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Internacional
El penal al revés
En Chihuahua existe una cárcel sin violencia ni corrupción donde la mitad de los presos, todos indígenas, se ha entregado voluntariamente
Un grupo de presos indígenas toca música tradicional en la cárcel de Guachochi en Chihuahua, al norte de México. NADIA DEL POZO
Entrar en el penal de Guachochi, situado en la sierra de Chihuahua, una de las regiones de mayor producción de marihuana y heroína de México, es un ejercicio de desmentidos. Las cárceles mexicanas son en su mayoría espacios corruptos y hacinados que se rigen por el autogobierno de los presos, pero entre estos muros hay camas vacías, no se consumen drogas, tampoco hay sobornos y casi la mitad de los reos ha caminado durante horas desde sus comunidades para entregarse.
Los 253 internos del CERESO (Centro de Reinserción Social) de Guachochi son indígenas, la mayoría rarámuris (o tarahumaras), también pimas, tepehuanes y guarijíos, las otras tres etnias de este estado en la frontera con Estados Unidos. A la hora de la comida guardan una fila ordenada en el patio central del penal, una cancha polideportiva donde juegan al voleibol y al baloncesto. Visten un uniforme gris, que un puñado de ellos complementa con un chubasquero azul a pesar del calor.
“Algunos han cometido delitos federales y en los informes se les cataloga como peligrosos. Luego los conoces y son muy tranquilos”, asegura César Payán, el criminalista del penal. Varios presos bajan la cabeza y sonríen nerviosos. Desde la apertura de esta cárcel en enero de 2015, recuerda el director, Juan Martín González, se pueden contar con los dedos de una mano las veces que han utilizado los dos cuartos destinados a los vis a vis.
Mientras pasea por la cocina, el taller artesanal, el establo, la panadería y la biblioteca, el director se muestra orgulloso de que en su prisión no haya rastro de la jerarquía caótica que rige otras cárceles: hombres fumando crack, colchones tirados en los últimos pisos, celdas unipersonales al lado de otras donde duermen los “vampiros” —cuelgan una sábana entre la litera de abajo y el suelo para dormir—.
Padre Ávila: “Lo más grave es el robo de tierras para la siembra y el reclutamiento forzado de jóvenes”
El informe de este año de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el sistema penitenciario de México revela, entre otras cosas, que más de la mitad de las cárceles estatales están bajo el dominio de los presos en complicidad con las autoridades, que se cometieron 52 homicidios en el último año y que los custodios no tienen la capacidad suficiente para sofocar los motines. El último se produjo el pasado febrero en el penal de Topo Chicho, situado en Monterrey, uno de los centros financieros del país. La disputa entre dos cabecillas del cártel de los Zetas acabó con la muerte de 49 personas. Las autoridades admitieron durante la investigación que en el interior habían encontrado baños con sauna, pantallas planas de televisión, kilos de marihuana, altares dedicados a la santa Muerte, camas king size, un acuario y hasta un bar. De los 900 carceleros de este penal, 300 no habían pasado los exámenes de control de confianza.
En la cárcel el que tiene dinero compra, porque todo tiene un precio. El que no, trabaja para tener dinero. Es otra regla que se rompe en Guachochi, donde algunos oficiales penitenciarios que han aceptado sobornos en otros penales son enviados aquí como castigo por la falta de corrupción. Los presos duermen repartidos en las dos plantas, en celdas de 10 literas. Aunque quisieran comprar lujos y voluntades, tampoco podrían. Todos son pobres.
En la comunidad de Munerachi, un lugar aislado en la sierra a unas cinco horas por caminos de tierra desde Creel, la ciudad más cercana, los rarámuri despiertan antes de que salga el sol y se van a trabajar a los campos. Los hombres de los pies alados, como se les conoce en todo el país, son famosos por su capacidad para recorrer largas distancias en territorios sinuosos con un par de sandalias de hule que ellos mismos elaboran. En la Sierra Tarahumara los indígenas se dedican al cultivo de maíz y al ganado para el autoconsumo. Los desarrollos turísticos han proliferado en la región en los últimos años, pero no les han dejado beneficios. Aquellos que viven en esos lugares, donde son utilizados como reclamo publicitario, solo venden artesanía. Ganan unos 150 pesos (7 euros) al día para sostener a familias por lo general muy numerosas.
