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Política
Mas y Rajoy van a una campaña enconada
El PP solo coincide con la oposición en la esperanza de que el soberanismo no logre la mayoría absoluta el 27-S
AHORA /
Rosa Paz
Con la celebración hoy de la Diada da comienzo también la campaña de las elecciones del 27 de septiembre, que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, trata de presentar como plebiscitarias. La manifestación de esta tarde no será unitaria —no lo ha sido ninguna desde que empezó, en 2012, eso que llaman el procés—, la patrimonializarán los políticos que quieren la independencia y los ciudadanos que les secundan. Especialmente la candidatura Junts pel Sí, que agrupa a CDC, ERC y asociaciones independentistas, y en la que Mas ocupa el cuarto lugar. El resto de partidos, instituciones y personalidades, incluida la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, no acudirán precisamente por la utilización electoral que el soberanismo quiere hacer de la convocatoria. Pero el recuento de participantes será un elemento, junto con los sondeos, sobre el que pivotarán las previsiones electorales durante las dos semanas que faltan para el 27-S.
La campaña arranca con las posiciones tan enconadas como estaban hace un año cuando Mas convocó la consulta del 9 de noviembre, suspendida por el Tribunal Constitucional pero realizada, sin ningún valor jurídico, con los medios de la Generalitat y unas urnas de cartón. Artur Mas y lo que queda de Convergència Democràtica de Catalunya, más ERC y las asociaciones Omnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana siguen empeñados en conseguir la mayoría absoluta —se conforman con un escaño más, no aspiran ni a la mayoría de los votos— para proceder a hacer una declaración unilateral de independencia, que ya tiene su anagrama: DUI. El Gobierno y el PP, por su parte, continúan esgrimiendo el texto de la Constitución, que consideran casi intocable, como el único argumento contra el desafío independentista, sin esbozar una propuesta de consenso que puedan respaldar los catalanes que no quieren romper con España.
Abordar la reforma constitucional es lo que le vienen pidiendo al Gobierno los partidos de la oposición, PSOE, ICV e incluso Ciudadanos, y lo que le reclaman desde hace años sectores de la sociedad y del empresariado catalanes. A quienes conocían las conversaciones secretas que mantuvieron durante meses y hasta el 9-N el enviado de Rajoy, Pedro Arriola, el de Mas, Joan Rigol, y el de Pedro Sánchez, José Enrique Serrano, la propuesta de reforma no les sonó tan extraña. El Gobierno había rechazado, cuando no despreciado, las propuestas de reforma constitucional del PSOE, pero lo cierto es que en esos encuentros se habló de ello como fórmula para frenar el proceso independentista. El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, consideró que con la sugerencia de reforma de la Carta Magna, Rajoy trataba de neutralizar su imagen inmovilista y la sensación de que no habían hecho nada para responder al desafío soberanista ni para acabar con el malestar de otros muchos catalanes.
Un presidente autonómico socialista explicaba a AHORA que, en su opinión, “al PP le da igual lo que pase en Cataluña, ya sabe que sus resultados allí no van a mejorar, y por tanto busca la confrontación para obtener más votos en las generales en el resto de España”. Y el representante de una de las asociaciones ciudadanas que piden el diálogo aseguraba que “el Gobierno parece dar ya por perdido el 27-S y juega la carta del miedo pensando en que ganará en diciembre”.
No es la primera vez que los partidos de la oposición y asociaciones ciudadanas y empresariales catalanas acusan al PP de utilizar Cataluña para sus intereses electorales. Es lo que dijeron también cuando en 2006 presentaron el recurso de inconstitucionalidad contra la reforma del Estatut y pidieron firmas de apoyo en otras ciudades españolas. Ahora, mientras Felipe González, Artur Mas y Josep Antoni Duran i Lleida se cruzan cartas a través de los periódicos, mientras el PSOE, que no tiene fuerza suficiente porque no gobierna, insiste en ofrecer una reforma federal de la Constitución, en la que coincide hasta Ciudadanos, el Ejecutivo y el PP parecen retornar a su estrategia de siempre con Cataluña.
La campaña arranca con la manifestación de la Diada a la que solo acuden los independentistas
La campaña arranca con las posiciones tan enconadas como estaban hace un año cuando Mas convocó la consulta del 9 de noviembre, suspendida por el Tribunal Constitucional pero realizada, sin ningún valor jurídico, con los medios de la Generalitat y unas urnas de cartón. Artur Mas y lo que queda de Convergència Democràtica de Catalunya, más ERC y las asociaciones Omnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana siguen empeñados en conseguir la mayoría absoluta —se conforman con un escaño más, no aspiran ni a la mayoría de los votos— para proceder a hacer una declaración unilateral de independencia, que ya tiene su anagrama: DUI. El Gobierno y el PP, por su parte, continúan esgrimiendo el texto de la Constitución, que consideran casi intocable, como el único argumento contra el desafío independentista, sin esbozar una propuesta de consenso que puedan respaldar los catalanes que no quieren romper con España.
