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Opinión
Cómo se legitimarán los pactos de coalición
¿Puede ayudar la democracia interna a resolver mejor los dilemas que deberán afrontar los partidos en sus alianzas de gobierno?
Juan Rodríguez Teruel
- 29/01/2016
- Número 19
Álvaro Valiño
“Queremos atrevernos a más democracia” (wir wollen mehr Demokratie wagen). No es seguro que esta determinación expresada por Willy Brandt en el Bundestag alemán en octubre de 1969 estuviera pensada para situaciones como la vivida en la asamblea de la CUP, el partido catalán de izquierda radical, el 27 de diciembre, cuando un empate entre las alternativas propuestas impidió una decisión sobre la investidura de Artur Mas. Probablemente ni siquiera esta organización anticapitalista aceptaría a Brandt como referente.
Sin embargo, la voluntad de someter su estrategia de pactos al veredicto de afiliados y simpatizantes conecta con una propensión cada vez más extendida, entre activistas y ciudadanos, de exigir mayor legitimidad a las decisiones internas de los partidos políticos. Este ha sido el motor de un creciente interés político, y también académico, por medidas que refuercen la democracia interna en los partidos, cuya aplicación ha generado resultados dispares y, en ocasiones, contraproducentes. Y en el novedoso escenario político español, donde los partidos van a estar obligados, tarde o temprano, a tejer controvertidos pactos con sus adversarios, es probable que las bases de estos partidos reclamen tener voz en la decisión final. Podemos ya ha apuntado en esa dirección, anunciando que un eventual pacto de gobierno debería ser refrendado por sus activistas. ¿Puede ayudar la democracia interna a resolver mejor los dilemas que deberán afrontar los partidos en sus pactos y coaliciones?
No olvidemos que la relación entre partidos y democracia siempre ha sido controvertida, erigida sobre una flagrante paradoja: las democracias contemporáneas se sustentan sobre organizaciones partidistas que funcionan de forma muy poco democrática. Durante décadas, esto no constituyó necesariamente un problema, porque se asumía que el ideal democrático requería la competición entre partidos, no dentro de ellos. Pero la tendencia irrefrenable al predominio de las élites dentro de los partidos (“quien dice organización dice oligarquía”, concluyó Michels en su célebre estudio sobre el SPD allá por 1919) siempre fue observada como una anomalía. Por eso, desde los años 70, en consonancia con cambios culturales y de contingencia política, los partidos políticos de las sociedades democráticas han tratado de responder a una demanda que, curiosamente, suele proceder menos de sus filas internas que del exterior. Con un cierto retraso, la ola “democratizadora” ha acabado llegando también a los partidos españoles. Y con ella, han surgido numerosas disfunciones generadas por medidas improvisadas que, a menudo, chocan con la lógica interna de las organizaciones.
El primer interrogante surge sobre el quién, el sujeto democrático que debe legitimar las decisiones: ¿los militantes o los votantes? Democratizar los partidos suele traducirse en un mayor papel de los afiliados en decisiones clave. Pero cuando se instauran tales medidas, pronto surge la contradicción entre unas bases que suelen ser más extremas en sus opiniones políticas que sus votantes. Conocemos el tipo de alianzas de gobierno que querrían idealmente los votantes del PSOE o del PP, pero ¿sabemos qué opinarían sus militantes, llegado el momento y conocidos los términos de eventuales acuerdos? Mientras que la mayoría de los votantes de la CUP, según algunas encuestas, rechazaban mayoritariamente apoyar la investidura de Mas, las opciones estaban mucho más igualadas entre las bases y los dirigentes del partido.
