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Internacional
El oscuro negocio de las cárceles privadas en EE.UU.
Las cifras de esta industria en expansión, un lobby del que nadie habla, son tan aplastantes como desconocidas
Dori Toribio
- 06/05/2016
- Número 32
Un guardia escolta a un inmigrante en el Centro de Detención de Adelanto (CA), gestionado por GEO. J. Moore / Getty
Estados Unidos es el país del mundo con más gente en la cárcel. Más de un millón y medio de personas están en prisiones estatales o federales, cifra que asciende a más de dos millones si se suman las detenciones en cárceles locales, centros de menores o de inmigrantes y dependencias militares. Negros e hispanos son los grupos más numerosos. Esto equivale a la cuarta parte de los presos de todo el planeta, aunque Estados Unidos solo representa el 5% de la población mundial. La red de prisiones cuesta 80.000 millones de dólares al año, una tercera parte de todo el presupuesto del Departamento de Justicia. La masificación de las cárceles estadounidenses es un problema enquistado. Pero solo es la punta del iceberg.
La población carcelaria no ha dejado de aumentar en las últimas cuatro décadas. Especialmente la de las cárceles privadas. Mientras que entre 2000 y 2010 la población carcelaria general creció un 18%, el número de presos en cárceles privadas aumentó en torno a un 80%. En 2013, el 8,4% de los presos en Estados Unidos estaba en centros penitenciarios privados, según datos del Departamento de Justicia. Hoy la cifra es mayor. Hay 130 cárceles privadas en 30 estados del país, con 157.000 camas. Y son dos grandes empresas las que controlan el 80% del negocio: CCA (Corrections Corporation of America) y el grupo GEO. Sus beneficios en 2011 fueron de 1.700 millones de dólares y 1.600, respectivamente. Estas compañías han multiplicado un 500% sus ganancias y valor bursátil en las últimas dos décadas.
Las cifras son tan aplastantes como desconocidas. Poco se habla de las cárceles privadas en Estados Unidos. Y poco se sabe de la presión política que ejercen estas empresas, su relación con las políticas de inmigración o su papel real en las elecciones estadounidenses. Pero sí está claro cómo han llegado hasta aquí.
Reagan contra las drogas
La privatización de los centros penitenciarios en el país comenzó en 1983, cuando Jack Massey creó la primera gran compañía carcelaria, CCA. Los gobiernos federales y estatales tenían un largo historial de contratación de servicios externos puntuales. Pero no fue hasta la década de los 80, con la consolidación de la declarada “guerra contra las drogas” del gobierno de Ronald Reagan, cuando aumentó la población carcelaria exponencialmente y surgieron los problemas de masificación y aumento de gasto público.
Desde los años 80 la población de las cárceles ha aumentado un 800%, la mitad encerrada por drogas
Las políticas de mano dura se tradujeron en el endurecimiento de las penas criminales relacionadas con la posesión y venta de drogas, de Reagan a Bill Clinton. Aumentaron las penas mínimas a 10 años de cárcel por venta de cocaína y heroína. Las cantidades dejaron de importar en la lucha sin cuartel contra las drogas, equiparando a los pequeños traficantes con reyes del narcotráfico. Y así asomó el fantasma de la superpoblación carcelaria. En cuatro décadas, la población de las cárceles federales ha aumentado un 800%. La mitad de los presos cumple sentencia por drogas y las tasas de reincidencia permanecen intactas desde los años 80.
Las políticas criminales se expandieron, las tasas de encarcelamiento aumentaron y las empresas privadas empezaron a ver una mayor oportunidad de negocio. Sus servicios fueron aumentando hasta gestionar complejos carcelarios enteros. En 1984 por primera vez un gobierno local contrató a CCA para operar la cárcel de Hamilton County, en Tennessee. Las primeras cárceles privadas aparecieron en pequeños pueblos con las mimas reglamentaciones que las prisiones públicas y bajo la promesa de aliviar la masificación carcelaria, garantizar puestos de trabajo, abaratar costes y aumentar beneficios. Pero poco a poco los controles gubernamentales se fueron relajando y las cárceles privadas se multiplicaron.
