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Opinión
Méritos de la Constitución
Al menos un mérito habrá que reconocerle al sistema político de 1978, después de tanto como se ha escrito y se ha declarado contra él desde ámbitos tan diversos como el independentismo, la derecha ultramontana o la izquierda nostálgica: su capacidad de canalizar procesos electorales de los que ninguna fuerza es excluida y de articular el reparto de poder de acuerdo con la voluntad expresada por los ciudadanos. Este hecho debería constituir un argumento suficiente para desautorizar algunas frivolidades de curso corriente, como son los llamamientos a segundas transiciones o a la apertura de procesos constituyentes que no parten de un análisis de lo que funciona y no funciona en la actual Constitución, sino de un adanismo que se complace en reclamar la reforma por la reforma. Que el texto fundamental del ordenamiento jurídico español se aprobase hace casi cuatro décadas no hace de él un artefacto obsoleto sino un instrumento que a lo largo del tiempo ha demostrado su eficacia a la hora de garantizar la convivencia.
Una crisis como la que atraviesa España no puede resolverse sin cambiar la política del sistema, de manera que se acabe con la colonización de la totalidad de las instituciones por los intereses de partido y con la relativa impunidad que esa colonización ha garantizado a las prácticas corruptas. Pero ese cambio en la política del sistema no exige —al menos no por el momento— que sea el sistema mismo el que se someta a un cambio. Pocas democracias soportarían sin graves quiebras las tensiones cruzadas de una economía súbitamente desplomada, unos partidos desprestigiados y unos medios de comunicación rendidos a la banalización. La española las ha soportado, de ahí que sea exigible a todas las fuerzas que concurren a estas elecciones la prudencia con la que se deben tratar siempre las reglas de juego, pero mucho más si cumplen su función en circunstancias difíciles.
Es probable que el mapa político que salga de estas elecciones sea distinto del que ha existido hasta ahora en el Parlamento, como eso también ocurrió con el que resultó de las recientes municipales y autonómicas. Si una misma Constitución ha permitido la conformación de unos mapas y otros, habrá que reclamar a todos el esfuerzo de distinguir entre los problemas que se deben a las deficiencias del sistema y los que responden a la torpeza, o a la inmoralidad, de quienes lo gestionan.
Una crisis como la que atraviesa España no puede resolverse sin cambiar la política del sistema, de manera que se acabe con la colonización de la totalidad de las instituciones por los intereses de partido y con la relativa impunidad que esa colonización ha garantizado a las prácticas corruptas. Pero ese cambio en la política del sistema no exige —al menos no por el momento— que sea el sistema mismo el que se someta a un cambio. Pocas democracias soportarían sin graves quiebras las tensiones cruzadas de una economía súbitamente desplomada, unos partidos desprestigiados y unos medios de comunicación rendidos a la banalización. La española las ha soportado, de ahí que sea exigible a todas las fuerzas que concurren a estas elecciones la prudencia con la que se deben tratar siempre las reglas de juego, pero mucho más si cumplen su función en circunstancias difíciles.
Es probable que el mapa político que salga de estas elecciones sea distinto del que ha existido hasta ahora en el Parlamento, como eso también ocurrió con el que resultó de las recientes municipales y autonómicas. Si una misma Constitución ha permitido la conformación de unos mapas y otros, habrá que reclamar a todos el esfuerzo de distinguir entre los problemas que se deben a las deficiencias del sistema y los que responden a la torpeza, o a la inmoralidad, de quienes lo gestionan.