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Opinión
Recordar el Sáhara
Cuarenta años después de la firma de los acuerdos por los que España entregó el Sáhara a Marruecos y Mauritania, incumpliendo sus obligaciones descolonizadoras, recordar el Sáhara no puede implicar solo un triste lamento por un oscuro episodio más del régimen franquista. Las democracias no asumen sus responsabilidades políticas a beneficio de inventario, como otras con un pasado todavía más oscuro nos recuerdan constantemente. Tras la ilegal ocupación por parte de Marruecos se inició una política de control del territorio que el juez Pablo Ruz, en sus fundados autos de abril de 2014 y de abril de 2015 —por los que solicita el procesamiento de ciertas autoridades marroquíes— calificó de genocida. Los asesinatos, torturas y detenciones ilegales pasaron a constituir en el Sáhara una realidad cotidiana que causó el desplazamiento y desarraigo de miles de personas y cuyas dramáticas consecuencias perduran en la actualidad. Si triste fue el abandono de esos españoles de las “provincias africanas” por un régimen dictatorial, más triste ha sido el olvido por uno democrático. Hoy los saharauis, pese a ser españoles de origen, tienen más difícil que la mayoría de extranjeros el reconocimiento oficial de esa nacionalidad. Un decreto de 1976, ya entonces ilegal (y posteriormente inconstitucional), los privó implícitamente de su nacionalidad de origen al obligarlos a optar en circunstancias imposibles, y determinó la condición de apátrida que ostentan en la actualidad muchos de ellos. Salvo el caso de algún juez aislado del Registro Civil, cuyas decisiones además terminaron cuestionadas por el propio Ministerio de Justicia, ninguna autoridad democrática ha querido nunca salir al paso de semejante injusticia. La reciente tramitación de la ley por la que se ha concedido la nacionalidad a los sefardíes podía haber sido una buena oportunidad para ello. Esta ley es sin duda encomiable, porque nunca es tarde para enderezar entuertos, aunque se cometieran cuando en toda Europa se quemaban brujas. Pero mayor motivo hay para hacerlo cuando se quebranta la legalidad nacional e internacional y las víctimas directas todavía viven. Sin embargo, la democracia española se negó otra vez a estar a la altura. Son muchos los intereses en juego con Marruecos, económicos, de política migratoria y de lucha contra el terrorismo yihadista. Pero está también el papel que España quiere jugar en el mundo y la consideración que cree merecer. Cuarenta años y seguimos esperando.