En Estados Unidos, la adopción de primarias abrió la puerta a activistas más radicales, que en ocasiones escogen candidatos menos atractivos para su votante medio. De ahí emergen
Otro problema tiene que ver con el qué, con cuáles son las decisiones o momentos en los que debe ampliarse la participación al resto de miembros del partido: ¿en la selección de cargos o también en la toma de decisiones transcendentales? Las mencionadas primarias para elegir candidatos han sido la primera respuesta de los partidos a las demandas democratizadoras. Pero cuando esta elección directa se ha aplicado a los cargos internos, como ya establecen de forma generalizada los nuevos partidos, las implicaciones son más profundas. Se puede sustituir o dejar caer (incluso antes de las elecciones) al candidato que carece del apoyo de la organización, como ya sucedió con Josep Borrell en 1998, pero revocar el mandato directo de los militantes a un secretario general exige una rebelión que puede romper al partido.
Sin embargo, para muchos una verdadera democratización interna de los partidos tiene que ver también con la toma de decisiones y la adopción de programas. La arriesgada decisión de Sigmar Gabriel, actual líder del SPD, de someter el acuerdo de coalición con la CDU en 2013 legitimó la propuesta y endosó un enorme caudal de legitimidad —y estabilidad—al nuevo gobierno, dada la elevada participación (76%) y el apoyo mayoritario de las bases. No siempre sucede así. Al margen de las enormes limitaciones prácticas en organizaciones que están continuamente decidiendo y acomodando sus posiciones según las exigencias del momento y la opinión de sus votantes, este funcionamiento expone a la luz del público las divisiones y el inevitable faccionalismo interno, facilitando el escarnio de los adversarios e incentivando el castigo de los votantes menos satisfechos. Todo ello sin garantizar ni la cohesión interna ni la lealtad de aquellos en desacuerdo con el resultado, ni tan siquiera la comprensión de los electores.
La última de las problemáticas se refiere al cómo, que es también el cuándo: ¿referendos internos o procesos de deliberación? Aunque proliferan votaciones abiertas a las bases para decidir candidatos, líderes o incluso programas y acuerdos, el recurso persistente a la votación no deja de implicar una cierta banalización de la democracia, también dentro de los partidos si esta no va acompañada de mayores oportunidades para que los miembros de los partidos (¿también sus votantes?) puedan tener una mayor contribución en la conformación de las decisiones. En este sentido, algunos estudios recientes apuntan a que estructuras de partido más porosas, como la de los partidos laboristas anglosajones, podrían repercutir, a la larga, en una mejor transferencia de las posiciones de los militantes a la agenda legislativa de gobiernos y parlamentos. Y con ello en una mejor capacidad de representación de los partidos en cuestiones concretas.
Estas y otras dificultades, como el elevado coste económico de las nuevas medidas o la baja participación que suele darse en la apertura de los procesos internos de decisión,
Sin embargo, esto parece ser cada vez menos suficiente para que la ciudadanía les reconozca la legitimidad necesaria para el desarrollo de todas sus funciones. El prejuicio favorable a una mayor democracia interna en los partidos forma parte esencial del discurso doctrinario sobre las nuevas formas de la política. Y de ello se aprovechan a menudo los propios dirigentes, así como los aspirantes a sustituirles, cuando encuentran en la apelación a la voz de las bases un aval a sus decisiones más controvertidas, o incluso un mecanismo para sortear los cargos intermedios de las organizaciones. Harían bien los otros partidos en no mofarse en exceso de los aprietos experimentados por la CUP en su proceso de decisión asambleario durante las pasadas navidades. No solo porque al final les permitió mantenerse firmes y forzar la caída de Artur Mas. En realidad, fueron un ejemplo de las exigencias y contrariedades que afrontan las organizaciones cuando despliegan un proceso de implicación de sus militantes en grandes decisiones.
Quizá en las próximas semanas otros partidos de mayor envergadura nacional, igualmente abocados a pactos y coaliciones de alto riesgo que pueden resultar inconvenientes para algunos de sus militantes y votantes, deban también “atreverse a más democracia” para legitimar decisiones inevitables en un nuevo contexto parlamentario.
