que saldrá elegido el candidato del centro-derecha para las elecciones presidenciales de 2017. “Sarkozy debe presentarse como el más duro en materia de seguridad, Fillon como el más antiizquierda y Juppé como el más moderado”, explicaba en la emisora RTL el editorialista Alain Duhamel al inicio de los debates parlamentarios.
Sarkozy —que según un reciente sondeo del diario Le Figaro perdería las primarias frente a Juppé—, ha llamado a aprobar la reforma, apuntando a que la retirada de la nacionalidad supone “una victoria ideológica de la derecha”. Él mismo había contemplado ampliar los motivos por los que se puede aplicar esta sanción en su famoso discurso de Grenoble del verano de 2010, que marcó el giro derechista de su presidencia.
Juppé, alcalde de Burdeos y sin mandato parlamentario, ha denunciado un “golpe político” de Hollande destinado a “sembrar la confusión en el debate” y ha mantenido la ambigüedad en su postura. Mucho más claro ha sido Fillon, que ha visto en este debate la forma de cuestionar con éxito la legitimidad del expresidente, del que fue primer ministro durante cinco años, encabezando el movimiento en contra de una reforma que según él no es “ni necesaria ni útil”.
Los nacidos franceses
La propuesta original de Hollande era poder aplicar la retirada de la nacionalidad a todo francés con doble nacionalidad —para no crear apátridas— condenado por terrorismo, aunque este haya nacido francés. La legislación ya prevé la posibilidad de hacerlo con los nacionalizados en los últimos 15 años, por lo que el presidente proponía ampliarlo a los nacidos franceses. Desde 1990, la sanción se ha aplicado a 21 condenados por terrorismo.
Como lo recuerdan tanto defensores como detractores, se trata de una medida simbólica que no pretende disuadir a los yihadistas decididos a perpetrar matanzas suicidas. Ellos mismos queman sus pasaportes franceses en los vídeos de propaganda del autodenominado Estado Islámico. “Se trata de una fuerte sanción que la nación tiene el derecho legítimo de activar contra quien comete la mayor traición”, explicó Valls tras la aprobación del texto en el Consejo de Ministros. “Matar ciegamente a sus compatriotas en nombre de una ideología es renegar de forma sangrienta, total y definitiva de toda voluntad a vivir juntos sin distinguir entre orígenes y religiones. Es renegar del alma de nuestra nación”, continuó.
“Sarkozy debe ser el más duro en materia de seguridad, Fillon el más antiizquierda y Juppé el más moderado”
Ante las reticencias provocadas en su propio partido, el Ejecutivo optó finalmente por retirar la referencia a la necesidad de tener más de una nacionalidad. “Las críticas, que argumentaban que al señalar a los franceses con doble pasaporte se rompía la igualdad entre ciudadanos, han llevado al Gobierno a ampliar la medida a todos. En el proceso han cambiado una desigualdad por otra casi más grave, la de crear apátridas”, considera el politólogo Olivier Rouquan. “Pero en el derecho internacional, en particular desde la Segunda Guerra Mundial, se estima que es algo inaceptable. Es un debate sin respuesta satisfactoria”, añade.
El presidente, en horas bajas
Al abrir la puerta a las negociaciones, el Ejecutivo ha alimentado las voces disidentes, según estima también Rouquan. En la batalla ha perdido a su ministra de Justicia, Christiane Taubira, opuesta a la retirada de la nacionalidad y considerada como la última garantía de izquierdas que le quedaba al Gobierno desde la salida del ministro de Economía, Arnaud Montebourg, en agosto de 2014. En este tiempo Hollande ha dilapidado la popularidad recobrada tras los atentados, cuando su cuota de aprobación se disparó en 20 puntos. Esta se sitúa de nuevo en niveles cercanos a su peores cifras de 2014, con solo un 26% de aprobación según el sondeo de febrero del instituto Elabe.
La credibilidad y parte del futuro político de Hollande y de Sarkozy están ahora en manos del Senado, de mayoría conservadora y donde la influencia de Fillon es mayor que la del presidente de su partido.
Los rivales de las presidenciales de 2012 —que aspiran a volver a enfrentarse en 2017— se han convertido así en aliados por las circunstancias. “Si la reforma no llega hasta el final, algo que parece cada vez más probable, la autoridad de la presidencia de Hollande, que desde el principio se percibe como su punto débil, será de nuevo vista de forma negativa por la opinión pública”, explica el politólogo Cautrès. “Sarkozy, por su parte, se arriesga a dar la impresión de que ya no tiene la autoridad que tenía en su área de influencia.”
En cualquier caso, Hollande cuenta sin duda con el masivo respaldo de la población a las medidas. “El anuncio de Hollande en Versalles fue un momento muy solemne, marcado por la conmoción que durante aquellos días tanto afectaba a la opinión pública. La población sigue teniendo en la cabeza ese contexto de grave crisis, y si las nuevas medidas no salen adelante, Hollande responsabilizará del fracaso a los parlamentarios. Perderá él, pero perderá también el conjunto de la clase política”, concluye Rouquan.
Un nuevo Ejecutivo para las presidenciales
Ana Teruel
A menos de un año de las elecciones presidenciales, el presidente francés François Hollande ha aprovechado la salida del ministro de Exteriores Laurent Fabius para llevar a cabo una remodelación con la vista puesta en los comicios. Atrapado en un debate envenenado sobre la revisión constitucional, Hollande viaja al pasado para preparar el futuro con la incorporación de tres ecologistas en su Gobierno y el regreso de su antiguo primer ministro, Jean-Marc Ayrault. Aspira así a volver a abrir la base electoral y a neutralizar posibles candidaturas rivales, sin ceder por ello en su política económica.
