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Opinión
Por el inmovilismo hacia las elecciones
A la convocatoria por el rey de una nueva ronda de consultas con los portavoces de los grupos parlamentarios, comunicada al presidente del Congreso de los Diputados y que se celebrará el lunes 25 y el martes 26 abril, se llega sin probabilidades estimables de que de ellas pudiera surgir un candidato verosímil a la investidura. En ausencia del mismo, al jefe del Estado le corresponderá levantar acta y proceder a la disolución de las Cortes Generales y a la convocatoria de nuevas elecciones para el domingo 26 de junio. Estaríamos así ante un triunfo del inmovilismo y de los inmovilistas incrustados en las cúpulas de los partidos, aunque en diferente medida en cada uno de ellos.
Esta realidad es el resultado, más que de las inevitables discrepancias ideológicas entre partidos o de un antagonismo inconciliable entre izquierdas y derechas, de la incapacidad de los partidos para reconocer lo novedoso de la situación y de su entrega a un tacticismo aplicado en este periodo de impasse como primera fase de la campaña ulterior. Con esa perspectiva, muchos de los actores políticos han querido convertir el Congreso de los Diputados en un plató donde presentar las negociaciones —o las no negociaciones— como si fueran las tablas de un teatrillo ensimismado y decepcionante. Las fuerzas políticas participantes han procedido de la forma que han considerado más beneficiosa de cara a una vuelta a las urnas. Pero sobre sus cálculos, insolentes o sagaces, y sus intereses sectarios hubiera debido primar la altura de miras y la atención a las necesidades de los ciudadanos, que anhelan soluciones a problemas que les aquejan conforme a las promesas reiteradas.
Embalado por la senda del ventajismo, el Gobierno en funciones ha eludido someterse al control que en todo momento debe ejercer sobre él el Congreso, y aunque la fórmula legal bajo la que debiera haber sucedido precise ser aclarada, habida cuenta de la novedad de la situación, el descaro de la negativa ha dañado el prestigio de las instituciones y negado la carta de normalidad a una situación referida en la Constitución y en el Reglamento del Congreso, que hubiera debido ser manejada con máxima pulcritud.
Si los empecinados de la vergüenza o del absoluto acabaran desencadenando unos nuevos comicios, si por el inmovilismo fuéramos hacia las elecciones, tendríamos que asistir a otra sesión constitutiva del Congreso y, si nadie contara de partida con escaños suficientes, a la obligada apertura de negociaciones, regresaríamos a una situación muy parecida a la actual. Pero la experiencia de estos meses habría servido para que la ciudadanía haya podido formarse un juicio más exigente sobre la actitud de cada uno de los partidos, al precio del desgaste que ha horadado la paciencia de todos.
Esta realidad es el resultado, más que de las inevitables discrepancias ideológicas entre partidos o de un antagonismo inconciliable entre izquierdas y derechas, de la incapacidad de los partidos para reconocer lo novedoso de la situación y de su entrega a un tacticismo aplicado en este periodo de impasse como primera fase de la campaña ulterior. Con esa perspectiva, muchos de los actores políticos han querido convertir el Congreso de los Diputados en un plató donde presentar las negociaciones —o las no negociaciones— como si fueran las tablas de un teatrillo ensimismado y decepcionante. Las fuerzas políticas participantes han procedido de la forma que han considerado más beneficiosa de cara a una vuelta a las urnas. Pero sobre sus cálculos, insolentes o sagaces, y sus intereses sectarios hubiera debido primar la altura de miras y la atención a las necesidades de los ciudadanos, que anhelan soluciones a problemas que les aquejan conforme a las promesas reiteradas.
Embalado por la senda del ventajismo, el Gobierno en funciones ha eludido someterse al control que en todo momento debe ejercer sobre él el Congreso, y aunque la fórmula legal bajo la que debiera haber sucedido precise ser aclarada, habida cuenta de la novedad de la situación, el descaro de la negativa ha dañado el prestigio de las instituciones y negado la carta de normalidad a una situación referida en la Constitución y en el Reglamento del Congreso, que hubiera debido ser manejada con máxima pulcritud.
Si los empecinados de la vergüenza o del absoluto acabaran desencadenando unos nuevos comicios, si por el inmovilismo fuéramos hacia las elecciones, tendríamos que asistir a otra sesión constitutiva del Congreso y, si nadie contara de partida con escaños suficientes, a la obligada apertura de negociaciones, regresaríamos a una situación muy parecida a la actual. Pero la experiencia de estos meses habría servido para que la ciudadanía haya podido formarse un juicio más exigente sobre la actitud de cada uno de los partidos, al precio del desgaste que ha horadado la paciencia de todos.