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Análisis
Soberanía financiera o servidumbre
La UE debe recuperar el control de los mercados extrabursátiles (OTC), en los que la falta de regulación propicia ataques especulativos contra empresas y estados
Yaiza Cabedo
- 06/05/2016
- Número 32
Una empleada en las oficinas de Goldman Sachs. Jonas Bendiksen / Magnum
El mundo vive una convulsa lucha entre las instituciones que deberían gobernarlo y un reducido oligopolio financiero integrado por algunos bancos de inversión que autorregulan los mercados más especulativos —en los que se puede apostar incluso a la quiebra de un país—. A partir del año 2000, con la creación del mercado desregulado de derivados Over The Counter (OTC), que mueve 650 billones de dólares (unas 600 veces el PIB español) en valor nocional, los estados han cedido soberanía al cártel de los bancos más poderosos del planeta. La estabilidad financiera y la soberanía económica de los países está en juego en una batalla en la que España y la periferia de la Unión Europea se juegan más que el resto: no solo hay que reconquistar el gobierno de los mercados OTC, sino que además se debe mejorar el sistema de toma de decisiones en la UE para que las instituciones europeas representen verdaderamente a todos sus miembros.
El mercado-casino u OTC no se rige por el fair play, funciona mediante apuestas opacas a través de plataformas electrónicas. No existe control preventivo de administraciones reguladoras ni transparencia en los precios. Se acepta el uso de información privilegiada sin que sea delito y se apuesta por cantidades que multiplican exponencialmente las garantías ofrecidas. Con el auge de los mercados OTC, que existen de forma paralela al mercado tradicional (las bolsas reguladas), han proliferado instrumentos financieros sofisticados que propician ataques especulativos contra empresas y contra estados. Puede resultar muy rentable apostar a la quiebra de un Estado, y esto es algo fundamental para comprender cómo se han desarrollado las crisis griega, española, portuguesa e italiana y por qué, desde 2013, se ataca a países de fuera de la UE como Brasil, contra el que ahora se acumula un mayor número de apuestas. Cada vez son más quienes reclaman que las administraciones internacionales asuman el control para frenar esta destrucción especulativa.
Vacíos de poder
Los espacios no admiten el vacío y, cuando el Estado abdica en su deber de control, ese espacio lo ocupan otros agentes. Es el caso de las agencias de rating (empresas privadas sin responsabilidad por errar en sus valoraciones), las cuales, a falta de policía en estos mercados paralelos no regulados, se encargan de evaluar el riesgo de quiebra de empresas y países, una valoración que en sí misma constituye un ataque frontal contra la soberanía de los estados. En el siglo pasado, en EE.UU. inventaron una póliza que permitía asegurar la vida de una persona sin que esta lo supiera, siendo el beneficiario quien contrataba; el graveyard insurance (seguro de cementerio) suponía un perverso incentivo para matar al asegurado y fue prohibido.
El mercado casino no se rige por el fair play, funciona con apuestas opacas a través de plataformas electrónicas
Uno de los productos estrella del mercado de derivados OTC, el Credit Default Swap (CDS), funciona del mismo modo: es un “seguro” que permite cobrar en caso de que un tercero (país, empresa) incumpla su obligación de pagar. En el caso de un Estado, hablamos de CDS soberanos y se trata en realidad de una apuesta a si el país quebrará o no. Pues bien, cuando una agencia de rating califica a un país como poco solvente, provoca el incremento de sus intereses de financiación —en el caso de Grecia, por ejemplo, hasta un 12%— y se disparan las apuestas en CDS a favor de su quiebra, sin que exista un registro de quién está detrás de esas operaciones. Paradójicamente, aquellos que podrían prestarle dinero son los mismos que ven incentivos en que llegue a quebrar. Mientras, Alemania, con la misma moneda, puede llegar a financiarse a interés negativo, lo cual significa pagar por prestarle dinero.
