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Opinión
La España que nos dejan
La España que deja el gobierno de Mariano Rajoy padece problemas de los que los ciudadanos no han sido debidamente informados durante una campaña convertida en espectáculo. La principal responsabilidad recae en el Partido Popular, cuya estrategia electoral ha consistido en ocultar sus problemas de corrupción tras una descripción edulcorada de la frágil situación del país. La deliberada dosificación propagandística de autocomplacencia hacia la legislatura que termina y de promesas para la que comienza se proponía marcar la agenda de la campaña a los restantes partidos, impidiéndoles transmitir un diagnóstico más ajustado de la realidad. El Partido Popular no siempre ha logrado imponer a los demás este planteamiento, como ocurrió en el debate entre Rajoy y el socialista Pedro Sánchez. Pero, aun así, la paradoja ante la que ha colocado a los electores es la de pronunciarse sobre un número mayor de alternativas políticas con menor información acerca del país que aspiran a gobernar.
Los datos macroeconómicos supuestamente positivos que el Partido Popular ha enarbolado como bandera electoral además de ser equívocos, tampoco son resultado de su gestión de gobierno. Como ha recordado la Comisión Europea, la ligera corrección del déficit lograda mediante una combinación de drásticos recortes sociales y presión fiscal, además de una disposición abusiva del Fondo de Pensiones, no ha impedido un aumento de la deuda que puede comprometer el futuro de la economía. Y por lo que respecta a las cifras de reducción del paro, el Partido Popular las exhibe como si fueran datos aislados y objetivamente positivos, sin tomar en consideración el elevado número de ciudadanos que han abandonado el mercado laboral ni tampoco la precarización de los contratos. El argumento de que la mayor desigualdad es la que existe entre quienes tienen empleo y quienes no lo tienen, al que ha recurrido el Partido Popular durante la campaña, retoma con una década de retraso un viejo eslogan neoconservador que la crisis ha desmentido. La desigualdad social, y con mayor razón si se enquista en situaciones de pleno empleo, acaba atentando tarde o temprano contra la estabilidad económica y política.
Bajo el gobierno del Partido Popular, instituciones capitales del sistema democrático español, como la Justicia o el Tribunal Constitucional, han sido reformadas con un objetivo que nada tiene que ver con devolverles el prestigio perdido. Por el contrario, las novedades introducidas en leyes aprobadas con precipitación y sin consenso solo responden a la descarnada voluntad de favorecer al Partido Popular, en el caso de la Justicia protegiéndolo de las acciones legales contra sus prácticas de corrupción y en el del Tribunal Constitucional aliviándolo de decisiones políticas para ahorrarle el coste que estas le podrían suponer, como las relacionadas con el independentismo catalán. Si a todo ello se suma una política exterior ornamental, un resentido desinterés por la investigación y la cultura y el intervencionismo en los medios de comunicación se tiene el cuadro de la España a la que Rajoy convoca a las urnas al mismo tiempo que intenta impedirle que se reconozca.
Los datos macroeconómicos supuestamente positivos que el Partido Popular ha enarbolado como bandera electoral además de ser equívocos, tampoco son resultado de su gestión de gobierno. Como ha recordado la Comisión Europea, la ligera corrección del déficit lograda mediante una combinación de drásticos recortes sociales y presión fiscal, además de una disposición abusiva del Fondo de Pensiones, no ha impedido un aumento de la deuda que puede comprometer el futuro de la economía. Y por lo que respecta a las cifras de reducción del paro, el Partido Popular las exhibe como si fueran datos aislados y objetivamente positivos, sin tomar en consideración el elevado número de ciudadanos que han abandonado el mercado laboral ni tampoco la precarización de los contratos. El argumento de que la mayor desigualdad es la que existe entre quienes tienen empleo y quienes no lo tienen, al que ha recurrido el Partido Popular durante la campaña, retoma con una década de retraso un viejo eslogan neoconservador que la crisis ha desmentido. La desigualdad social, y con mayor razón si se enquista en situaciones de pleno empleo, acaba atentando tarde o temprano contra la estabilidad económica y política.
Bajo el gobierno del Partido Popular, instituciones capitales del sistema democrático español, como la Justicia o el Tribunal Constitucional, han sido reformadas con un objetivo que nada tiene que ver con devolverles el prestigio perdido. Por el contrario, las novedades introducidas en leyes aprobadas con precipitación y sin consenso solo responden a la descarnada voluntad de favorecer al Partido Popular, en el caso de la Justicia protegiéndolo de las acciones legales contra sus prácticas de corrupción y en el del Tribunal Constitucional aliviándolo de decisiones políticas para ahorrarle el coste que estas le podrían suponer, como las relacionadas con el independentismo catalán. Si a todo ello se suma una política exterior ornamental, un resentido desinterés por la investigación y la cultura y el intervencionismo en los medios de comunicación se tiene el cuadro de la España a la que Rajoy convoca a las urnas al mismo tiempo que intenta impedirle que se reconozca.