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Política
La LOMCE se hace fuerte
Aunque las comunidades autónomas tratan de paliar sus efectos, la ley educativa del PP completa su implantación el curso que viene
Daniel Sánchez
- 22/07/2016
- Número 43
Un grupo de niños en el colegio de El Espinillo el día de comienzo del curso 2012-2013. juanjo martín
Hay LOMCE a pleno rendimiento. El curso que viene, a partir de septiembre, la ley educativa del PP, esa que había “nacido muerta”, que estaba condenada a desaparecer más temprano que tarde, completará su expansión por el sistema educativo y ya educará a todos los estudiantes del país. Salvo milagro en los plazos para formar gobierno y acuerdo exprés de todos los partidos, el resultado de las elecciones no permite vislumbrar un panorama en el que las formaciones políticas sean capaces de pactar grandes cambios (ni pequeños, casi) que lleguen a tiempo de implementarse para el curso que viene, según admiten ellos mismos.
Pese a los intentos de las comunidades autónomas en las que no gobierna el PP por mitigar o retrasar su implantación, la ley, a imagen y semejanza del líder popular, Mariano Rajoy, ha sobrevivido a toda la oposición que enfrentaba y a dos elecciones generales, llamadas, en teoría, a certificar su defunción. Aunque el Ministerio de Educación se ve marcando en corto a las comunidades autónomas para que cumplan la norma, habemus LOMCE.
Choques con las autonomías
Gobiernos regionales, sectores educativos contrarios a la ley y organizaciones diversas han acabado plegándose a la tozuda realidad. Algunos ejecutivos de las comunidades que no gobierna el PP, que tienen las competencias en educación, aún levantan la voz tímidamente de vez en cuando —entre las últimas, Extremadura— para pedir al ministro, Íñigo Méndez de Vigo, que paralice la ley o, al menos, se piense la aplicación de las pruebas de final de ciclo (las llamadas reválidas), uno de los elementos que más polémica ha levantado y que entra en vigor este curso venidero en 4º de la ESO y en 2º de Bachillerato. A nivel de resultados, estas peticiones han tenido el mismo efecto que gritarle al viento.
El 26-J y la diversidad de posturas contra la ley apuntan a un futuro con la LOMCE a pleno rendimiento
Sus hermanas pequeñas de 6º de Primaria (aunque estas, a diferencias de las anteriores, no tienen consecuencias académicas) ya se pusieron en marcha este año. Y fue entre incidentes, llamadas a la insumisión y maniobras en las comunidades opositoras para no hacerlas o hacerlas a su manera, decisión que les ha costado un apercibimiento por escrito a ocho de ellas por incumplir la ley.
Además, el Ministerio de Educación mantiene un enfrentamiento abierto con el Gobierno catalán, al que ha denunciado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por incumplir la LOMCE con su decreto de desarrollo del currículo de la ESO. Mientras se dirime esto, la ley avanza y se asienta a la espera de que en los pactos postelectorales se incluya o no la educación en las negociaciones.
De momento el PSOE, el partido que más fuerza podría hacer frente al PP en una negociación, ha rebajado la postura pro derogación que había mantenido los últimos tres años y ya habla de reformar mientras se plantea una nueva ley. Como Ciudadanos. Dicen los partidos, en general y sin concretar, que quieren un pacto educativo. Tampoco es la primera vez. Algunos hasta lo ven factible, según las fuentes consultadas. Eso sí sería novedad.
Al gato y al ratón
Los alumnos que han acabado Bachillerato este año (o los que han concluido la ESO y no piensan seguir) son la última generación LOE. La LOMCE llega este mes de septiembre a 2º y 4º de la ESO y a 2º de Bachillerato, con lo que habrá concluido su implantación. Desde 1º de Primaria hasta 2º de Bachillerato, casi ocho millones de estudiantes crecerán con la conocida como ley Wert en referencia a su creador, el anterior ministro de Educación.
Las tres huelgas generales educativas, paros parciales, decenas de manifestaciones, el documento por el que todos los partidos políticos excepto el PP se comprometían a derogarla o la oposición frontal de la comunidad educativa (sindicatos y asociaciones de familias de todas las orientaciones ideológicas incluidos) no han podido con la ley, que ya es la primera que el PP consigue bajar a las aulas.