¿Quiénes apuestan en este mercado? Principalmente, los grandes fondos de inversión y un oligopolio de bancos, entre ellos Bank of America, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, RBS, Société Générale y UBS. Organizaciones privadas como la International Derivatives and Swaps Association (ISDA) se encargan de seducir a los distintos gobiernos para que privilegien a los instrumentos OTC en sus regulaciones locales y aseguren que, en caso de conflicto entre los contratos de apuestas OTC y aspectos económicos regulados por los estados, prevalezca lo dispuesto en el contrato. En España, por ejemplo, han conseguido que desde 2011 no se aplique la ley concursal a los derivados OTC; así, en caso de quiebra de una empresa, las operaciones y ganancias que esta tenga en OTC quedan fuera del patrimonio del que cobran los acreedores. Oportuna modificación socialista en el punto álgido de las quiebras españolas. Los bancos mencionados fueron investigados por la Comisión Europea junto con ISDA por actuar como un cártel que pactaba precios en derivados OTC e impedía el acceso a otros. Se trata del mismo cártel bancario que manipuló el Libor y el precio de las divisas, distorsionando la capacidad competitiva de los estados.
¡No va más!
El papel de ISDA —cuyos miembros son, a su vez, apostantes en el mercado-casino— ha sido determinante en la crisis de deuda de la periferia porque dictamina cuándo existe un impago soberano y cómo se cobran esas apuestas. En 2012 el mercado de CDS griego llegó a un volumen de 82.000 millones de euros (valor nocional), lo cual suponía mayores beneficios por su quiebra que por el cobro de los bonos de deuda griega. Debido a la asfixia económica favorecida por las recetas de austeridad de Merkel y la UE, y en vista de las dificultades del Gobierno para cumplir con sus obligaciones financieras, Grecia anunció una rebaja en el pago de sus bonos. ISDA determinó entonces que se había producido un impago y activó el cobro de las apuestas (los CDS).
Ese mismo mes, primer hito en la reconquista de la soberanía financiera por parte de las instituciones europeas, un reglamento prohibió la compra de esos “seguros de impago” de deuda soberana europea (o CDS) cuando no se tuviera un bono griego cuyo cobro hubiera que asegurar. Parece lógico que para asegurar tu casa contra incendios, necesites tener casa. La reacción fue fulminante: los CDS griegos cayeron de los 80.000 millones a apenas 1.000 millones de euros y, hasta hoy, el mercado de CDS europeos está desierto. Fue entonces cuando la especulación viró a Brasil y explotaron las apuestas contra su deuda. En efecto, pues, la regulación constituye la mejor arma con la que cuenta Europa para ganar el terreno cedido, y es aquí donde más se juega la periferia: necesita una adecuada representación en las instituciones para participar del diseño de estas reformas.
El coqueteo de Merkel con el oligopolio expoliador y las recetas austeras para la privatización de empresas, playas y puertos —patrimonio público— hasta el shock de las economías periféricas y de su población solo se explica a partir de las fusiones y nacionalizaciones de bancos alemanes, proceso que la convirtió —como a Cameron— en una banquera necesitada de liquidez a toda costa. Esto explica por qué Europa tardó tanto en reaccionar, cuando toda la deuda griega suponía un 5% del PIB de la UE y cuando soluciones como el eurobono (emisión de deuda común) también habrían atajado el problema. En derecho son responsables solidarios los administradores que toman decisiones negligentes en un proceso de liquidación; según este principio, tras cuatro años liquidando Grecia sin que se hayan producido mejoras, la troika sería responsable solidaria tanto de la pérdida de patrimonio como de sus deudas.
Lucha por el poder en el BCE
El Banco Central Europeo se ha convertido, fruto de la integración forzada a la que nos ha llevado esta crisis, en un elemento clave para la reconquista de la soberanía económico-financiera de los países de la periferia. Draghi desafió a la ortodoxia alemana con su ya célebre “lo que sea necesario para salvar el euro” y su decisión de comprar deuda soberana del sur para reactivar la economía. Merkel y Weidmann, presidente del Bundesbank, impugnaron esta decisión y el Tribunal de Justicia de la UE ha terminado por confirmar que el programa de ayuda se ajusta a la legalidad. Semejante poder no ha pasado inadvertido, y desde 2015 el BCE tiene un nuevo sistema de votación que garantiza hasta tres votos a Alemania y deja a España tres meses al año sin votar.
