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Política
El PP, un partido en B
La formación de Rajoy afronta las elecciones del domingo investigada en al menos seis causas por financiación irregular
Alfonso Pérez Medina
- 24/06/2016
- Número 39
Bárcenas en una de sus comparecencias ante la Audiencia Nacional en febrero de 2013. PEDRO ARMESTRE / AFP / Getty
A finales del próximo año 2017 o principios de 2018, según las estimaciones que se realizan en la Audiencia Nacional, el PP tendrá que afrontar el juicio en el que se analizará el flujo de dinero negro que, según cinco jueces de este tribunal y tres fiscales de la Fiscalía Anticorrupción, manejó al menos entre los años 1990 y 2008 y que su extesorero Luis Bárcenas fue anotando, cuidadosamente, en sus famosos estadillos manuscritos.
No es el único procedimiento judicial en el que se ha puesto de relieve que el partido que ha ocupado el Gobierno de España durante 12 de los últimos 20 años ha recibido donaciones que no se declaraban a Hacienda y las ha empleado, entre otras cosas, en reformar su sede, redondear con sobresueldos los ingresos de sus dirigentes o ayudar a cargos públicos amenazados por el terrorismo.
Las investigaciones desarrolladas en los tribunales en los últimos siete años también han sacado a la luz, a expensas de lo que se determine en las sentencias judiciales que están por llegar, que al menos en Madrid y la Comunidad Valenciana el PP se financió gracias a las actividades urbanísticas y el expolio de recursos públicos que llevaron a cabo tramas de corrupción como la Gürtel o la Púnica.
El dinero negro de Génova
El tribunal que juzgará la caja B del PP, formado por los magistrados Ángel Hurtado, Julio de Diego y José Ricardo de Prada —una vez apartados del procedimiento sus compañeros Concepción Espejel y Enrique López por levantar dudas sobre su apariencia de imparcialidad—, tendrá que decidir si la formación presidida por Mariano Rajoy es responsable civil subsidiaria por los delitos que habrían cometido tres de los cinco acusados, entre los que se encuentran Bárcenas, su antiguo jefe, Álvaro Lapuerta, y el que fue su gerente, Cristóbal Páez.
Gürtel, Púnica, Taula o los papeles de Bárcenas son tramas de las que el partido recibió dinero, según los investigadores
Para evitar el embargo que el juez José de la Mata podría haber ejecutado contra sus bienes, el Partido Popular se vio obligado el pasado 3 de junio a presentar un aval del Banco Popular con el que cubrieron la fianza de 1,2 millones de euros con la que, en el caso de ser condenado, tendría que resarcir a la Hacienda Pública por los delitos fiscales atribuidos a sus antiguos dirigentes.
En concreto, el PP podría ser condenado a pagar algo más de un millón de euros por el Impuesto de Sociedades de 2007 que dejó de abonar el estudio de arquitectura Unifica, que dirigió las obras de reforma del cuartel general de la formación, en la calle Génova de Madrid, y 220.000 por la cantidad que habría dejado de ingresar ante Hacienda por el Impuesto de Sociedades de 2008, en el que recibió donaciones presuntamente irregulares por valor de 1.055.000 euros.
En el banquillo de los acusados, no obstante, no se sentarán los 19 empresarios que llegaron a estar imputados por aparecer en los papeles de Bárcenas como donantes del PP, al no poder demostrarse a lo largo de la instrucción que los cuantiosos contratos públicos que recibieron durante dos décadas fueran la contrapartida a las aportaciones que hicieron a la formación a espaldas de Hacienda. Entre los que tuvieron que declarar en la Audiencia Nacional estaban los constructores Juan Miguel Villar Mir (presidente de OHL), Luis del Rivero (expresidente de Sacyr Vallehermoso) y José Mayor Oreja (expresidente de FCC Construcción).
En todo caso, Bárcenas y Lapuerta podrían ser condenados a un máximo de 28 años de cárcel por pertenencia a organización criminal, asociación ilícita, falsedad contable, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito electoral, apropiación indebida, falsedad documental y fraude fiscal. La Fiscalía Anticorrupción, sin embargo, solo les pide cinco.