Sin embargo, la voluntad de someter su estrategia de pactos al veredicto de afiliados y simpatizantes conecta con una propensión cada vez más extendida, entre activistas y ciudadanos, de exigir mayor legitimidad a las decisiones internas de los partidos políticos. Este ha sido el motor de un creciente interés político, y también académico, por medidas que refuercen la democracia interna en los partidos, cuya aplicación ha generado resultados dispares y, en ocasiones, contraproducentes. Y en el novedoso escenario político español, donde los partidos van a estar obligados, tarde o temprano, a tejer controvertidos pactos con sus adversarios, es probable que las bases de estos partidos reclamen tener voz en la decisión final. Podemos ya ha apuntado en esa dirección, anunciando que un eventual pacto de gobierno debería ser refrendado por sus activistas. ¿Puede ayudar la democracia interna a resolver mejor los dilemas que deberán afrontar los partidos en sus pactos y coaliciones?
No olvidemos que la relación entre partidos y democracia siempre ha sido controvertida, erigida sobre una flagrante paradoja: las democracias contemporáneas se sustentan sobre organizaciones partidistas que funcionan de forma muy poco democrática. Durante décadas, esto no constituyó necesariamente un problema, porque se asumía que el ideal democrático requería la competición entre partidos, no dentro de ellos. Pero la tendencia irrefrenable al predominio de las élites dentro de los partidos (“quien dice organización dice oligarquía”, concluyó Michels en su célebre estudio sobre el SPD allá por 1919) siempre fue observada como una anomalía. Por eso, desde los años 70, en consonancia con cambios culturales y de contingencia política, los partidos políticos de las sociedades democráticas han tratado de responder a una demanda que, curiosamente, suele proceder menos de sus filas internas que del exterior. Con un cierto retraso, la ola “democratizadora” ha acabado llegando también a los partidos españoles. Y con ella, han surgido numerosas disfunciones generadas por medidas improvisadas que, a menudo, chocan con la lógica interna de las organizaciones.
El primer interrogante surge sobre el quién, el sujeto democrático que debe legitimar las decisiones: ¿los militantes o los votantes? Democratizar los partidos suele traducirse en un mayor papel de los afiliados en decisiones clave. Pero cuando se instauran tales medidas, pronto surge la contradicción entre unas bases que suelen ser más extremas en sus opiniones políticas que sus votantes. Conocemos el tipo de alianzas de gobierno que querrían idealmente los votantes del PSOE o del PP, pero ¿sabemos qué opinarían sus militantes, llegado el momento y conocidos los términos de eventuales acuerdos? Mientras que la mayoría de los votantes de la CUP, según algunas encuestas, rechazaban mayoritariamente apoyar la investidura de Mas, las opciones estaban mucho más igualadas entre las bases y los dirigentes del partido.
En Estados Unidos, la adopción de primarias abrió la puerta a activistas más radicales, que en ocasiones escogen candidatos menos atractivos para su votante medio. De ahí emergen
personajes como Donald Trump, tan antipático para muchos de los votantes republicanos moderados que quizá tenga que aspirar a convencer en otoño. Reforzar la democracia interna en los partidos conduce al dilema entre otorgar más protagonismo a individuos muy ideologizados —y menos representativos de sus potenciales electores— o dárselo a aquellos simpatizantes y votantes que desconocen la vida interna de la organización y que apenas están comprometidos con su mantenimiento y supervivencia.El prejuicio favorable a una mayor democracia en los partidos es esencial en las nuevas formas de la política
Otro problema tiene que ver con el qué, con cuáles son las decisiones o momentos en los que debe ampliarse la participación al resto de miembros del partido: ¿en la selección de cargos o también en la toma de decisiones transcendentales? Las mencionadas primarias para elegir candidatos han sido la primera respuesta de los partidos a las demandas democratizadoras. Pero cuando esta elección directa se ha aplicado a los cargos internos, como ya establecen de forma generalizada los nuevos partidos, las implicaciones son más profundas. Se puede sustituir o dejar caer (incluso antes de las elecciones) al candidato que carece del apoyo de la organización, como ya sucedió con Josep Borrell en 1998, pero revocar el mandato directo de los militantes a un secretario general exige una rebelión que puede romper al partido.
