El pacto entre PSOE y Ciudadanos que el pasado martes desgranó Pedro Sánchez en el primero de los discursos de investidura fue la constatación de que también en España los adversarios políticos pueden pactar. Y de que pueden hacerlo más allá de las líneas ideológicas que tradicionalmente han separado al centroderecha del centroizquierda. Esto no ha sido fruto de la simple generosidad: como repitió Sánchez desde la tribuna del Congreso, deriva de la pura necesidad de sumar votos porque ningún partido y ninguna posición ideológica tiene los suficientes para investir en solitario a un candidato.
Pero este pacto por sí mismo es insuficiente después de que Sánchez careciera del apoyo de la mayoría absoluta requerida el pasado miércoles. Cuando este periódico llegue el viernes a los quioscos, al candidato le bastaría tener más votos a favor que en contra. Esa mayoría simple precisaría de la abstención de Podemos o PP y ambas parecen descartadas. Que las dos formaciones prefieran el no tendrá un alto precio, ya que alargará la temporada de interinidad y, aunque esté perfectamente prevista en la Constitución y en nada cuestione el funcionamiento normal de la Administración pública, puede exacerbar aún más el clima de hartazgo de los ciudadanos con los políticos que desertan del deber de acortarla.
El precio del no de Podemos o PP será la constatación de que son dos partidos inválidos —por rigidez ideológica, por voluntad de poder o por simple cálculo electoral— para llegar a acuerdos razonables, aun cuando las circunstancias casi inducen a ello. Vista la composición del Congreso, los pactos constituyen un requisito irrenunciable para la gobernabilidad de España. Sin duda, en los dos meses que quedan por delante se podrían buscar otros encajes, probablemente basados en nuevas ofertas socialistas a Podemos que eviten enajenarse a Ciudadanos, lo cual parece inalcanzable, y más después del debate del miércoles, donde la distancia entre socialistas y Podemos pareció aumentar hasta lo insalvable. En cuanto al PP, se anuncia impasible el ademán, sin moverse del córner en el que se ha colocado con sus deméritos. Si se agotara ese plazo iríamos a la convocatoria de elecciones a finales de junio. Los resultados que arrojarían las urnas son inciertos y, si acaso, penalizarían a los partidos a quienes se culpe de rehuir la debida contribución para formar un gobierno. Convendría evaluar la relación coste/eficacia. El precio a pagar por el no será alto.