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Opinión
Mas ante el abismo
Calificar como plebiscitarias unas elecciones a las que solo los partidarios de la independencia les reconocen esa condición no es el camino para obtener un mandato democrático en favor de la secesión de Cataluña
El president de la Generalitat, Artur Mas, se ha comprometido a declarar la secesión de Cataluña si en los comicios del 27 de septiembre los partidos independentistas obtienen una mayoría absoluta de escaños. Puesto que, a tenor de ese criterio, la secesión de Cataluña requiere menos trámites que la aprobación de una simple ley orgánica, ¿por qué Mas no la ha declarado durante la actual legislatura, pese a contar con los votos necesarios en el Parlament? ¿Por qué este empeño en trasladar a los ciudadanos de Cataluña la responsabilidad de una decisión cuya trascendencia política y social no guarda relación alguna con la trivialidad parlamentaria de los requisitos que Mas ha previsto para adoptarla?
Calificar como plebiscitarias unas elecciones a las que solo los partidarios de la independencia les reconocen esa condición no
es el camino para obtener un mandato democrático en favor de la secesión de Cataluña. En cambio, significa una imposición antidemocrática del programa independentista a los catalanes que lo rechazan. Una imposición, en primera instancia, porque se les convoca a unas elecciones cuyo significado ha sido unilateralmente establecido por la Generalitat y algunos partidos, no por las reglas que obligan a todos. Pero una imposición, en segundo lugar, porque Mas se propone extraer consecuencias irreversibles de una eventual victoria de los partidarios de la secesión, así fuera por un solo escaño y sin una mayoría de votos. Para hacer honor a esa democracia que no cesa de invocar sin dejar al tiempo de atropellarla, ¿contempla siquiera Mas la posibilidad de que la independencia de Cataluña proclamada por una mayoría parlamentaria sea revertida por otra mayoría de signo contrario?
Sostiene el president que proclamar la secesión de Cataluña en caso de victoria doblegaría lo que él mismo ha llamado “la voluntad imperial de España”; en realidad, solo conculcaría los derechos democráticos de los ciudadanos de Cataluña que discrepan de su programa y con los que los demócratas del resto de España se sienten comprometidos. Son los derechos de esos ciudadanos —que, por lo demás, son exactamente iguales a aquellos de los que gozan quienes apoyan la independencia— los que constituyen la más grave acta de acusación contra la gestión de Mas al frente de la Generalitat, que no es una institución suspendida en el vacío sino la forma que adopta el Estado democrático y de derecho español en el territorio de Cataluña. Para cuestionar ese Estado Mas ha tenido que incurrir desde el principio en una contradicción reveladora de la manipulación con la que ha pretendido confundir a los ciudadanos catalanes, a la Unión Europea y a la comunidad internacional: invocar una voluntad mayoritaria de independencia para convocar, desnaturalizándolas, unas elecciones autonómicas dirigidas a comprobar si esa voluntad mayoritaria existe.
Al no prosperar esa manipulación, Mas se ha colocado a sí mismo frente a una fatídica alternativa: sojuzgar a la mitad de los catalanes en nombre de la Cataluña de su programa, si gana, o reconocer que la Cataluña de su programa no es la de todos los catalanes, si pierde. En un caso el abismo se abriría solo bajo los pies de Mas; en el otro, lo haría bajo los pies de todos.
Calificar como plebiscitarias unas elecciones a las que solo los partidarios de la independencia les reconocen esa condición no
es el camino para obtener un mandato democrático en favor de la secesión de Cataluña. En cambio, significa una imposición antidemocrática del programa independentista a los catalanes que lo rechazan. Una imposición, en primera instancia, porque se les convoca a unas elecciones cuyo significado ha sido unilateralmente establecido por la Generalitat y algunos partidos, no por las reglas que obligan a todos. Pero una imposición, en segundo lugar, porque Mas se propone extraer consecuencias irreversibles de una eventual victoria de los partidarios de la secesión, así fuera por un solo escaño y sin una mayoría de votos. Para hacer honor a esa democracia que no cesa de invocar sin dejar al tiempo de atropellarla, ¿contempla siquiera Mas la posibilidad de que la independencia de Cataluña proclamada por una mayoría parlamentaria sea revertida por otra mayoría de signo contrario?
Sostiene el president que proclamar la secesión de Cataluña en caso de victoria doblegaría lo que él mismo ha llamado “la voluntad imperial de España”; en realidad, solo conculcaría los derechos democráticos de los ciudadanos de Cataluña que discrepan de su programa y con los que los demócratas del resto de España se sienten comprometidos. Son los derechos de esos ciudadanos —que, por lo demás, son exactamente iguales a aquellos de los que gozan quienes apoyan la independencia— los que constituyen la más grave acta de acusación contra la gestión de Mas al frente de la Generalitat, que no es una institución suspendida en el vacío sino la forma que adopta el Estado democrático y de derecho español en el territorio de Cataluña. Para cuestionar ese Estado Mas ha tenido que incurrir desde el principio en una contradicción reveladora de la manipulación con la que ha pretendido confundir a los ciudadanos catalanes, a la Unión Europea y a la comunidad internacional: invocar una voluntad mayoritaria de independencia para convocar, desnaturalizándolas, unas elecciones autonómicas dirigidas a comprobar si esa voluntad mayoritaria existe.
Al no prosperar esa manipulación, Mas se ha colocado a sí mismo frente a una fatídica alternativa: sojuzgar a la mitad de los catalanes en nombre de la Cataluña de su programa, si gana, o reconocer que la Cataluña de su programa no es la de todos los catalanes, si pierde. En un caso el abismo se abriría solo bajo los pies de Mas; en el otro, lo haría bajo los pies de todos.