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Opinión
Independencia, no
La declaración institucional del presidente Rajoy sobre el acuerdo alcanzado por los partidos independentistas catalanes no es el buen camino. No lo es porque su contenido se limitó a reiterar la evidencia de que han de prevalecer la Constitución y las leyes, exponiéndolas a un desgaste político adicional. Pero no lo es, sobre todo, porque a la solemnidad con la que Rajoy pretendió revestir la comparecencia le faltó el gesto político que habría garantizado su credibilidad: la presencia de los líderes de los restantes partidos. En todo caso, de la Diputación Permanente del Congreso debería emanar una declaración consensuada y todavía antes debería instarse un pronunciamiento del Consejo de Garantías Estatutarias. Porque a punto de iniciarse la campaña electoral, una respuesta unitaria a la resolución acordada por los independentistas no solo serviría para escenificar el rechazo a la secesión, sino también para recordar que el compromiso con las reglas democráticas es una condición previa.
La degradación del escenario político hace previsible que los partidos de ámbito estatal multipliquen durante la campaña las ofertas electorales, cuando no electoralistas, para encontrar una salida a la situación creada. Pero que esta subasta sea previsible no la convierte en conveniente. Cada propuesta electoral dirigida a revisar el Estado de las Autonomías, sea en el sentido de la recentralización o en el de la federalización, solo contribuirá a generalizar el sentimiento de que la Constitución del 78 está agotada, reforzando la premisa de la que parten los independentistas. La reforma de la Constitución, por lo demás inevitable, no puede responder a un único estímulo ni tampoco desarrollarse en una campaña electoral. Admitir cualquiera de estos extremos es condenarla al fracaso, así como dilapidar el último instrumento del que dispone cualquier Estado para recomponer las crisis institucionales.
Dejar fuera de la campaña el desafío de los independentistas supondría cederles el terreno electoral. Nada impediría, sin embargo, que los partidos se abstuvieran de iniciar una subasta de iniciativas contra la independencia. Contener el electoralismo en las semanas que restan hasta la convocatoria de diciembre es el primer paso para lograr que las siguientes, ya con un nuevo gobierno, puedan detener la deriva imprevisible que se está apoderando del país. Entre tanto basta con estar de acuerdo en que independencia, no.
La degradación del escenario político hace previsible que los partidos de ámbito estatal multipliquen durante la campaña las ofertas electorales, cuando no electoralistas, para encontrar una salida a la situación creada. Pero que esta subasta sea previsible no la convierte en conveniente. Cada propuesta electoral dirigida a revisar el Estado de las Autonomías, sea en el sentido de la recentralización o en el de la federalización, solo contribuirá a generalizar el sentimiento de que la Constitución del 78 está agotada, reforzando la premisa de la que parten los independentistas. La reforma de la Constitución, por lo demás inevitable, no puede responder a un único estímulo ni tampoco desarrollarse en una campaña electoral. Admitir cualquiera de estos extremos es condenarla al fracaso, así como dilapidar el último instrumento del que dispone cualquier Estado para recomponer las crisis institucionales.
Dejar fuera de la campaña el desafío de los independentistas supondría cederles el terreno electoral. Nada impediría, sin embargo, que los partidos se abstuvieran de iniciar una subasta de iniciativas contra la independencia. Contener el electoralismo en las semanas que restan hasta la convocatoria de diciembre es el primer paso para lograr que las siguientes, ya con un nuevo gobierno, puedan detener la deriva imprevisible que se está apoderando del país. Entre tanto basta con estar de acuerdo en que independencia, no.