Newsletter
Si desea recibir periódicamente la newsletter de AHORA, introduzca aquí su correo electrónico:
Análisis
La UE y Cuba: el fin de la Posición Común
Bruselas prefirió favorecer la transición manteniendo el vínculo mientras EE.UU. apostaba por el final del régimen
Joaquín Roy
- 18/03/2016
- Número 26
Federica Mogherini y Raúl Castro en La Habana el 12 de marzo. EFE
El acuerdo entre la Unión Europea y Cuba es el penúltimo capítulo lógico de una saga comenzada en 1996 que no ha dado hasta ahora los resultados apetecidos por los diseñadores comunitarios: la reforma sustancial del régimen cubano. También es el resultado de la tenacidad europea en mantener las líneas de comunicación abiertas con la perspectiva de unas relaciones más estrechas. El objetivo final sería recibir algún día la recompensa de poder aducir que habría contribuido a una pacífica transición política y económica.
Hasta el final de la guerra fría, las relaciones entre Cuba y la Unión Europea habían quedado reducidas a los vínculos de unos estados miembros selectos y el régimen castrista. Con España al frente, que no había dejado de mantener la relación desde la derrota de 1898, los principales estados europeos habían mantenido su presencia, según sus intereses y tradición histórica, en una Cuba que se había transformado en un estado marxista de economía cerrada.
Recuérdese que ni siquiera el régimen franquista había roto las relaciones con Fidel Castro, a pesar de la firme alianza militar entre Madrid y Washington. Paulatinamente, sin embargo, la mayoría de los países latinoamericanos habían soslayado el embargo norteamericano y el castigo diplomático impuestos en el marco de la OEA y otras estructuras.
Europa cree que el embargo ha sido contraproducente para hacer variar la política del régimen castrista
Ya con la desaparición de la Unión Soviética y la búsqueda de recursos alternativos para la supervivencia del régimen, las operaciones internacionales de La Habana se ampliaron en el llamado periodo especial, al abrirse a la inversión capitalista por medio de empresas mixtas. Cuba había dejado ya de inmiscuirse en los asuntos internos de algunas zonas latinoamericanas y había cesado sus aventuras en otros continentes como África.
El régimen de La Habana dio un giro pragmático, bajo el peligro de su colapso económico. Estados Unidos reaccionó entonces con legislaciones económicas restrictivas a las operaciones de las subsidiarias de compañías estadounidenses (Ley Torricelli) y, ya más tarde, directamente contra las incursiones de compañías europeas y latinoamericanas.
En el marco enrarecido del derribo de las avionetas de la organización Hermanos al Rescate, el presidente Bill Clinton aprobó la Ley Helms-Burton en 1996. No solamente imponía condiciones al régimen castrista codificando el mantenimiento del embargo estadounidense, sino que también amenazaba las incursiones europeas en sus inversiones en propiedades confiscadas por la revolución. Es más: habría la posibilidad de que antiguos ciudadanos cubanos presentaran demandas judiciales en tribunales de Estados Unidos contra compañías europeas que “traficaran” en esas propiedades.
La UE, provista de una personalidad común, reaccionó eficazmente oponiéndose a esa política extraterritorial de Washington. Simultáneamente, el presidente de EE.UU. se había reservado una cláusula por la que se neutralizaba anualmente esa amenaza por el “interés nacional”.
Al mismo tiempo, para mandar un mensaje de firmeza ante el régimen cubano y de cierta solidaridad política con Washington, la UE, bajo la batuta de José María Aznar, que había capturado el gobierno de España en noviembre del mismo año, impuso una Posición Común, una serie de condiciones para un ulterior acuerdo de cooperación entre Bruselas y el régimen castrista. A renglón seguido, la UE acordó un compromiso con Washington por el que se neutralizaba la amenaza contra las inversiones con la promesa europea de no invertir en el futuro en propiedades ilegalmente confiscadas.