Las tierras más valiosas están en manos de los chabochis, como los indígenas llaman a los mestizos. Los cultivos ilícitos (marihuana y amapola) se han plantado durante décadas en la sierra, un feudo tradicional del cártel de Sinaloa, el mayor grupo criminal del país. Juan Gutiérrez, un campesino que toca el violín, saca un pequeño chivo de su casa de adobe, que pudo construir hace años después de ganar una de las famosas carreras tarahumaras, en las que los competidores corren por las barrancas hasta 80 kilómetros tras una pelota. Él recuerda que hasta hace unos años solo se veían los cultivos de amapola en las barrancas cuando caminaba largas distancias, pero ahora es común encontrarlos en las comunidades. Mientras algunos de sus hijos se asoman por la ventana para escuchar la conversación, cuenta que miembros de su comunidad han sido obligados a trabajar para el narco, ya sea cultivando o cruzando droga por la frontera con Estados Unidos.
“Lo que está sucediendo es que los cárteles se multiplican. Son dos pero se atomizan y están en todos lados. Empieza a haber más armas, más droga y la siembra de estupefacientes no para. ¿Qué combate al narcotráfico? Todo esto se hace a la luz del día, en presencia de la policía y el ejército. No puedes imaginar que no haya colusión con tanta impunidad”, dice Isela González, directora de la ONG Alianza Sierra Madre. Después de 18 años trabajando con las comunidades indígenas para defender su derecho al territorio, ha sido amenazada de muerte en los últimos años. Desde 2013 no puede regresar a la sierra. González dice que empezó a notar un control territorial férreo en esta zona a partir de 2007, cuando el expresidente Felipe Calderón convirtió la guerra contra las drogas en la política estrella de su gobierno.
Esto detonó un enfrentamiento continuo entre las autoridades y los cárteles, que a lo largo del país ha provocado más de 160.000 muertos, 27.000 desaparecidos y el desplazamiento de unas 280.000 personas. Durante este tiempo, además, se incrementó el cultivo de estupefacientes y la producción de metanfetaminas.
En su informe de 2014, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de Naciones Unidas reportó que las incautaciones de heroína habían aumentado un 320% en los últimos cinco años. “Yo creo que lo más grave es lo que está pasando con el robo de tierras para la siembra. Incluso el reclutamiento forzado de jóvenes. Una de dos: o los matan o tienen que desaparecer”, dice el padre Pato Ávila, que lleva cuatro décadas en la sierra como religioso y activista de los derechos humanos.
Otro rarámuri que vive en Munerachi, que pide anonimato por temor a represalias, cuenta que un conocido llegó a su casa medio desnutrido. Se había escapado en la noche de una plantación de amapola. “Ahorita están plantando de esas cosas que siembran ahí y por eso necesitan mucha gente. Van por la comunidad y los llevan a la fuerza. Nunca les pagan”, denuncia el indígena. El año pasado lo intentaron reclutar, pero logró escapar. Antes de regresar a la comunidad trabajó durante meses en la recogida de la manzana en otras ciudades del estado.
Los indígenas funcionan con su ley, pero cuando cometen homicidios se presentan ante las autoridades
PRESO 1: “Estaba en casa de un compadre festejando. Costumbre nuestra de darle a dios comida. Matamos un chivito. La gente estaba bailando y tomando. Se hizo noche y entramos a tomar tesgüino (bebida alcohólica de maíz fermentado típica de los rarámuris). A las cuatro de la mañana llegó mi primo con una pistola calibre 22. Yo tenía mi rifle entre las piernas. Se dirigió donde yo estaba sentado. Yo borrachón me quedé viéndole. Me puso el cañón de la pistola en el hombro derecho. No me decía nada. Al sentir las balas en mi cuerpo, la desesperación, me volteé y le disparé con mi rifle en la frente. Mi primo cayó a la lumbre. Me levanté y lo agarré para que no se quemara. Le dije a otro primo que avisara al comisario. De ahí fui a la casa de mi hermana y le dije que había matado a mi primo. Le dije a mi jefa que había matado a su sobrino. Ahí era la de él o la mía. Hacía cosas fuera de orden. Alguien le metió candil para que hiciera eso.”