Un negocio llamado Gürtel
Lo que también han puesto de manifiesto las investigaciones que se instruyen en la Audiencia Nacional es que la formación que encabeza todas las encuestas de cara a las elecciones generales del 26 de junio se benefició de las actividades de corrupción desarrolladas por la trama Gürtel en al menos tres municipios madrileños: Pozuelo de Alarcón, Majadahonda y Boadilla del Monte. En el caso de los dos primeros municipios, el Partido Popular como persona jurídica tendrá que responder como responsable civil en calidad de partícipe a título lucrativo en el juicio por la primera época de actividades de la organización criminal presuntamente dirigida por Francisco Correa, que se celebrará a partir del próximo 4 de octubre.
Según la investigación realizada por el juez Pablo Ruz y rematada por su sucesor en el juzgado, José de la Mata, la formación conservadora se habría ahorrado 245.000 euros en actos electorales y de partido que habrían sido sufragados por la trama Gürtel, en connivencia con los antiguos alcaldes de Majadahonda Guillermo Ortega y Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda. La exmujer de este último, la exministra de Sanidad Ana Mato, también acudirá al juicio con la misma condición que su partido después de que Correa le pagara gastos familiares por valor de 28.467 euros.
En la pieza separada en la que se investiga el saqueo de las arcas del Ayuntamiento de Boadilla del Monte por parte de la trama Gürtel el PP también tendrá que responder como responsable civil a título lucrativo, en este caso por ahorrarse 204.198 euros en actos electorales que fueron satisfechos por varias empresas adjudicatarias de contratos públicos, entre ellas Constructora Hispánica; Sufi, filial de Sacyr; o Teconsa. El imputado más conocido en este procedimiento es el exalcalde de la localidad Arturo González Panero, conocido por la red Gürtel como El Albondiguilla, al que el propio Ayuntamiento de Boadilla, ahora dirigido por el también dirigente popular Antonio González Terol, solicita 43 años de cárcel. El regidor también pide a su partido que devuelva a las arcas municipales hasta el último céntimo que dejó de pagar gracias a la red de Correa.
Al servicio de Aguirre
A pesar de que Esperanza Aguirre se ha cansado de repetir que el caso Púnica no esconde una financiación irregular del Partido Popular madrileño, lo cierto es que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco investiga en una pieza separada del procedimiento, que permanece secreta las aportaciones de hasta dos millones de euros que el directivo de la constructora OHL Javier López Madrid realizó al exsecretario general de la formación Francisco Granados a través del gerente Beltrán Gutiérrez.
La agenda personal de Granados intervenida tras su detención revela que, aunque abandonó el gobierno de Esperanza Aguirre en junio de 2011, el político encarcelado siguió recaudando fondos para el partido hasta las elecciones europeas de mayo de 2014, tres meses después de que se viera forzado a dimitir de sus cargos como senador y diputado en la Asamblea de Madrid después de que se publicara que tenía una cuenta en Suiza.
Según un informe de la Guardia Civil que forma parte del sumario, su participación en la recogida de fondos era “necesaria” porque, gracias a su “dilatada carrera en el partido a nivel regional”, era el “encargado de mantener la red de contactos con los contribuyentes a la campaña”. Los investigadores señalan, además, que Granados y su jefe de gabinete y testaferro, Ignacio Palacios, hacían “gala” de cumplir el refrán castellano de que “quien parte y reparte se queda la mejor parte”, ya que, según sus sospechas, “se quedarían con una parte del dinero recaudado para el partido”.
Los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sospechan que el directivo de OHL, empresa que se adjudicó numerosos contratos durante la mayor ampliación del Metro de toda su historia, la que se produjo entre los años 2003 y 2007, no fue el único empresario que financió las arcas de los populares madrileños. Además, en su confesión de 13 horas ante el juez Velasco, el constructor David Marjaliza admitió que adelantó de su bolsillo entre 90.000 y 100.000 euros para financiar la campaña del exalcalde de Valdemoro José Carlos Boza Lechuga, imputado en el procedimiento.
