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Opinión
Ni fracaso ni desgobierno
Las dificultades para formar gobierno a partir del Parlamento surgido de las elecciones del 20 de diciembre no son solo resultado de una complejísima aritmética, sino también, y sobre todo, de la insuficiencia del mensaje político que es posible extraer de las preferencias agregadas de los ciudadanos. A la vista de la distribución de escaños en la nueva Cámara, solo es posible afirmar que el conjunto de los votantes manifestó un inequívoco rechazo a un nuevo Ejecutivo del Partido Popular, aunque sin pronunciarse con suficiente claridad por la alternativa de recambio. En este decir no a lo que había sin decantarse por lo que debería haber a partir de ahora se encuentra la causa de una parálisis parlamentaria de la que, seguramente, no se podrá salir sin la celebración de nuevas elecciones. Pero, aun siendo la principal, no es la única causa, en la medida en que las dos fuerzas más votadas y obligadas a asumir el protagonismo para conformar una mayoría de gobierno están contribuyendo a complicar aún más el ya de por sí complejo mapa político dibujado por las urnas.
Resulta inexplicable que el líder de una fuerza que, como el Partido Popular, ha perdido un tercio de su apoyo parlamentario actúe como si nada hubiera sucedido y no se sienta interpelado ni por sus correligionarios ni por su propia dignidad como gobernante para asumir responsabilidad política alguna por la debacle. En el otro extremo, algunos barones del Partido Socialista, y en particular la presidenta andaluza, Susana Díaz, han entenebrecido unos resultados electorales cuando menos discretos para ocultar ambiciones personales detrás de una catarsis colectiva que, sin embargo, solo contempla el sacrificio individual de Pedro Sánchez, a fin de dejarle a ella oportunamente despejado el camino. Díaz y quienes la han seguido en esta aventura, como los barones de Asturias, Valencia y Castilla-La Mancha, no solo han comprometido su carrera personal al hacer patente ante los ciudadanos su feroz cainismo, capaz de perjudicar a su propio partido con el solo propósito de alzarse con el poder interno, sino que han faltado gravemente al deber político de facilitar, y no entorpecer, el hallazgo de una salida a la ecuación parlamentaria.
De nada sirve pensar en términos de acierto o error la eventual celebración de unas nuevas elecciones, sencillamente porque por el momento parecen existir pocas alternativas factibles. En cualquier caso, repetir los comicios no debería interpretarse como sinónimo de fracaso ni de desgobierno. Habría sido sin duda preferible que el mensaje político salido de las urnas el 20 de diciembre resultara concluyente, pero cuanto está sucediendo en nada compromete el normal funcionamiento de las instituciones, y, por tanto, ningún partido puede invocar el sentido de Estado para exigir a los demás precarios arreglos parlamentarios que le favorezcan. Con o sin pactos poselectorales, con o sin un nuevo horizonte electoral, los poderes democráticos siguen funcionando, lo mismo que la Administración pública y los servicios a los ciudadanos. Eso no es desde luego desgobierno, y por lo que respecta al fracaso, habrá que esperar el desenlace.
Resulta inexplicable que el líder de una fuerza que, como el Partido Popular, ha perdido un tercio de su apoyo parlamentario actúe como si nada hubiera sucedido y no se sienta interpelado ni por sus correligionarios ni por su propia dignidad como gobernante para asumir responsabilidad política alguna por la debacle. En el otro extremo, algunos barones del Partido Socialista, y en particular la presidenta andaluza, Susana Díaz, han entenebrecido unos resultados electorales cuando menos discretos para ocultar ambiciones personales detrás de una catarsis colectiva que, sin embargo, solo contempla el sacrificio individual de Pedro Sánchez, a fin de dejarle a ella oportunamente despejado el camino. Díaz y quienes la han seguido en esta aventura, como los barones de Asturias, Valencia y Castilla-La Mancha, no solo han comprometido su carrera personal al hacer patente ante los ciudadanos su feroz cainismo, capaz de perjudicar a su propio partido con el solo propósito de alzarse con el poder interno, sino que han faltado gravemente al deber político de facilitar, y no entorpecer, el hallazgo de una salida a la ecuación parlamentaria.
De nada sirve pensar en términos de acierto o error la eventual celebración de unas nuevas elecciones, sencillamente porque por el momento parecen existir pocas alternativas factibles. En cualquier caso, repetir los comicios no debería interpretarse como sinónimo de fracaso ni de desgobierno. Habría sido sin duda preferible que el mensaje político salido de las urnas el 20 de diciembre resultara concluyente, pero cuanto está sucediendo en nada compromete el normal funcionamiento de las instituciones, y, por tanto, ningún partido puede invocar el sentido de Estado para exigir a los demás precarios arreglos parlamentarios que le favorezcan. Con o sin pactos poselectorales, con o sin un nuevo horizonte electoral, los poderes democráticos siguen funcionando, lo mismo que la Administración pública y los servicios a los ciudadanos. Eso no es desde luego desgobierno, y por lo que respecta al fracaso, habrá que esperar el desenlace.