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Opinión
Tentativas legítimas
Las cuatro fuerzas con mayor número de escaños en el Congreso de los Diputados son plenamente conscientes de los problemas mayores que han de enfrentar en esta legislatura y, por tanto, de poco serviría insistir en que la gestión de la crisis ha provocado una profunda fractura política y social, la corrupción ha minado la confianza en las instituciones y el nuevo Gobierno de la Generalitat amenaza con imponer por vías de hecho una secesión que la mayoría de los catalanes ha rechazado. Cualquier acuerdo de gobierno pasará necesariamente por ofrecer una respuesta en cada capítulo, por más que puedan diferir los énfasis o la naturaleza de las respuestas.
Ante un panorama tan nítido, aunque tan preocupante, las dificultades para alcanzar una mayoría parlamentaria que evite una repetición de las elecciones, seguramente estéril, no obedece a que sean distintas las percepciones de la realidad, sino a que algunos dirigentes políticos, además de una atronadora algarabía de columnistas y tertulianos, parecen creer que diagnosticar a grandes voces los problemas es lo mismo que solucionarlos. En cualquier otra circunstancia, esta confusión conduciría a la impotencia política; en la actual, suma a la impotencia el riesgo de parálisis institucional, porque hace prevalecer la búsqueda de culpables a la de soluciones. Esta es la función irrenunciable de la política que debería desarrollarse en el Parlamento y no en los estudios televisivos o radiofónicos, mientras que de los culpables ya se han encargado las urnas para las responsabilidades que no son delito. Y para las que lo son, lo hacen y lo seguirán haciendo la justicia y los tribunales.
Invocar la defensa del sistema constitucional o de la estabilidad económica para ocultar las propias preferencias acerca de unas coaliciones u otras es disfrazar como sentido de Estado el establecimiento de limitaciones inaceptables para los acuerdos de los que está necesitado el país, poniendo en peligro aquello mismo que se asegura proteger. Siempre que se mantengan dentro del estricto respeto a la Constitución —que no porque su reforma se anuncie un día sí y otro también ha dejado de estar vigente— todas las tentativas para formar gobierno son legítimas. Otra cosa es disentir radicalmente de las políticas sobre las que se articulen.
Ante un panorama tan nítido, aunque tan preocupante, las dificultades para alcanzar una mayoría parlamentaria que evite una repetición de las elecciones, seguramente estéril, no obedece a que sean distintas las percepciones de la realidad, sino a que algunos dirigentes políticos, además de una atronadora algarabía de columnistas y tertulianos, parecen creer que diagnosticar a grandes voces los problemas es lo mismo que solucionarlos. En cualquier otra circunstancia, esta confusión conduciría a la impotencia política; en la actual, suma a la impotencia el riesgo de parálisis institucional, porque hace prevalecer la búsqueda de culpables a la de soluciones. Esta es la función irrenunciable de la política que debería desarrollarse en el Parlamento y no en los estudios televisivos o radiofónicos, mientras que de los culpables ya se han encargado las urnas para las responsabilidades que no son delito. Y para las que lo son, lo hacen y lo seguirán haciendo la justicia y los tribunales.
Invocar la defensa del sistema constitucional o de la estabilidad económica para ocultar las propias preferencias acerca de unas coaliciones u otras es disfrazar como sentido de Estado el establecimiento de limitaciones inaceptables para los acuerdos de los que está necesitado el país, poniendo en peligro aquello mismo que se asegura proteger. Siempre que se mantengan dentro del estricto respeto a la Constitución —que no porque su reforma se anuncie un día sí y otro también ha dejado de estar vigente— todas las tentativas para formar gobierno son legítimas. Otra cosa es disentir radicalmente de las políticas sobre las que se articulen.