Newsletter
Si desea recibir periódicamente la newsletter de AHORA, introduzca aquí su correo electrónico:
Política
Pocos y muy apreciados por los grandes bufetes
Inspectores de Hacienda. Radiografía de los altos cuerpos de la Administración. Séptimo capítulo
Carlos Larroy
- 30/09/2016
- Número 53
MIKEL JASO
Los inspectores de Hacienda son los funcionarios de élite de la Agencia Tributaria (AEAT). Con el apoyo del resto del personal de la AEAT, se encargan de luchar contra la economía sumergida y de procurar que tanto las personas físicas como las empresas paguen los impuestos exigidos por la legislación. Pero sus encomiendas son más amplias porque también son responsables de la vigilancia aduanera y prestan auxilio a jueces y fiscales cuando se instruyen causas relacionadas con delitos económicos. Este cuerpo ha ganado visibilidad en los últimos años por la crisis, la desigualdad y el goteo incesante de casos de fraude fiscal de relevantes figuras públicas, de forma que se ha creado conciencia sobre la necesidad de que España aumente el personal de la Agencia.
Pero este cambio de percepción social contrasta con otra idea que también se ha extendido mucho y que el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, sintetizó al afirmar que la Ley de Enjuiciamiento Criminal está “pensada para el robagallinas, no para el gran defraudador”. En efecto, la eficacia de la AEAT con los grandes contribuyentes se ha puesto en entredicho después de que el exvicepresidente Rodrigo Rato y tantos otros ocultaran durante décadas cantidades millonarias en paraísos fiscales sin que la Agencia se percatara. De ahí que tienda a pensarse que el Estado está más pendiente de la clase media que de las grandes empresas.
La mayoría de los inspectores que se han pasado a la privada asesoran en fiscalidad internacional
“Esa percepción es rotundamente falsa”, señala Julio Ransés Pérez Boga, inspector de Hacienda en Galicia y concejal del PSOE en Madrid. “La Agencia va a por todos. Otro asunto es la eficacia. En el contribuyente asalariado, disponemos de toda la información y le vamos a pillar. Pero con el empresario, tanto grande como pequeño, tenemos una eficacia limitada pese a que le dedicamos una parte importante de nuestros efectivos. El problema es que el empresario lleva su contabilidad y debemos ir a pedir papeles. Es más difícil”, explica.
20% de economía sumergida
La primera cuestión a dilucidar es a cuánto asciende el fraude fiscal en España. Sorprende que la Agencia nunca haya elaborado un informe para cuantificarlo. Las estadísticas que indican que la economía sumergida rondaría el 20% del PIB proceden de informes de sindicatos y otras entidades ajenas a la AEAT. Raúl Burillo, quien fuera el delegado especial en Baleares y que ahora trabaja en Aragón, apunta que la ausencia de este estudio impide conocer con exactitud la magnitud del problema. “El Gobierno celebró que el año pasado había logrado aflorar 13.000 millones. Esa cifra queda muy bien. Pero si la economía sumergida es del 20%, estaríamos hablando de que perdemos entre 60.000 y 80.000 millones al año en ingresos. Si estás descubriendo 13.000, tienes un problema. Además, esa cifra no responde por completo a la realidad. Los 13.000 es lo que has descubierto, no lo que has ingresado, porque cuando quieres recaudarlos descubres que la inmensa mayoría están fuera de España.”
El segundo interrogante es qué parte de la economía sumergida es fraude y cuánta corresponde a elusión fiscal. Burillo lleva años explicando la diferencia. El fraude —señala— es cuando una persona física o jurídica evade impuestos de forma ilegal. Y la elusión, cuando una gran empresa aprovecha resquicios legales para pagar los mínimos impuestos posibles. “El verdadero agujero del sistema está en la falta de justicia. Los que más contribuyen son las clases medidas, mientras que las multinacionales están dejando de pagar en los países donde producen y venden. No podemos hablar de fraude, sino de elusión. Es un agujero que se ha creado en determinados sectores y colectivos para que apenas tributen gracias a deducciones y ventajas fiscales. Hacen leyes favorables que permiten la elusión a estos grandes contribuyentes, por ejemplo, dejando trasladar las bases imponibles a otros países. En España tenemos un impuesto de sociedades del 25% y las grandes empresas tributan entre el 5% y el 10%.”
¿Qué soluciones se proponen? Dos ideas se repiten con frecuencia. La primera consistiría precisamente en impulsar reformas legislativas para reducir tanto la elusión como el fraude. Y la segunda es de sobra conocida: aumentar los medios de la Agencia, además de redistribuir los efectivos existentes. Pérez Boga apunta que la AEAT sigue en buena medida diseñada como cuando se creó en 1991 y que el fraude del año 2016 es muy distinto al de hace 25 años. “Es un sinsentido que los efectivos dedicados a las grandes empresas y a los asalariados sean similares.” En este punto, hay coincidencia en que los medios informáticos de la Agencia son “de los mejores del mundo”. Pero la falta de efectivos dificulta la tarea de explotar esos datos.