A mediados de los años 90, CCA era ya una de las empresas que más cotizaba en Wall Street. Después, tras los atentados del 11-S en 2001, llegaron la guerra contra el terror y las políticas para frenar la inmigración irregular a partir de 2004. La primera década del nuevo milenio supuso la consolidación definitiva del negocio de las cárceles privadas. El número de presos se duplicó. La rentabilidad también. Los grandes bancos de Estados Unidos invirtieron entonces en la creciente industria, desde Wells Fargo a Bank of America. También grandes universidades como Columbia, que en 2015 anunció la retirada de sus inversiones en CCA, después de años de protestas estudiantiles.
Pero la imagen pública de las prisiones privadas se ha ido ensombreciendo. “La industria de las prisiones privadas surgió en Estados Unidos en la década de los 80, pero no fueron diseñadas por expertos de justicia criminal con las mejores prácticas, sino por empresarios que ven en ella un negocio muy lucrativo”, explica Elías Carranza, director de ILANUD (Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente). “Es un negocio que agrava el problema penitenciario.” Las grandes corporaciones de cárceles privadas insisten en la responsabilidad social y humana de su gestión. Prometen instalaciones seguras, programas de reducción de la reincidencia y transparencia en los contratos con los gobiernos locales. Y aseguran que hacen un mejor trabajo, por menos dinero, regalando un importante ahorro a los contribuyentes.
Más presos, más beneficios
Esa ecuación les parece imposible a numerosas organizaciones de derechos humanos y centros de investigación y control democrático que recuerdan que, por definición, las compañías privadas buscan maximizar el beneficio. “Si pagas menos, recibes menos. Estas compañías obtienen muchos beneficios y gastan importantes sumas de dinero en lobbies, así que ahorran grandes cantidades de dinero en otras cosas que son necesarias en el sistema de prisiones”, explica Donald Cohen, director de In the Public Interest (ITPI), organización civil en Washington que trabaja para arrojar algo de luz a las cifras. “La pregunta es en qué se están gastando menos dinero. Y es en cosas muy básicas: equipo, mantenimiento, personal. Todo lo que no ayuda a mejorar la prisión, sino a hacerla más peligrosa.”
El último informe de ITPI asegura que, después de estudiar la letra pequeña de 62 contratos de empresas de prisiones privadas con gobiernos locales, han llegado a la conclusión de que el 65% contiene cláusulas que obligan al estado a garantizar una ocupación mínima del 80-100% de las camas, aunque la tasa de criminalidad disminuya.
Los porcentajes varían dependiendo del estado y el tipo de acuerdo sellado. Los estados les garantizan una población carcelaria mínima, independientemente de la tasa de crimen. Y lo hacen porque estas compañías cobran entre 45 y 60 dólares diarios por cada preso. CCA obtuvo un beneficio de 3.356 dólares por prisionero el año pasado. El grupo GEO, 2.135 dólares, según datos de ITPI. El beneficio neto combinado fue de 361 millones de dólares en 2015. “Su fórmula económica es muy simple: cuantas más camas y más gente hay en prisión, más beneficios obtienen. Y cuanto menos se gastan, más dinero ganan”, explica Cohen.
El gran interrogante es si estas grandes corporaciones utilizan su influencia y su dinero para favorecer el aumento de la población carcelaria, endurecer leyes, evitar la reforma del sistema de justicia criminal y, por lo tanto, incrementar sus beneficios. Los lobbies forman parte legal del ejercicio de poder y el sistema de equilibrios de Estados Unidos. Pero mientras las industrias farmacéutica, petrolera o armamentística gastan millones de dólares en el ejercicio de su influencia en el proceso legislativo de manera visible, la privatización de las cárceles se ha consolidado con mucho menos escrutinio público.
Según un informe del Instituto de Justicia Política, las dos grandes empresas de cárceles privadas en Estados Unidos, CCA, GEO y asociados, han gastado casi 25 millones de dólares en hacer lobby. Pero se desconoce con qué objetivo, porque los informes no desvelan explícitamente cuál es su postura. “Sea lo que sea, no es para perder dinero, porque son una corporación. Y se trata de ganar más dinero”, zanja Donald Cohen.
