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Opinión
Campaña y algarabía
El inicio oficial de la campaña electoral ha puesto fin a un periodo de indefinición política e institucional provocado por la anómala manera en la que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, fijó la fecha del 20 de diciembre para que los ciudadanos acudan a las urnas. Al igual que José Luis Rodríguez Zapatero en la anterior legislatura, Rajoy anunció a la prensa la disolución de las cámaras varias semanas antes de la firma del decreto que la hacía efectiva. La violación de un uso democrático elemental, como es respetar la prioridad de los procedimientos institucionales sobre las conveniencias de las estrategias de comunicación, ha sumido al país en una algarabía en la que se han confundido los mensajes propagandísticos emitidos por dirigentes de nuevos partidos sin otra autoridad que su constante aparición en los medios y los pronunciamientos políticos realizados por líderes legitimados a través del voto de los ciudadanos en las urnas.
A efectos de la gestión del Estado, estas confusas semanas han propiciado errores tanto internos como internacionales cuyas consecuencias deberá afrontar la próxima mayoría salida de las urnas en condiciones tal vez peores que las existentes. Entre los errores internos destaca la pasividad política ante el problema catalán coincidiendo con un momento de dificultades entre las fuerzas independentistas; entre los internacionales, el silencio ante requerimientos que, como la petición de ayuda por parte de Francia tras los atentados de París, exigían una respuesta clara, tanto si la opción hubiera sido atenderla como si se hubiera preferido denegarla. Atrapado en la ambigua naturaleza del periodo de tiempo transcurrido entre el anuncio periodístico de las elecciones y la convocatoria oficial, el Gobierno se ha dejado guiar por un oportunismo que acabará pasando factura al conjunto del país. Máxime cuando desde la oposición e incluso desde los nuevos partidos se han adoptado posiciones que parecen demasiado inspiradas por la inminencia electoral.
El inicio oficial de la campaña significa, entre otras cosas, que los tiempos y los espacios dedicados a los partidos en los medios de comunicación están reglados y que, a diferencia de lo que ha venido ocurriendo, sus apariciones en radios y televisiones se harán en función de los resultados obtenidos en la anterior convocatoria, no de las expectativas que les conceden las encuestas. No es lo mismo un debate electoral que una tertulia realizada con la escenografía de un debate, y si una confusión tan flagrante ha podido tener lugar durante las últimas semanas, es debido al periodo de indefinición política e institucional que ha propiciado el Gobierno a consecuencia de la anómala manera de convocar las elecciones. A esa confusión se han tenido que sumar, además, los dirigentes políticos pero también los medios, unos y otros rendidos por distintas razones al reclamo de las audiencias. Y no son las audiencias las que harán mejor la democracia, así sea con la excusa de lo supuestamente inédito, sino el respeto escrupuloso a los procedimientos. Incluido el de firmar el decreto de disolución de las cámaras tras informar al jefe del Estado y a continuación comunicarlo a la prensa.
A efectos de la gestión del Estado, estas confusas semanas han propiciado errores tanto internos como internacionales cuyas consecuencias deberá afrontar la próxima mayoría salida de las urnas en condiciones tal vez peores que las existentes. Entre los errores internos destaca la pasividad política ante el problema catalán coincidiendo con un momento de dificultades entre las fuerzas independentistas; entre los internacionales, el silencio ante requerimientos que, como la petición de ayuda por parte de Francia tras los atentados de París, exigían una respuesta clara, tanto si la opción hubiera sido atenderla como si se hubiera preferido denegarla. Atrapado en la ambigua naturaleza del periodo de tiempo transcurrido entre el anuncio periodístico de las elecciones y la convocatoria oficial, el Gobierno se ha dejado guiar por un oportunismo que acabará pasando factura al conjunto del país. Máxime cuando desde la oposición e incluso desde los nuevos partidos se han adoptado posiciones que parecen demasiado inspiradas por la inminencia electoral.
El inicio oficial de la campaña significa, entre otras cosas, que los tiempos y los espacios dedicados a los partidos en los medios de comunicación están reglados y que, a diferencia de lo que ha venido ocurriendo, sus apariciones en radios y televisiones se harán en función de los resultados obtenidos en la anterior convocatoria, no de las expectativas que les conceden las encuestas. No es lo mismo un debate electoral que una tertulia realizada con la escenografía de un debate, y si una confusión tan flagrante ha podido tener lugar durante las últimas semanas, es debido al periodo de indefinición política e institucional que ha propiciado el Gobierno a consecuencia de la anómala manera de convocar las elecciones. A esa confusión se han tenido que sumar, además, los dirigentes políticos pero también los medios, unos y otros rendidos por distintas razones al reclamo de las audiencias. Y no son las audiencias las que harán mejor la democracia, así sea con la excusa de lo supuestamente inédito, sino el respeto escrupuloso a los procedimientos. Incluido el de firmar el decreto de disolución de las cámaras tras informar al jefe del Estado y a continuación comunicarlo a la prensa.