Puede ser muy rentable apostar a la quiebra de un Estado, algo que sufrió la periferia europea y ahora Brasil
Hasta hace un año, cada gobernador del banco central de los países del euro tenía derecho a un voto. Ahora, los cinco países grandes (uno no tan grande), Alemania, Francia, Italia, España y Países Bajos, comparten cuatro votos de rotación mensual. Los 14 países restantes, más pequeños, comparten 11 votos rotativos. A estos se suman los seis votos permanentes del Comité Ejecutivo (un tercio del total), que tradicionalmente compensaban la representación de los países de mayor tamaño. España contó con un representante extra hasta que en 2012, inexplicablemente, fue reemplazada por Luxemburgo. La composición del actual Comité escapa a cualquier lógica: dos alemanes, un francés y el luxemburgués; el presidente italiano, Draghi, y el vicepresidente portugués, Constâncio. Es decir, cuando además de los dos representantes alemanes del Comité también vote su gobernador, Weidmann, Alemania tendrá tres votos asegurados, a los que habrá que sumar los de los países leales como Países Bajos o los dos votos de Luxemburgo (ambos de oscura regulación fiscal), a los que premia el nuevo sistema.
El enigma de la Comisión
Por su parte, la Comisión Europea, garante del interés general en la Unión, es clave para reformar el mercado e introducir transparencia porque es quien tiene la iniciativa legislativa: propone las nuevas regulaciones y estas prosperan con el voto de la mitad de sus comisarios y la posterior aprobación del Consejo. Cada Estado cuenta con un comisario, independientemente de su número de habitantes. Así, 10 países pequeños suman unos 50 millones de habitantes representados por 10 comisarios, mientras que 47 millones de españoles tienen solo uno. Esto explica tal vez que, tras el escándalo de evasión fiscal en Luxemburgo destapado en 2014, que implicó directamente a Juncker —presidente de la Comisión—, la UE no haya avanzado significativamente en armonización fiscal. En dicho caso, más de 300 multinacionales pactaron en secreto impuestos inferiores al 1% durante el periodo en que Junker fue ministro de Finanzas y primer ministro en el ducado. El resultado fue la evasión de billones de euros desde los países vecinos, los mismos por los que ha prometido velar. Entre los evasores figuran Deutsche Bank o JP Morgan, dos de los bancos más activos en el mercado de CDS soberanos contra la deuda del sur, así como unas 30 empresas españolas cuya estrategia fraudulenta fue asesorada por la consultora PwC mientras otro actual ministro, Luis de Guindos, era responsable del sector financiero para España en esa firma.
El reciente escándalo de los papeles de Panamá, la mayor filtración de datos de evasión fiscal hasta el momento, con más de 200.000 empresas y dirigentes implicados de todas partes del mundo, desvela los circuitos por los que se financian actividades ilícitas y criminales. El regulador bancario de Nueva York ya ha pedido información sobre los vínculos con esta trama a 13 bancos, algunos europeos como Deutsche Bank, Commerzbank, ABN Amro y Société Générale. Veremos qué papel toma esta vez la Comisión.
Nuevas regulaciones europeas como el reglamento EMIR (European Market Infrastructure Regulation por sus siglas en inglés, que regula la contratación y registro de las operaciones de derivados) obligan a una mayor transparencia en el mercado OTC y son clave en la recuperación del terreno cedido a la fallida autorregulación de los mercados por parte de un cártel bancario que no respeta los principios del derecho de la competencia. Paralelamente, administraciones creadas durante esta crisis, como la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) o el Mecanismo Único Supervisor para entidades financieras europeas, son nuevas herramientas en la lucha que libran las instituciones frente al oligopolio. Pero la periferia debe seguir vigilante para que estas reformas supongan una verdadera recuperación de la soberanía financiera también en sus estados. Hay que reclamar tanto la representación justa en las instituciones nuevas y viejas de la Unión Europea como que las normas se apliquen a todos por igual, sin pactos de favor como el que excluye a las cajas de los Länder alemanes de la supervisión europea para que no se fiscalice su falta de capitalización.