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Opinión
Tiempo muerto
El adelanto de las elecciones catalanas y el anuncio de la tardía convocatoria de las generales conducen a una progresiva parálisis política hasta comienzos del próximo año. El pronóstico es que seguiremos sin gobierno en la Generalitat al menos hasta después del 20 de diciembre, cuando del resultado de las elecciones generales se podrá deducir quién será el nuevo inquilino de la Moncloa. En todo caso, el paréntesis abierto por las fechas electorales elegidas por Mas y Rajoy solo puede contribuir a un mayor desgaste de las instituciones y a un agravamiento de los problemas que atraviesa el país. En primer lugar, los económicos, reiterados por la Comisión Europea al poner en tela de juicio la viabilidad de las previsiones de déficit y crecimiento sobre las que el Gobierno ha elaborado los presupuestos. En segundo lugar, también los políticos, puesto que una precampaña tan injustificadamente larga como la que estamos viviendo corre el riesgo de exacerbar las tensiones sociales sin ofrecer perspectiva alguna de reconducción en lo inmediato.
La obsesión de Mas por impulsar el programa monotemático de la independencia de Cataluña ha hecho de la Generalitat y de la Administración catalana un artefacto irrelevante a la hora de gestionar las muchas competencias que posee, mientras ha privado a los ciudadanos de los mecanismos democráticos precisos para exigir responsabilidades, cebando así la frustración. En el caso de Rajoy, su dedicación exclusiva se centra en revalidar a cualquier precio el mandato del Partido Popular. Para ello, él y su Gobierno han confeccionado con descarados fines electoralistas unos presupuestos para su aprobación por procedimiento de urgencia, y han presentado una batería de reformas normativas e institucionales para exhibir firmeza contra el independentismo en Cataluña cuando, en realidad, responden al deseo de parapetarse detrás de supuestos automatismos legales en vez de adoptar las decisiones políticas que reclama el futuro. Llegado el momento, las recientes reformas no solo no eximirán al próximo ejecutivo de comprometerse en línea con los programas con los que haya sido elegido, sino que, además, habrá visto estrechado un margen que es de por sí exiguo para llevarlos a cabo.
La certeza de que las elecciones generales del próximo diciembre configurarán un Parlamento más fragmentado que el actual y con distintas alternativas de gobierno podría favorecer un cambio en las políticas de confrontación, impuestas a partir de 1993, y que con mayor o menor intensidad no han cesado hasta ahora. Pero son muchos los obstáculos a los que ese cambio se enfrenta, comenzando por el tiempo muerto en el que Mas y Rajoy nos han instalado. Durante los dos próximos meses solo cabe esperar discursos cada vez más agrios y sobre los mismos problemas que están esperando solución. Es algo que se debería haber evitado con la renuncia de Mas a continuar la fuga hacia delante, que las urnas han desautorizado, y con la comprensión de Rajoy de que el recurso a dilatar la legislatura para prolongar la inacción es inaceptable para un presidente de Gobierno que merezca ese nombre.
La obsesión de Mas por impulsar el programa monotemático de la independencia de Cataluña ha hecho de la Generalitat y de la Administración catalana un artefacto irrelevante a la hora de gestionar las muchas competencias que posee, mientras ha privado a los ciudadanos de los mecanismos democráticos precisos para exigir responsabilidades, cebando así la frustración. En el caso de Rajoy, su dedicación exclusiva se centra en revalidar a cualquier precio el mandato del Partido Popular. Para ello, él y su Gobierno han confeccionado con descarados fines electoralistas unos presupuestos para su aprobación por procedimiento de urgencia, y han presentado una batería de reformas normativas e institucionales para exhibir firmeza contra el independentismo en Cataluña cuando, en realidad, responden al deseo de parapetarse detrás de supuestos automatismos legales en vez de adoptar las decisiones políticas que reclama el futuro. Llegado el momento, las recientes reformas no solo no eximirán al próximo ejecutivo de comprometerse en línea con los programas con los que haya sido elegido, sino que, además, habrá visto estrechado un margen que es de por sí exiguo para llevarlos a cabo.
La certeza de que las elecciones generales del próximo diciembre configurarán un Parlamento más fragmentado que el actual y con distintas alternativas de gobierno podría favorecer un cambio en las políticas de confrontación, impuestas a partir de 1993, y que con mayor o menor intensidad no han cesado hasta ahora. Pero son muchos los obstáculos a los que ese cambio se enfrenta, comenzando por el tiempo muerto en el que Mas y Rajoy nos han instalado. Durante los dos próximos meses solo cabe esperar discursos cada vez más agrios y sobre los mismos problemas que están esperando solución. Es algo que se debería haber evitado con la renuncia de Mas a continuar la fuga hacia delante, que las urnas han desautorizado, y con la comprensión de Rajoy de que el recurso a dilatar la legislatura para prolongar la inacción es inaceptable para un presidente de Gobierno que merezca ese nombre.