Reforzar al TC
La decisión de reformar de urgencia la ley para dar al Tribunal Constitucional competencias para sancionar, multar y suspender a los funcionarios y autoridades que no cumplan sus sentencias y resoluciones enfrió las esperanzas que había suscitado en sectores de la sociedad catalana la posibilidad de una reforma de la Constitución que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sugirieron a mediados de agosto. Una semana después se desdijeron, pero aquella propuesta, aunque muy limitada, parecía abrir una posibilidad para buscar una solución concertada, no con los independentistas, pero sí con los catalanes que apuestan por seguir en España aunque reclaman mejor financiación y mayor respeto a su identidad cultural.La oposición acusa al PP de no importarle lo que pase en Cataluña salvo para ganar las elecciones generales
Abordar la reforma constitucional es lo que le vienen pidiendo al Gobierno los partidos de la oposición, PSOE, ICV e incluso Ciudadanos, y lo que le reclaman desde hace años sectores de la sociedad y del empresariado catalanes. A quienes conocían las conversaciones secretas que mantuvieron durante meses y hasta el 9-N el enviado de Rajoy, Pedro Arriola, el de Mas, Joan Rigol, y el de Pedro Sánchez, José Enrique Serrano, la propuesta de reforma no les sonó tan extraña. El Gobierno había rechazado, cuando no despreciado, las propuestas de reforma constitucional del PSOE, pero lo cierto es que en esos encuentros se habló de ello como fórmula para frenar el proceso independentista. El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, consideró que con la sugerencia de reforma de la Carta Magna, Rajoy trataba de neutralizar su imagen inmovilista y la sensación de que no habían hecho nada para responder al desafío soberanista ni para acabar con el malestar de otros muchos catalanes.
Prioridad, ganar las generales
Ahora, con la decisión de reforzar las competencias del Tribunal Constitucional para que actúe contra Mas si declara la independencia, el PP endurece su posición, en la línea de lo que supuso la elección de Xavier García Albiol como candidato en Cataluña. Los partidos de la oposición han sido unánimes contra la reforma que pretenden aprobar antes de que se acabe la legislatura y coinciden en asegurar que “el PP quiere utilizar Cataluña para ganar las elecciones generales”.Un presidente autonómico socialista explicaba a AHORA que, en su opinión, “al PP le da igual lo que pase en Cataluña, ya sabe que sus resultados allí no van a mejorar, y por tanto busca la confrontación para obtener más votos en las generales en el resto de España”. Y el representante de una de las asociaciones ciudadanas que piden el diálogo aseguraba que “el Gobierno parece dar ya por perdido el 27-S y juega la carta del miedo pensando en que ganará en diciembre”.
No es la primera vez que los partidos de la oposición y asociaciones ciudadanas y empresariales catalanas acusan al PP de utilizar Cataluña para sus intereses electorales. Es lo que dijeron también cuando en 2006 presentaron el recurso de inconstitucionalidad contra la reforma del Estatut y pidieron firmas de apoyo en otras ciudades españolas. Ahora, mientras Felipe González, Artur Mas y Josep Antoni Duran i Lleida se cruzan cartas a través de los periódicos, mientras el PSOE, que no tiene fuerza suficiente porque no gobierna, insiste en ofrecer una reforma federal de la Constitución, en la que coincide hasta Ciudadanos, el Ejecutivo y el PP parecen retornar a su estrategia de siempre con Cataluña.
Sin mayoría independentista
La esperanza de que el independentismo no tenga mayoría absoluta el 27-S —ni la lista de Junts pel Sí en solitario, ni la suma de sus diputados con los de las CUP— es en lo único que parecen coincidir todos los que quieren evitar la ruptura. Porque sin esa mayoría sería más fácil reconducir la situación y buscar soluciones que permitan una mejor incardinación de Cataluña en España ya que no se produciría la DUI. De producirse, no obstante, no tendría recorrido, porque ningún país ni organismo internacional reconocería una independencia proclamada de esa manera, aunque generaría mucha más división en Cataluña y más tensión con el resto de España. La posibilidad de que eso no se produzca está en las urnas si Mas mantiene, como dijo el domingo en La Vanguardia,que “sin una mayoría por el sí, el proceso habrá acabado”.