38% de libre designación
Dentro de esta reorganización, la asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) lleva años reclamando al ministerio que reduzca la gran cantidad de cargos de libre designación que hay en la Agencia. Ocurre que todos estos funcionarios de élite, excepto los que acaban de ingresar en el cuerpo, son de nivel 28, 29 o 30. Y que los puestos de nivel 29 y 30 en la Administración del Estado son casi siempre cargos de confianza, es decir, se asignan a dedo sin requerirse un concurso. Los datos facilitados por el ministerio indican que, de los 1.818 inspectores que trabajan en la Agencia, 689 han sido nombrados de forma discrecional (el 38%).
José Luis Groba, presidente de esta asociación, entiende que una forma de reducir la arbitrariedad sería utilizar una terna: los inspectores concursarían y los nombres de los tres funcionarios con mejor expediente, de acuerdo con criterios objetivos, se elevarían al político o directivo para que escogiera.
De Raúl Burillo se escribió que fue cesado como delegado especial en Baleares por razones políticas a raíz de las investigaciones que él y su equipo llevaron a cabo en el caso Nóos o el Palma Arena. Sin embargo, él siempre ha dicho que carece de prueba alguna sobre este asunto. No obstante, sorprende su opinión sobre la libre designación. Para este inspector de Hacienda, el problema no reside tanto en la libre designación como tal, sino en la forma en que se utiliza. “Yo fui el delegado especial en Cataluña y dirigía a 4.200 personas. No puedes elegir a un alto cargo solo por antigüedad, sino por que tiene unas características que le hacen idóneo para el puesto. Por supuesto, también debes demostrar una experiencia, un recorrido por el cual hayas conocido todos los entresijos de la Agencia. Creo que sería mejor crear un estatuto para impedir que el jefe de turno pueda colocar a sus amiguetes. Hay algunos que se toman los nombramientos muy en serio y otros que eligen a amigos o a compañeros de promoción”, señala.
Pero la cuestión fundamental se centra en la falta de funcionarios. En 2014, la Agencia disponía de 25.742 efectivos. Esto supone un retroceso con respecto a la época del boom inmobiliario, cuando la plantilla superaba los 27.000, y deriva de la escasez de plazas convocadas por la limitada tasa de reposición. España sale muy mal parada en los informes que elabora la OCDE que, si bien dejan sin sumar los cuerpos autonómicos y municipales, sitúan a nuestro país a la cola en el ranking de funcionarios fiscales por población. España disponía en 2013 de 5,78 trabajadores en la AEAT por cada 10.000 habitantes, mientras que Francia superaba los 17 y Alemania casi alcanzaba los 14.
El 15%, en la privada
Se quejan de falta de efectivos para destapar el fraude, pero el 17% de los inspectores está en excedencia
Pero es llamativo que el colectivo reclame más efectivos cuando el 17% de los inspectores figuran en excedencia. En efecto, de los 2.434 funcionarios que integran el cuerpo, 365 están en excedencia —la mayoría en la empresa privada— y otros 55 figuran en servicios especiales porque han dado el salto a la política o están desempeñando altos cargos públicos. En los 90 y principios de los 2000, cuando la Hacienda española se estaba modernizando y España vivía un buen ciclo económico, los inspectores pasaron a ser unos funcionarios muy codiciados por las grandes consultoras, auditoras y bufetes. Los buenos sueldos que las privadas les pusieron encima de la mesa —que duplicaban e incluso triplicaban lo que cobraban en la Agencia, según los funcionarios consultados— provocaron muchas salidas que ahora se han ido reduciendo por la crisis. Por ejemplo, el inspector Miguel Ferrer Navarrete, actual presidente de la Agencia y secretario de Estado de Hacienda, fue repescado cuando se encontraba trabajando como socio de PriceWaterHouseCoopers (PwC). No es el único caso. Salvador Ruiz Gallud, quien fuera director de la Agencia entre 2001 y 2004, es socio ahora de Equipo Económico, despacho fundado por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. En la misma época, el inspector Estanislao Rodríguez-Ponga —ahora imputado por las tarjetas black de Caja Madrid—era el presidente de la Agencia.
Sin incompatibilidades
La lista de inspectores que se han pasado a la privada es muy larga y la mayoría asesoran en fiscalidad internacional. Sirvan estos nombres como ejemplo: Pablo Renieblas (Deloitte); José Antonio Bustos y Ramón Palacín (Ernst and Young); Jaume Cornudella, Javier González Carcedo y Alberto Monreal Lasheras (PwC); o Montserrat Trapé (KPMG). La mayoría de funcionarios coinciden en que “cada uno es libre de trabajar donde quiera”. Pero algunas voces sí ven necesario controlar las salidas. Proponen, por ejemplo, prohibir a los excedentes trabajar en la privada en asuntos relacionados con la fiscalidad durante dos años o exigirles que lo hagan en una comunidad distinta a donde se encontraban. Entre los que se han pasado a la política o desempeñan altos cargos públicos —servicios especiales—, el más conocido en la actualidad es el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, aunque este lleva toda la vida en política. Más reciente es el caso de Franscisco de la Torre, diputado de Ciudadanos en el Congreso. También son inspectores de Hacienda el expresidente José María Aznar o la exministra socialista Magdalena Álvarez.