A partir de la realidad de los hechos y tras las soflamas iniciales llamando al boicot, que rápidamente se apagaron, las comunidades autónomas que se oponen a la ley (las socialistas Andalucía, Aragón, Valencia, Extremadura y Baleares, más Cantabria, Cataluña y el País Vasco) fueron buscando la manera de mitigar los efectos de la LOMCE sin incumplirla. O al menos lo intentan, entrando en un interminable juego del gato y el ratón en el que los ejecutivos regionales le van buscando las vueltas a la ley mientras el Ministerio de Educación ejerce de policía y marca los límites.
El último campo de pruebas para la flexibilidad de la normativa y la cintura del Gobierno fueron las pruebas de 6º de Primaria que impone la ley. Todas las comunidades rebeldes se negaron a realizar esta evaluación en las mismas condiciones que exige la norma y buscaron la manera de hacerla sin plantear el examen pertinente.
Evaluación individual
La fórmula elegida en la mayoría de los casos fue realizar un informe individualizado de cada niño a partir de la evaluación continua que van haciendo los profesores durante el curso. Un informe que sería supervisado después por una junta independiente externa y enviado a las familias. El ministerio consideró que este modelo no se ajustaba a la ley y amonestó por escrito a todas estas regiones, que optaron por hacer caso omiso. Política de hechos consumados y el año que viene se verán las caras otras vez.
Explican fuentes que conocen el caso que la medida del Gobierno no va a ir más allá porque para el Ejecutivo sería tirar piedras contra su propio tejado: entre los principales damnificados estaría Castilla y León (gobernada por el PP) o Euskadi (con permiso de Educación para seguir su propio camino).
Las circunvalaciones a la ley no habían empezado ahí, solo fueron la última muestra. Tras las elecciones de mayo del año pasado, muchos gobiernos regionales habían llevado la LOMCE al límite de su flexibilidad para reducir sus efectos haciendo uso del margen de maniobra que concede la norma a las comunidades.
Restar horas de la asignatura de Religión hasta donde permite la ley (45 minutos semanales en Secundaria), recuperar Educación para la Ciudadanía como asignatura optativa o introducir las segundas lenguas extranjeras son algunas de las medidas más repetidas por los gobiernos regionales. Con resultado desigual, por otra parte, dado que en el caso de Religión, por ejemplo, al contar para la nota media —como establece la ley Wert— y ser considerada una “maría”, el número de alumnos que la cursan se ha disparado.
Los casos catalán y vasco
Caso aparte son Cataluña y el País Vasco, las dos comunidades más reacias a aplicar la LOMCE y que más quebraderos de cabeza están dando a Educación. La primera desarrolló, dentro de sus competencias, un currículo para ESO que el ministerio considera que contiene “varias instancias contrarias a la normativa básica del Estado” en la que se debe basar. Así que presentó un recurso contencioso-administrativo.
Dice la Generalitat que el currículo se adapta a la ley, pero Educación considera que afirmar que el catalán es la única lengua vehicular del aprendizaje, repartir las asignaturas con una nomenclatura diferente a la estatal o, sobre todo, buscar una fórmula para que los alumnos puedan esquivar la elección entre Bachillerato o FP que tendrían que hacer a los 14 años son cuestiones que no se ajustan a la normativa.
En Euskadi también han realizado adaptaciones propias de la ley. El Ejecutivo vasco ha sacrificado horas de Religión en favor de Ciencias, Lengua Extranjera o Educación Física y Geografía e Historia, según la etapa educativa, y ha decidido, también, posponer al máximo la segregación de alumnos que propone la LOMCE. Asimismo, el Gobierno de Vitoria consideró que no tenía tiempo de preparar la prueba de Primaria y optó por no hacerla, a lo que el Ministerio respondió mirando para otro lado.
¿Y ahora qué?