Cuando muchos esperaban un Gobierno “de combate” de cara al último año completo de mandato, el presidente ha operado una remodelación limitada y ampliamente analizada como puramente táctica. “No hay otra razón posible a esta remodelación que la de una lectura política de cara a 2017”, explica el politólogo Bruno Cautrès. “El problema es que la intención es demasiado obvia. Todo el mundo ha entendido que se trataba de eso y la remodelación no tendrá ningún efecto sobre la popularidad de Hollande”, pronostica.
Se esperaba un gran cambio desde la derrota en las regionales de diciembre, que fue finalmente precipitado por la salida la semana pasada de Fabius para ocupar el puesto de presidente del Consejo Constitucional. La dimisión días antes de la titular de Justicia, Christiane Taubira, opuesta a la revisión constitucional, priva al Ejecutivo de su figura considerada más progresista. Las dos bajas consecutivas, aunque por motivos diferentes, han ahondado en la imagen de un gabinete debilitado.
El hecho más destacable ha sido la incorporación de tres ecologistas, exmiembros del grupo Europe Écologie Les Verts (EELV), antiguos socios de gobierno que dejaron el Ejecutivo con la llegada de Manuel Valls como primer ministro en 2014 por incompatibilidad ideológica.
Su secretaria general hasta la semana pasada, Nathalie Cosse, ha sido la última en separarse de la formación para aceptar la cartera de Vivienda. Hollande aspira así a ampliar su base electoral algo más hacia la izquierda, y de paso acelera la descomposición del grupo ecologista que amenaza con una candidatura rival a la socialista para las próximas elecciones de 2017.
Para reconciliar a la dividida familia socialista, Hollande ha rescatado también a su antiguo primer ministro, el conciliador Jean-Marc Ayrault, apartado en 2014 para dejar sitio al actual jefe del Gobierno, Manuel Valls. El presidente realiza así un gesto para tranquilizar a los socialistas que se sienten menos representados por la línea más dura del primer ministro.
Pero Hollande no renuncia, pese a todo, a su política económica socialdemócrata —denunciada por el ala izquierda del partido—, como deja patente el mantenimiento de los ministros de Economía, Emmanuel Macron, y de Finanzas, Michel Sapin.
Con la revisión constitucional —una reforma que debía confirmar su estatura de jefe del Estado fuerte a la cabeza de una nación en guerra contra el terrorismo—, Hollande necesita resultados en el ámbito económico para aspirar a su reelección. Él mismo condicionó su candidatura a las presidenciales a revertir la curva ascendente del desempleo, que sigue sin dar señales de recuperación.
A menos de un año de las elecciones presidenciales, el presidente francés François Hollande ha aprovechado la salida del ministro de Exteriores Laurent Fabius para llevar a cabo una remodelación con la vista puesta en los comicios. Atrapado en un debate envenenado sobre la revisión constitucional, Hollande viaja al pasado para preparar el futuro con la incorporación de tres ecologistas en su Gobierno y el regreso de su antiguo primer ministro, Jean-Marc Ayrault. Aspira así a volver a abrir la base electoral y a neutralizar posibles candidaturas rivales, sin ceder por ello en su política económica.
Cuando muchos esperaban un Gobierno “de combate” de cara al último año completo de mandato, el presidente ha operado una remodelación limitada y ampliamente analizada como puramente táctica. “No hay otra razón posible a esta remodelación que la de una lectura política de cara a 2017”, explica el politólogo Bruno Cautrès. “El problema es que la intención es demasiado obvia. Todo el mundo ha entendido que se trataba de eso y la remodelación no tendrá ningún efecto sobre la popularidad de Hollande”, pronostica.
Se esperaba un gran cambio desde la derrota en las regionales de diciembre, que fue finalmente precipitado por la salida la semana pasada de Fabius para ocupar el puesto de presidente del Consejo Constitucional. La dimisión días antes de la titular de Justicia, Christiane Taubira, opuesta a la revisión constitucional, priva al Ejecutivo de su figura considerada más progresista. Las dos bajas consecutivas, aunque por motivos diferentes, han ahondado en la imagen de un gabinete debilitado.
El hecho más destacable ha sido la incorporación de tres ecologistas, exmiembros del grupo Europe Écologie Les Verts (EELV), antiguos socios de gobierno que dejaron el Ejecutivo con la llegada de Manuel Valls como primer ministro en 2014 por incompatibilidad ideológica.
Su secretaria general hasta la semana pasada, Nathalie Cosse, ha sido la última en separarse de la formación para aceptar la cartera de Vivienda. Hollande aspira así a ampliar su base electoral algo más hacia la izquierda, y de paso acelera la descomposición del grupo ecologista que amenaza con una candidatura rival a la socialista para las próximas elecciones de 2017.
Para reconciliar a la dividida familia socialista, Hollande ha rescatado también a su antiguo primer ministro, el conciliador Jean-Marc Ayrault, apartado en 2014 para dejar sitio al actual jefe del Gobierno, Manuel Valls. El presidente realiza así un gesto para tranquilizar a los socialistas que se sienten menos representados por la línea más dura del primer ministro.
Pero Hollande no renuncia, pese a todo, a su política económica socialdemócrata —denunciada por el ala izquierda del partido—, como deja patente el mantenimiento de los ministros de Economía, Emmanuel Macron, y de Finanzas, Michel Sapin.
Con la revisión constitucional —una reforma que debía confirmar su estatura de jefe del Estado fuerte a la cabeza de una nación en guerra contra el terrorismo—, Hollande necesita resultados en el ámbito económico para aspirar a su reelección. Él mismo condicionó su candidatura a las presidenciales a revertir la curva ascendente del desempleo, que sigue sin dar señales de recuperación.