Promocionar en las redes
En el centro de la investigación también se encuentran los trabajos que el informático Alejandro de Pedro habría realizado para mejorar la reputación en las redes sociales de varios líderes populares que, en lugar de ser sufragados por la formación política, se camuflaban con pagos en negro por parte de adjudicatarias de contratos públicos como Indra, en el caso de la Comunidad de Madrid, o se asignaban a partidas de formación, como sucedió en el intento finalmente frustrado de mejorar la imagen del actual presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez. En el sumario también aparece un proyecto en power point dedicado a Esperanza Aguirre y varios trabajos destinados a lavar la imagen de su vicepresidente, Ignacio González, su número dos, Salvador Victoria, y la consejera de Educación, Lucía Figar.
El sumario ha puesto también de relieve que la compañía Cofely, filial de la multinacional francesa GDF Suez, compensó en ocasiones el amaño de contratos de eficiencia energética con la realización de encuestas políticas en las que se incluían preguntas sobre las expectativas electorales de los alcaldes sobornados. Aunque se intentaban disfrazar como sondeos sobre “gestión energética”, el juez Velasco considera que en realidad tenían “índole política”. Esta práctica se llevó a cabo en al menos una decena de ayuntamientos madrileños, entre ellos los de Valdemoro, del que Granados fue alcalde, y Parla, bajo el mandato del socialista José María Fraile. Esta fórmula de financiación también fue adoptada, según el sumario, por otras compañías como las constructoras FCC, Urbaser y Ortiz Construcciones. Entre los años 2005 y 2015, estas empresas desembolsaron por estos trabajos un total de 419.700 euros.
El cuarto método de supuesta financiación del PP investigado por el juez Eloy Velasco se corresponde con la organización de las fiestas patronales de los municipios investigados. Como contrapartida a las numerosas adjudicaciones que recibió, la compañía Waiter Music llevaba castillos hinchables a los mítines del PP y organizaba los cumpleaños de Francisco Granados, en ocasiones con un coste superior a los 10.000 euros.
Un partido dopado en Valencia
Si hay una región en la que el PP ha acudido especialmente dopado a las urnas gracias a las aportaciones económicas realizadas al margen de la legalidad es la Comunidad Valenciana. En un auto dictado el pasado 26 de febrero, el juez José de la Mata dejó por escrito que los populares valencianos utilizaron a las empresas a las que adjudicaban contratos para rebasar los límites de gasto establecidos por la ley electoral.
En algunas causas el Partido Popular tendrá que responder como responsable civil de los delitos investigados
Ocurrió en las elecciones municipales y autonómicas de 2007, en las que Francisco Camps y Rita Barberá revalidaron sus mayorías absolutas al frente de la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia, y en las generales de 2008, en las que el PP siguió siendo el partido más votado en la región con 1,4 millones de votos. La organización encargó sus actos de campaña a Orange Market, filial de la trama Gürtel en la Comunidad Valenciana, y para pagar sus servicios utilizó lo que el juez llama un sistema de pagos “dual”: una parte con dinero A, que se denominaba ‘Alicante’ en la contabilidad de la empresa dirigida por Álvaro Pérez, El Bigotes, y otra con dinero B, ‘Barcelona’ en su argot interno.
Según la resolución judicial, el PP valenciano pagó 2,2 millones de euros al margen de la contabilidad remitida al Tribunal de Cuentas mientras que empresarios afines al gobierno de Camps como Enrique Ortiz, Gabriel Batalla o Vicente Cotino abonaron 1,2 millones de euros por servicios no prestados que se trataron de justificar con facturas falsas.
Además, el Tribunal Supremo tiene que decidir si llama a declarar como investigada a la senadora y, por tanto, aforada Rita Barberá en la causa en la que se investiga si los populares valencianos se quedaban con entre el 2% y el 3% de todos y cada uno de los contratos públicos que amañaban. La causa, en la que el propio PP tiene la condición de imputado como persona jurídica, ha revelado que medio centenar de miembros del grupo municipal aportaron mil euros por cabeza para financiar la última campaña de Barberá a la Alcaldía. Según los investigadores, las donaciones legales se habrían devuelto presuntamente con la técnica del “pitufeo”, a través de dos billetes de 500. En negro. Norma de la casa.