La reforma laboral provoca el 15-M francés contra Hollande
La ley que busca facilitar el despido se discute en el Parlamento mientras los jóvenes lideran las protestas en la calle
La intención declarada de la reforma es facilitar el despido para acabar con los temores de las empresas, en particular las pymes, a firmar contratos indefinidos. También contempla medidas para ampliar el horario laboral legal en determinadas circunstancias y que prime la negociación en cada empresa sobre las sectoriales, algo que los sindicatos consideran como un debilitamiento de la negociación colectiva. Para los trabajadores propone un nuevo contrato de actividad personal que debe facilitar su formación a lo largo de su carrera y el cálculo de sus indemnizaciones en caso de despido. Para sus detractores, la reforma se ha centrado demasiado en la flexibilidad dada a las empresas y dejado en casi nada las garantías destinadas al empleado.
Para los detractores, la reforma se ha centrado en la flexibilidad a las empresas y no en las garantías al empleado
“Es una reforma extraña, tanto en la forma como en el fondo”, valora Eddy Fougier, politólogo del Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas de París (IRIS). “Este tipo de reforma se hace al inicio del mandato, en los primeros meses en los que se dispone todavía de la legitimidad de las urnas, no al final, cuando además se bate un récord de impopularidad”, añade. En efecto, la cuota de popularidad del presidente se encuentra de nuevo en sus niveles más bajos, con apenas un 17% de aprobación a mediados de marzo, según el instituto Ifop para Le Journal du Dimanche. La de su primer ministro, Manuel Valls, en primera línea en la defensa del texto, pierde seis puntos en un mes para alcanzar el 27% de opiniones favorables.
Al margen del contexto, Fougier considera un error haber lanzado una reforma de este calibre “sin preparar el terreno, ni avisar, ni llevar a cabo ninguna negociación previa, a diferencia de lo que hizo Schröder en Alemania”. Pero sobre todo considera que el texto, especialmente la versión inicial, “es una reforma de corte claramente liberal que ni la derecha ni el expresidente Nicolas Sarkozy se habían atrevido a llevar a cabo”.
Para el politólogo Stéphane Rozès, al frente de CAP (Consejos, Análisis y Perspectivas), Hollande quería “demostrar que 2016 era un año pleno y útil”. Es el tiempo que le queda al presidente socialista para revertir la curva ascendente del desempleo, la condición que él mismo se ha impuesto para presentarse a su reelección el año que viene. “El problema es que el proyecto no se ha presentado de forma coherente. Debería haber presentado una segunda ley de flexibilización de la economía [tras la conocida como Ley Macron, por el nombre del ministro de Economía, promulgada en 2015] y una reforma laboral enfocada a los trabajadores. Se tenían que haber presentado de forma complementaria. En vez de eso se ha optado por una mezcla de las dos cosas que no se entiende y se percibe como regresiva para el trabajador”, considera.
Las primeras reacciones se registraron nada más filtrarse el borrador en la prensa a mediados de febrero. La reforma fue la gota que colmó el vaso para la ex primera secretaria del Partido Socialista y exministra de Trabajo, Martine Aubry. “Esto ya es demasiado”, escribió la alcaldesa de Lille en una durísima tribuna en el diario Le Monde, firmada junto a otros tres políticos. Además de la reforma laboral, el texto denunciaba el pacto de responsabilidad por el que el Gobierno rebajó las cotizaciones empresariales con el objetivo de que las empresas contrataran, el rechazo a acoger más refugiados o el reciente debate sobre la retirada de la nacionalidad a los condenados por terrorismo, que Hollande ha tenido que abandonar ante la falta de consenso tanto en sus filas como en la oposición.
“¿Qué quedará de los ideales del socialismo después de haber socavado, día tras día, sus principios y fundamentos?”, concluye el texto, firmado también por el eurodiputado verde Daniel Cohn-Bendit.
En internet, una petición sumó más de un millón de firmas en apenas dos semanas, un récord nunca registrado en la plataforma francesa de change.org. Las organizaciones estudiantiles y los principales sindicatos sacaron a las calles a miles de personas a principios de marzo, forzando al Gobierno a dar marcha atrás en algunos de sus puntos más polémicos.