Recuérdese que en el marco amplio de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, las líneas básicas de la actitud europea no han variado en lo sustancial desde el desarrollo de esa Posición Común. Básicamente, en primer lugar, Europa ha considerado que las expropiaciones impuestas a los intereses de Estados Unidos debieran resolverse bilateralmente, y que el embargo ha sido contraproducente para hacer variar la política cubana. Segundo, las leyes de alcance extraterritorial (Helms Burton) son contrarias al derecho internacional y, en consecuencia, los gobiernos europeos deben seguir aplicando medidas protectoras.
En tercer lugar, la UE ha cuestionado las violaciones de los derechos humanos: si Cuba desea disfrutar de un trato favorable pleno (derivado del acuerdo de Cotonou) de ayuda al desarrollo en el contexto de los países del grupo África, Caribe y Pacífico (ACP) —de los que forma parte formal— mediante un ajuste de sus estatutos, debe cumplir con una serie de condiciones económicas y políticas.
Tanto Fidel Castro como su hermano Raúl hasta ahora han estado rechazando explícita y repetidamente estos requerimientos. Por otra parte, la UE ha reiterado su evaluación y exigencias —tanto a Estados Unidos como a Cuba— mediante la votación sistemática contra el embargo en el seno de las Naciones Unidas y censurando al Gobierno cubano en las deliberaciones anuales de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Ahora bien, el contraste entre la actitud estadounidense y la europea es obvio: Washington ha tenido como objetivo el drástico final del régimen castrista y la UE ha preferido favorecer la transición mediante el mantenimiento del vínculo.
Incidentes, treguas, protestas
Ambas políticas, por otra parte, han revelado sus limitaciones. Pero mientras la actitud estadounidense ha mostrado un balance de fracaso sistemático en conseguir su única meta, el cumplimiento del plan europeo todavía no podrá ser juzgado hasta que no se haya producido la transición y se haya consolidado otro régimen, para ver si el mantenimiento de la comunicación ha contribuido a la implantación de la alternancia política y el progreso económico y social.
Falta decidir cómo se firma la derogación de la Posición Común y qué hace Cuba en el terreno de los DD.HH.
El panorama general de las relaciones entre Europa y Cuba ofrece un rico friso de incidentes, vaivenes, confrontaciones, protestas, treguas, intentos de acuerdos y diversos modus vivendi. Algunos de los estados de la UE han adquirido un protagonismo destacado en esta relación. Unos en su tarea por buscar soluciones y exigir cambios (España, primordialmente), no siempre del agrado de todos. Otros por su iniciativa de crear obstáculos precisamente a esa iniciativa (la República Checa y Polonia, en su momento especialmente, pero también Alemania y los países nórdicos). En realidad, tal variedad esconde también una coherencia y perfil común que en sus líneas fundamentales han permanecido casi inalterables, aunque no han estado huérfanos de incidencias y altibajos.
Cuando en 2003 Cuba detuvo a numerosos disidentes y ejecutó a tres secuestradores de un ferri en La Habana, la UE impuso una serie de medidas al régimen castrista con el resultado de la congelación de las fluidas relaciones diplomáticas. Pero eso no fue obstáculo para que, a raíz del cambio de gobierno en España en 2004, se considerara el levantamiento de esas medidas, calificadas por Cuba como “sanciones” y definitivamente eliminadas en 2008. Ese mismo año se inauguró una delegación de la UE en La Habana y se puso en marcha un largo proceso de normalización de las relaciones.
Pero el paso decisivo que se ha dado ahora no era entonces posible, ya que el Gobierno cubano aducía que no se sentaría a negociar si no se eliminaba la Posición Común. Por su parte, Bruselas no se adelantaría si no recibía una sólida señal de reforma política desde La Habana.
El notable progreso de la presente etapa es que esas drásticas condiciones no han sido obstáculo para el acuerdo que se ha logrado. Falta ahora decidir en qué contexto se firma la derogación de la Posición Común y qué decisiones toma Cuba para justificar la aceptación de reformas en el sensible terreno de los derechos humanos.