21/11/2024
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Una negociación sin condiciones

El Gobierno de Rajoy modificó el Convenio para la Defensa con EE.UU. sobre la base de Morón con prisa y opacidad

AHORA / Noelia Sastre - 08/07/2016 - Número 41
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La petición de EE.UU. fue atendida. El secretario de Estado de Asuntos Exteriores español, Ignacio Ybáñez, viajó a Washington el 17 de junio de 2015 para firmar el Tercer Protocolo de Enmienda al Convenio para la Defensa de 1988 junto a su homólogo estadounidense, Anthony Blinken. Un acuerdo que ha convertido la base aérea de Morón de la Frontera en sede permanente de la fuerza de reacción del mando de EE.UU. para África (Africom), con la presencia de hasta 2.200 marines, 500 civiles y 26 aviones.

Por entonces ya estaba planeada la carrera contrarreloj para la tramitación parlamentaria por vía de urgencia que reducía a la mitad los plazos. El texto fue directamente al Pleno del Congreso el 16 de julio. El Senado lo aprobó a principios de septiembre. Y su entrada en vigor se produjo tres meses después de la firma, antes de la disolución de las Cortes y de las elecciones generales del 20-D. Rajoy se dio prisa para que este acuerdo no quedase pendiente para la siguiente legislatura. No quiso arriesgarse en un año, 2015, que se presentaba con un final político incierto.

El nuevo acuerdo entró en vigor a los tres meses de la firma, antes de las elecciones del 20 de diciembre

“EE.UU. se queda en Morón de forma permanente y eso sirve para defender a Occidente, pero también a España. La amenaza terrorista es algo que nos atañe a todos. A nosotros más que a ninguno, porque formamos parte de la frontera sur de Occidente”, declaró el día de la firma el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo. Y añadió que Washington barajó el traslado de la base a otro lugar, “lo que no hubiese sido una buena noticia para España”. Moncloa cumplió su parte, pero para oposición y sindicatos este acuerdo se negoció de forma “hermética y opaca”. Miguel Ángel Heredia, entonces secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, advirtió: “No vamos a apoyar un nuevo convenio que implica la entrada de muchas más tropas sin el compromiso de aumentar el número de trabajadores tras el brutal recorte en la base con los últimos tres ERE”. Antonio Maíllo, coordinador general de IU en Andalucía, denunció: “Hay mucho patriota de pacotilla cediendo suelo español y que se vende al mejor postor o impostor del Gobierno de Estados Unidos. Nos negamos a que Morón sea el ojo del espionaje en África”.

Los partidos se quejaron de la falta de información sobre este asunto. A pocos días de la tramitación parlamentaria ni siquiera habían recibido el texto del Acuerdo Conjunto de Entendimiento de Defensa, que contemplaba la inversión de 26 millones de euros en Morón en 2015 y 2016 para adaptar sus instalaciones al despliegue de la fuerza, así como “las disposiciones relativas a la contratación de personal”. Moncloa dijo que el acuerdo entre ambos países era solo una declaración de intenciones sin valor jurídico, pero oposición y sindicatos insistían en que la contratación de trabajadores españoles debía ser una condición clave en la negociación. No lo fue, aunque el acuerdo se aprobó igualmente.

Quienes no se posicionaron en 2015 sobre este asunto fueron los partidos emergentes. Ni Podemos (opuesto a las bases, como IU) ni Ciudadanos se pronunciaron sobre la nueva situación de Morón, una enmienda que en España debe ser aprobada en las Cortes, pero que en EE.UU. se negocia a través del Departamento de Defensa y la Secretaría de Estado y es firmada por el presidente, sin pasar por el Congreso. Teresa Rodríguez —secretaria general de Podemos Andalucía—, que es de Rota y conoce el problema de primera mano, reconoció que su partido no abordó este debate. Tampoco se mojó la presidenta andaluza, Susana Díaz.

“Nadie quiere molestar a EE.UU. Es intocable”, denunciaban entonces sindicatos y trabajadores de la base, que han vivido tres ERE y 240 despidos desde 2010, y que en marzo, a pesar de las promesas, fueron informados de la intención de despedir a otros 30. “Pedimos más empleos para las nuevas necesidades y que se equipare al personal de Morón con el de Rota”, señalaba José Armando Rodríguez Ardila, de UGT, presidente del comité de empresa de la base sevillana, explicando que en la gaditana los trabajadores son personal laboral adscrito al Ministerio de Defensa y cedido temporalmente al Gobierno de Washington, mientras que en la sevillana son contratados a través de la empresa estadounidense Vectrus, una contrata privada que puja a la baja para gestionar la base.

“En ningún caso tendría coste para el Estado español porque los salarios los paga EE.UU.”, insistía. “Si en 2010 había 600 trabajadores españoles en una base con 100 militares estadounidenses y ningún avión, ¿por qué ahora, convirtiéndose en sede permanente, con hasta 2.200 marines y 26 aviones, somos solo 300?”, cuestionaba Rodríguez. “¿Qué contraprestación tenemos? ¿Qué exige España? ¿Qué pasaría si estas bases estuvieran en Madrid, Cataluña o Euskadi en lugar de en Andalucía? ¿Por qué los medios no abordan este asunto?”, se preguntaba el delegado de UGT. “Morón es un chollo para el Ejército de EE.UU. Les permiten todo sin pedir nada a cambio.”

Más despidos, más trabajo

Mario San Justo, delegado de  USO y bombero en Morón desde hace 19 años, pide “información en materia laboral: hay un hermetismo total y no es de recibo esta cesión de soberanía a cambio de nada. Si hay voluntad se puede presionar. Las relaciones son inmejorables y no entendemos que haya despidos mientras la carga de trabajo cada vez es mayor”. Tampoco la inversión de 26 millones generará empleos. “Ese dinero irá a grandes contratas que se adjudicarán las obras, trayendo su propio personal y maquinaria. Una vez más hemos perdido una oportunidad histórica para crear empleo en Andalucía.”

Las bases de utilización conjunta son clave por su localización: están en el sur de Europa, a distancia de misil de estados fallidos que preocupan a la OTAN. Tanto Morón (que acoge a la Fuerza Especial Tierra-Aire de Respuesta de Crisis de los Marines, creada en 2012 tras el atentado al consulado de EE.UU. en Bengasi en el que murió el embajador, Christopher Stevens) como Rota tendrían un importante papel en una intervención de la Alianza Atlántica en Libia.