Fougier: “Es una reforma liberal que ni la derecha ni Sarkozy se habían atrevido a introducir”
El texto presentado finalmente en el Consejo de Ministros a mediados de marzo renuncia finalmente a imponer un tope legal a las indemnizaciones en caso de despido improcedente, como era el caso en el borrador inicial. Mantiene, sin embargo, otro punto conflictivo: el de la definición de los despidos por motivos económicos. La legislación actual contempla esta posibilidad pero no la define, por lo que queda en manos de la apreciación del juez. La reforma prevé que se pueda considerar despido económico según unos criterios concretos, como que la empresa sume cuatro semestres de caídas en sus números. Únicamente se valorará la situación de las cuentas en Francia, independientemente de la salud financiera del grupo en cuestión, en caso de que tuviera actividades también fuera del país.
Solo la patronal apoyó la ley
De forma significativa, solo la principal patronal, el Medef, se había manifestado en un principio entusiasta con el proyecto. “Para un gobierno de izquierdas, que la única organización que te apoye sea el Medef no es muy buena señal”, apunta con ironía Fougier. El paso atrás en las indemnizaciones salariales ha provocado el enfado de la patronal, pero el Gobierno ha logrado el apoyo de los sindicatos reformistas, como la Confederación Francesa Democrática del Trabajo.
Sin embargo, siguen movilizados los sindicatos estudiantiles y universitarios y otros grandes sindicatos de trabajadores como la Confedereación General de Trabajadores y Fuerza Obrera. Entre 390.000 personas, según la policía, y 1,2 millones, según los convocantes, protestaron en la calle a finales de marzo. Es casi el doble de manifestantes que a principios de mes, antes de la reformulación del proyecto. El 71% de los franceses se opone a la reforma, según un sondeo de Odoxa para France Info.
2016 es el tiempo que le queda al presidente para mejorar las cifras de empleo, condición para su reelección
“Lo nuevo y preocupante de este movimiento para los dirigentes es la entrada de los estudiantes y universitarios, e incluso de otros grupos de la sociedad civil que han empezado a movilizarse en la plaza de la República”, explica la socióloga Daniele Linhart, del Centro de Investigaciones Sociológicas y Políticas de París (CRESPPA). En esta céntrica plaza parisina, cientos de jóvenes se han movilizado en los últimos días con la intención de hacer converger las diferentes luchas. Desafían una reforma que consideran que acentúa la precariedad de los nuevos trabajadores, pero no solo. En su punto de mira están también el estado de excepción decretado tras los atentados de noviembre, los desahucios, la política migratoria y la denuncia de la violencia policial. “Es como si esta reforma cristalizara el resto de las decepciones con la presidencia de Hollande. Hay una toma de conciencia de que estamos ante un gobierno de izquierdas que no se corresponde con lo esperado.”
Los jóvenes obligan
Que la juventud esté al frente de la movilización es un factor de preocupación añadido para el Gobierno. En los últimos 30 años se recuerdan tres grandes movilizaciones juveniles. Todas obligaron al ejecutivo, de izquierdas o de derechas, a dar marcha atrás. “Los gobiernos prestan mucha atención a estas protestas porque los jóvenes representan el futuro, pero también porque pueden producirse incidentes violentos”, explica Fougier. “En el caso de Hollande es todavía más grave porque él mismo había puesto a la juventud y su futuro en el centro de su campaña electoral en 2012. Ver a los jóvenes en las calles manifestándose supone un verdadero fracaso de su política.”
Ante esta movilización, el primer ministro Manuel Valls ha iniciado una nueva ronda de contactos con los principales sindicatos estudiantiles y prevé organizar una reunión de síntesis a mediados de mes. Mientras tanto, los jóvenes siguen en las calles. El proyecto de ley se encuentra en la Asamblea Nacional, donde los parlamentarios ya han empezado a presentar sus enmiendas.
Ahora el peligro para el Gobierno, según Fougier, es abrir demasiado la negociación a posteriori y no llegar a contentar ni a unos ni a otros. Así ha ocurrido con la revisión constitucional que el presidente presentó tras los atentados de noviembre y que tuvo que abandonar hace dos semanas después de meses de encendido debate.