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Opinión
El final de la escapada
Las consultas del rey con los representantes de los partidos, celebradas el 25 y el 26 de abril, levantaron acta del fracaso de los grupos políticos parlamentarios en las negociaciones para ofrecer un candidato que sumara los escaños requeridos para la investidura. Descartada la posibilidad remota de un acuerdo de últimísima hora, el escenario que se abre es la celebración de unas nuevas elecciones el 26 de junio. Tanto los partidos —que han iniciado la preparación artillera de la campaña tratando de responsabilizar a los demás competidores del resultado-— como el presidente del Congreso, Patxi López, coinciden en la misma apreciación de la vuelta a las urnas.
López afirmó que el final de la escapada deriva de la impotencia de los negociadores, sin que pueda señalarse disfunción institucional alguna. La democracia española ha funcionado con normalidad a pesar de la rareza de la situación. Celebrémoslo. Con todo, sin que lo sucedido sea una tragedia, constituye un aviso serio a nuestro sistema de partidos, constatada la incapacidad de llegar a un acuerdo para sacar al país de un tiempo muerto que ha sido demasiado largo y dañino —queda pendiente un informe que evalúe en detalle el coste del no gobierno— para atender a los desafíos pendientes: la cuestión catalana, el incumplimiento del déficit, el enfriamiento de la economía, la recuperación de las políticas sociales o las decisiones desatendidas en el área internacional, donde nadie espera a los rezagados.
La repetición de las elecciones, según todos los sondeos, tiene grandes probabilidades de traducirse en una composición del Congreso semejante a la que presenta en el momento en que va a ser disuelto. Estaríamos ante un fenómeno desmoralizador que remite al sectarismo merced al cual el PP, sin pagar precio alguno por la corrupción, revalidaría su título de ganador en número de escaños, aunque siguiera careciendo de los necesarios para formar gobierno. El PP, y Rajoy a su frente, después de haber sido protagonistas de casos tan flagrantes de corrupción, de tan escandalosa gestión del dinero público y de tantas faltas del respeto más elemental a las instituciones, quedarían de nuevo impunes e invocarían haber merecido la indulgencia plenaria de los electores. El empecinamiento de Rajoy y los suyos ha dejado de ser noticioso por su persistencia y concuerda con la sentencia de Maquiavelo hace cinco siglos, para quien alcanzar el poder y, una vez en él, hacer todo lo posible por conservarlo es el fin último del político. Pero el encanallamiento que supone convalidar abusos manifiestos es una señal de mala salud democrática y un síntoma de esa peligrosa docilidad propia del ganado lanar. Cuánto mejor sería que al menos cuando llegue el momento de que los electores españoles —decepcionados, airados, cansados— hayan de señalar de nuevo sus preferencias de gobierno, las conductas obstruccionistas, pasivas y soberbias dejaran de verse premiadas.
López afirmó que el final de la escapada deriva de la impotencia de los negociadores, sin que pueda señalarse disfunción institucional alguna. La democracia española ha funcionado con normalidad a pesar de la rareza de la situación. Celebrémoslo. Con todo, sin que lo sucedido sea una tragedia, constituye un aviso serio a nuestro sistema de partidos, constatada la incapacidad de llegar a un acuerdo para sacar al país de un tiempo muerto que ha sido demasiado largo y dañino —queda pendiente un informe que evalúe en detalle el coste del no gobierno— para atender a los desafíos pendientes: la cuestión catalana, el incumplimiento del déficit, el enfriamiento de la economía, la recuperación de las políticas sociales o las decisiones desatendidas en el área internacional, donde nadie espera a los rezagados.
La repetición de las elecciones, según todos los sondeos, tiene grandes probabilidades de traducirse en una composición del Congreso semejante a la que presenta en el momento en que va a ser disuelto. Estaríamos ante un fenómeno desmoralizador que remite al sectarismo merced al cual el PP, sin pagar precio alguno por la corrupción, revalidaría su título de ganador en número de escaños, aunque siguiera careciendo de los necesarios para formar gobierno. El PP, y Rajoy a su frente, después de haber sido protagonistas de casos tan flagrantes de corrupción, de tan escandalosa gestión del dinero público y de tantas faltas del respeto más elemental a las instituciones, quedarían de nuevo impunes e invocarían haber merecido la indulgencia plenaria de los electores. El empecinamiento de Rajoy y los suyos ha dejado de ser noticioso por su persistencia y concuerda con la sentencia de Maquiavelo hace cinco siglos, para quien alcanzar el poder y, una vez en él, hacer todo lo posible por conservarlo es el fin último del político. Pero el encanallamiento que supone convalidar abusos manifiestos es una señal de mala salud democrática y un síntoma de esa peligrosa docilidad propia del ganado lanar. Cuánto mejor sería que al menos cuando llegue el momento de que los electores españoles —decepcionados, airados, cansados— hayan de señalar de nuevo sus preferencias de gobierno, las conductas obstruccionistas, pasivas y soberbias dejaran de verse premiadas.