Sin embargo, para muchos una verdadera democratización interna de los partidos tiene que ver también con la toma de decisiones y la adopción de programas. La arriesgada decisión de Sigmar Gabriel, actual líder del SPD, de someter el acuerdo de coalición con la CDU en 2013 legitimó la propuesta y endosó un enorme caudal de legitimidad —y estabilidad—al nuevo gobierno, dada la elevada participación (76%) y el apoyo mayoritario de las bases. No siempre sucede así. Al margen de las enormes limitaciones prácticas en organizaciones que están continuamente decidiendo y acomodando sus posiciones según las exigencias del momento y la opinión de sus votantes, este funcionamiento expone a la luz del público las divisiones y el inevitable faccionalismo interno, facilitando el escarnio de los adversarios e incentivando el castigo de los votantes menos satisfechos. Todo ello sin garantizar ni la cohesión interna ni la lealtad de aquellos en desacuerdo con el resultado, ni tan siquiera la comprensión de los electores.
La última de las problemáticas se refiere al cómo, que es también el cuándo: ¿referendos internos o procesos de deliberación? Aunque proliferan votaciones abiertas a las bases para decidir candidatos, líderes o incluso programas y acuerdos, el recurso persistente a la votación no deja de implicar una cierta banalización de la democracia, también dentro de los partidos si esta no va acompañada de mayores oportunidades para que los miembros de los partidos (¿también sus votantes?) puedan tener una mayor contribución en la conformación de las decisiones. En este sentido, algunos estudios recientes apuntan a que estructuras de partido más porosas, como la de los partidos laboristas anglosajones, podrían repercutir, a la larga, en una mejor transferencia de las posiciones de los militantes a la agenda legislativa de gobiernos y parlamentos. Y con ello en una mejor capacidad de representación de los partidos en cuestiones concretas.
Estas y otras dificultades, como el elevado coste económico de las nuevas medidas o la baja participación que suele darse en la apertura de los procesos internos de decisión,
especialmente cuando se generalizan, parecen disuadir a los partidos sobre la conveniencia de avanzar en su democratización interna. Además, muchos dirigentes defenderán, no sin razón, que los partidos ya son democráticos en la medida en que reconocen derechos básicos a sus afiliados, garantizan un funcionamiento más o menos transparente y representativo en su toma de decisiones y se integran en un orden legal y constitucional —este sí— plenamente democrático.El líder del SPD legitimó en 2013 el acuerdo de coalición con la CDU al someterlo al veredicto de las bases
Sin embargo, esto parece ser cada vez menos suficiente para que la ciudadanía les reconozca la legitimidad necesaria para el desarrollo de todas sus funciones. El prejuicio favorable a una mayor democracia interna en los partidos forma parte esencial del discurso doctrinario sobre las nuevas formas de la política. Y de ello se aprovechan a menudo los propios dirigentes, así como los aspirantes a sustituirles, cuando encuentran en la apelación a la voz de las bases un aval a sus decisiones más controvertidas, o incluso un mecanismo para sortear los cargos intermedios de las organizaciones. Harían bien los otros partidos en no mofarse en exceso de los aprietos experimentados por la CUP en su proceso de decisión asambleario durante las pasadas navidades. No solo porque al final les permitió mantenerse firmes y forzar la caída de Artur Mas. En realidad, fueron un ejemplo de las exigencias y contrariedades que afrontan las organizaciones cuando despliegan un proceso de implicación de sus militantes en grandes decisiones.
Quizá en las próximas semanas otros partidos de mayor envergadura nacional, igualmente abocados a pactos y coaliciones de alto riesgo que pueden resultar inconvenientes para algunos de sus militantes y votantes, deban también “atreverse a más democracia” para legitimar decisiones inevitables en un nuevo contexto parlamentario.