Para el curso que viene, acaben como acaben las negociaciones para formar Gobierno, no se esperan grandes cambios en la ley educativa. Para empezar, no hay tiempo. El curso está ya planificado, los profesores pedidos en base a las necesidades que contempla la LOMCE y los alumnos matriculados. Además, no parece existir el consenso que sería necesario entre los opositores a la ley. Y aun en el caso de que se lograra articular una mayoría que consiguiera redactar una ley, no hay manera humana de aprobar un texto y los desarrollos que requiere (currículo a nivel nacional, luego los autonómicos, etc.).
Además, fuentes que conocen los procesos explican a este periódico que para que se puedan aprobar cambios legislativos es necesario que haya un gobierno. Primer obstáculo. Y grande. Las negociaciones para la investidura se pueden prolongar, como poco, durante varias semanas y parece descartado que Mariano Rajoy sea investido en la primera sesión de investidura, ni en la primera ni en la segunda votación. De ser así, el proceso se puede alargar hasta septiembre y más allá.
Aunque hubiera consenso y gobierno exprés, no hay tiempo para aprobar una ley nueva y su desarrollo
Y sin gobierno en plenas competencias no hay cambios posibles, independientemente de que hubiera mayorías que los hicieran posibles. Esa es la otra. El compromiso de todos los partidos, negro sobre blanco, en un acuerdo de hace tres años, se ha diluido un poco. Derogar, sí, dicen los partidos. Pero para derogar, explican fuentes del PSOE, hace falta tener una alternativa. No se deroga una ley y se vuelve a la anterior. Y acordar una ley que sustituya a la LOMCE se antoja una tarea titánica.
El último ejemplo de las diferentes posiciones se vio el pasado mes de abril. Entonces ya había una nueva mayoría en las Cámaras. Entonces el PSOE se suponía socio de Ciudadanos. Pero cuando los socialistas presentaron una proposición no de ley para paralizar la LOMCE (paralizar la implantación en los que cursos que quedaban, no derogarla) ni siquiera fue apoyado por su presunto aliado. Con el apoyo a ultranza del PP a su ley, sin los votos de Ciudadanos y con un compromiso tibio del PSOE no hay manera de que la LOMCE sea derogada.
Se aferran los de Albert Rivera a que derogar sin alternativa no es factible. Replica el PSOE que efectivamente apuntar a toda la ley no es realista de primeras, pero que el camino más largo empieza con un primer paso y que este podría ser —debería ser— eliminar ciertos aspectos, “los más dañinos”. A saber: suprimir las reválidas, retirar los fondos a los centros concertados que separan sus alumnos por sexo, eliminar la segregación temprana que propone la LOMCE, que Religión deje de ser evaluable.
La guerra de las reválidas
Pero que vaya a haber LOMCE no quiere decir tampoco que el año vaya a ser tranquilo. La implantación de las reválidas, que se estrenan en junio próximo, promete guerra. Las comunidades de la oposición no quieren ni oír hablar de ellas y para el PP son innegociables. El choque está asegurado si son los populares quienes gobiernan. En caso contrario —altamente improbable— no se harán, si los partidos son coherentes.
El tema de las reválidas tiene su enjundia, porque la de 2º de Bachillerato está llamada a sustituir a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), la antigua Selectividad, que este pasado junio ha celebrado su última edición. Las comunidades rechazan el modelo ideado por el Ministerio de Educación, pero en esta batalla ya han conseguido alguna victoria. El ministro, Íñigo Méndez de Vigo, ha renunciado al examen tipo test que quería hacer su antecesor y también ha concedido que la nota de la reválida sirva de referencia para el acceso a la universidad (José Ignacio Wert abrió la puerta a que cada universidad hiciera su propio examen de admisión, lo que habría ocasionado un peregrinaje de estudiantes de campus en campus examinándose).
Se acerca septiembre y la certeza es que la LOMCE ha sobrevivido otro curso. Todo apunta a que no será el último. Cuando Wert incluyó un calendario de implantación en el propio texto de la ley fue muy criticado porque no era lo habitual. Pero el PP tenía la experiencia de la LOCE, que el gobierno de Aznar aprobó pero no tuvo tiempo de llegar a las aulas, y aprendió la lección. Política de hechos consumados. Hay LOMCE. A ver hasta cuándo.