Un inspector de Hacienda ingresa con un nivel 26 y cobra unos 42.000 euros brutos anuales. El ascenso a un nivel 28, con una retribución de unos 69.000 euros, es cuestión de un par de años por la falta de personal. Nunca pierden esa categoría. Es de los cuerpos mejor pagados dentro de los funcionarios de élite, junto con los abogados del Estado, ya que tiene asignada una importante bolsa de productividad. En puestos de nivel 29 y 30, y sumando trienios, es habitual superar los 80.000 anuales.
El colectivo pide 5.000 funcionarios más
Carlos Larroy
La asociación de Inspectores de Hacienda reclama al ministerio que convoque más plazas, tanto para inspectores como para otras escalas y especialidades, para que la Agencia cuente con 5.000 efectivos más. Otros inspectores, más ambiciosos, quieren que los medios humanos se dupliquen y se equiparen con Europa. “El aumento de personal no puede hacerse de la noche a la mañana. Ha habido ocasiones en las que se han sacado muchas plazas y algunas han quedado sin cubrirse porque los opositores no alcanzaban el nivel”, recuerda el presidente de esta Asociación, José Luis Groba.
Para llegar a inspector de Hacienda es necesario ser licenciado. El perfil más habitual es el de graduado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) o doble licenciado en Derecho y ADE. Disponen de preparadores y de academias. La más conocida es el Centro de Estudios Financieros (CEF), cuya jefa de estudios, Ángela de las Heras, explica que esta oposición requiere de entre 2 y 4 años de estudio. Los opositores deben prepararse 190 temas de Derecho y Economía. La oposición consta de cinco ejercicios, todos ellos eliminatorios. En el primero deben responder por escrito a 14 preguntas en 4 horas. El segundo es un ejercicio práctico sobre contabilidad y matemáticas financieras. El tercero consta de dos partes: la primera, resolver pruebas prácticas sobre impuestos y la segunda es de idiomas. No es una prueba oral, los opositores deben traducir un texto del inglés, francés o alemán al español y responder a preguntas sobre el mismo. En el cuarto y el quinto ejercicio deben recitar ante el tribunal cuatro y tres temas que tocan por sorteo en un tiempo de 60 y 45 minutos, respectivamente. Superado todo el proceso, que se prolonga durante casi un año, los opositores se convierten en funcionarios en prácticas —cobrando 1.000 euros al mes— durante otros 10 meses. En ese tiempo realizan un curso en el Instituto de Estudios Fiscales que tiene habilitación de máster. Aunque ha sido imposible identificar a alguien que haya suspendido este curso, los inspectores apuntan que es exigente: la calificación que se obtiene media al 50% con la oposición y una mala nota en el curso conlleva perder puestos al solicitar plazas.
La asociación de Inspectores de Hacienda reclama al ministerio que convoque más plazas, tanto para inspectores como para otras escalas y especialidades, para que la Agencia cuente con 5.000 efectivos más. Otros inspectores, más ambiciosos, quieren que los medios humanos se dupliquen y se equiparen con Europa. “El aumento de personal no puede hacerse de la noche a la mañana. Ha habido ocasiones en las que se han sacado muchas plazas y algunas han quedado sin cubrirse porque los opositores no alcanzaban el nivel”, recuerda el presidente de esta Asociación, José Luis Groba.
Para llegar a inspector de Hacienda es necesario ser licenciado. El perfil más habitual es el de graduado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) o doble licenciado en Derecho y ADE. Disponen de preparadores y de academias. La más conocida es el Centro de Estudios Financieros (CEF), cuya jefa de estudios, Ángela de las Heras, explica que esta oposición requiere de entre 2 y 4 años de estudio. Los opositores deben prepararse 190 temas de Derecho y Economía. La oposición consta de cinco ejercicios, todos ellos eliminatorios. En el primero deben responder por escrito a 14 preguntas en 4 horas. El segundo es un ejercicio práctico sobre contabilidad y matemáticas financieras. El tercero consta de dos partes: la primera, resolver pruebas prácticas sobre impuestos y la segunda es de idiomas. No es una prueba oral, los opositores deben traducir un texto del inglés, francés o alemán al español y responder a preguntas sobre el mismo. En el cuarto y el quinto ejercicio deben recitar ante el tribunal cuatro y tres temas que tocan por sorteo en un tiempo de 60 y 45 minutos, respectivamente. Superado todo el proceso, que se prolonga durante casi un año, los opositores se convierten en funcionarios en prácticas —cobrando 1.000 euros al mes— durante otros 10 meses. En ese tiempo realizan un curso en el Instituto de Estudios Fiscales que tiene habilitación de máster. Aunque ha sido imposible identificar a alguien que haya suspendido este curso, los inspectores apuntan que es exigente: la calificación que se obtiene media al 50% con la oposición y una mala nota en el curso conlleva perder puestos al solicitar plazas.