PRESO 2: “Estoy por posesión de drogas. No traía nada pero nos las pusieron. Eran las cuatro de la tarde. Veníamos seis personas de un rancho de trabajar y en el crucero de El Pinito nos bajaron los municipales. Nos llevaron a un rancho y después a la bartolina (calabozo). A las 10 de la noche los estatales nos llevaron a una comandancia. Ahí la tenían toda preparada en la mesita. Nueve kilos de marihuana. Llevo dos años pero no tengo sentencia. El papel que me dieron decía que la mínima son ocho años.”
PRESO 3: “Andábamos tomados. Bajo las sustancias del alcohol y las drogas muchas veces pierdes el conocimiento. El chavo me empezó a buscar pleito. Yo estaba armado. Me dio unos golpes y unos balazos. Soy rarámuri de la baja, de un rancho del municipio de Urique. Era un 12 de diciembre. Llegamos a casa del señor y lo saludé. Él tenía como 29 años y yo, 18. De repente se le hizo fácil. Me dieron tres balazos. A mí me agarraron en el hospital cuando caí herido. Le dije al defensor que era en defensa propia pero me contestó ‘mataste a uno y lesionaste a dos’. Me quería dar 14 años. Pues deme los siete, de todos modos estoy de acuerdo en que tengo que pagar.”
Los tres presos, que hablan en anonimato por exigencia de los responsables del penal, cumplen condena en Guachochi, esta cárcel al revés donde la mayoría de los reclusos están acusados por homicidio, violación y lesiones. “En muchas ocasiones los cometieron bajo los efectos del alcohol”, explica su director, Juan Martín González.
Un 52% de las cárceles mexicanas tiene sobrepoblación y el delito más frecuente es el robo. De acuerdo con un informe del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), tres de cada cinco presos cumplen sentencia por robar menos de 11.000 pesos (unos 600 euros) y una cuarta parte, por menos de 2.000 (110 euros). Las denuncias contra el sistema penitenciario mexicano aumentan cada año. El mismo documento reporta que en la mayoría de los centros penales los presos no tienen suficiente agua para beber, no reciben atención médica cuando enferman, les dan comida de muy mala calidad, sufren cobros indebidos, se sienten inseguros y los guardias meten droga. Sin embargo, en Guachochi, la única cárcel de baja peligrosidad en Chihuahua, no ha habido ninguna queja de este tipo.
Después de la comida —soja con carne en adobo— los internos continúan con los preparativos para la Semana Santa, la fiesta más importante del año para los indígenas de Chihuahua. Hoy una asociación les ha regalado guitarras y violines para que puedan tocar su música tradicional. Los indígenas conmemoran la muerte y resurrección de Cristo a la vez que mantienen viva su creencia en que las fiestas sirven para sanar y restablecer el orden en el mundo.
En muchas comunidades, presas del miedo por las represalias del crimen organizado, ya no se festeja entre la comunidad. En este penal sí lo celebrarán. Para los presos es una oportunidad de restablecer unos vínculos que rompieron en el momento de cometer el crimen.
En las comunidades de la sierra, los indígenas funcionan según su ley para delitos menores, pero cuando se cometen homicidios o violaciones, los líderes instan a las personas que han delinquido a presentarse ante las autoridades civiles. Por eso en este centro los responsables calculan que el 50% de los internos se ha entregado. El programa de readaptación social parece funcionar hasta la fecha. Solo un 2% de los reclusos ha reincidido.
A pesar de lo que han vivido, todos quieren regresar a su comunidad. El preso 1 dice que, sin embargo, todavía hay gente que quiere vengarse de él. Cuando salga piensa buscar otro rancho en la sierra para rehacer su vida. Quiere encontrar una mujer y casarse. El preso 2 todavía espera saber cuánto tiempo cumplirá en prisión. Hasta ahora no le han dado una sola audiencia y desconoce su situación. El preso 3 es el más afortunado. “Hablé hace poco con mi mamá y me dijo que cuando salga puedo volver. A toda esa familia la han matado.”