Según la organización OpenSecrets.org, que cataloga el dinero que reciben los políticos por las diferentes empresas y lobbies, los senadores del llamado Grupo de los Ocho, que lanzaron el último intento de reforma migratoria en el Senado en 2015 para la regularización de los 11 millones de inmigrantes indocumentados que se calcula residen en Estados Unidos, recibieron donaciones directas de las principales empresas de cárceles privadas, dentro del límite de los 5.000 dólares por contribuyente.
CCA obtuvo un beneficio de 3.356 dólares por prisionero el año pasado. El grupo GEO, 2.135 dólares
No es un detalle menor, teniendo en cuenta que la mitad de los inmigrantes detenidos en Estados Unidos termina en cárceles privadas y la Agencia de Migración y Aduanas (ICE) tiene contratos millonarios con estas empresas. CCA y GEO han más que duplicado sus ingresos relacionados con la detención de inmigrantes desde 2005. Grupos civiles y proinmigrantes llevan años pidiendo que “las prisiones privadas dejen de abusar de los inmigrantes”. También cuestionan la gestión de los llamados centros de detención de inmigrantes en manos privadas, que acumulan denuncias de abuso. Buscan además la relación directa entre las polémicas leyes antiinmigración de estados del sur del país, como Arizona, y sus políticas de mano dura para criminalizar la inmigración, con la maximización de los beneficios de la industria de las cárceles privadas.
La lucha de Obama y Sanders
La influencia de las grandes empresas de prisiones privadas ha entrado también en la campaña electoral. Según datos de 2012 de la Comisión Federal de Elecciones, en las últimas dos décadas las grandes corporaciones del sector han destinado más de 32 millones de dólares en contribuciones a campañas presidenciales. Y según cálculos de Vice News, empresas vinculadas a CCA y GEO aportaron 133.450 dólares a la campaña de Marco Rubio, uno de los políticos que mayor vínculo tiene con la industria de las prisiones privadas desde sus días en el Congreso estatal de Florida. También cifraron las contribuciones al PAC “Ready for Hillary” de Hillary Clinton en 133.246 dólares.
Poco después de hacer públicas estas donaciones, grupos de derechos civiles reclamaron a la exsecretaria de Estado que rechazara el dinero de donantes con lazos directos o indirectos con CCA o GEO. Y así lo hizo. A finales de 2015, la campaña de Clinton anunció que ponía punto final a esas donaciones porque “hay que acabar con la era del encarcelamiento masivo y, como presidenta, terminará con las prisiones y los centros de detención de inmigrantes privados”.
Pero es el senador de Vermont, Bernie Sanders, el que primero puso el asunto en la agenda de la campaña electoral de 2016. “Estados Unidos no debería tener más gente en la cárcel que ningún otro país del mundo”, reza el programa de Sanders. “Es moralmente repugnante que tengamos cárceles privadas por todo el territorio. Las grandes corporaciones no deberían tener permitido obtener beneficio por construir más cárceles y tener a más gente encerrada.” Sanders introdujo además una propuesta de ley en el Senado a principios de año para poner fin a la industria de las prisiones privadas, alabando el papel de Barack Obama en la visibilización de un problema legal de raíces muy profundas.
La reforma del sistema de justicia criminal lleva décadas sobre la mesa en Estados Unidos. Obama, el primer presidente estadounidense de la historia en visitar una cárcel federal, la retomó en su segundo mandato y se ha propuesto lograrlo antes de abandonar la Casa Blanca, en diciembre de este año. Aspira a que el Congreso reforme el sistema penitenciario, lucha por la reducción de la población carcelaria y pide un aumento de fondos públicos a programas de reinserción de reclusos y prevención de delitos.
“Hemos encarcelado a más delincuentes no violentos que nunca antes, por más tiempo que nunca. Gran parte de nuestro sistema de justicia penal sigue siendo injusto”, insiste Obama al pedir un sistema que rehabilite y no criminalice. En 2015 indultó a 46 presos que cumplían penas por delitos no violentos relacionados con las drogas. Ahí está la clave. “Justicia significa que el castigo debe ser proporcional al delito. Y la justicia significa permitir que los compatriotas que hayan cometido errores paguen su deuda con la sociedad y vuelvan a unirse a su comunidad como ciudadanos activos y rehabilitados”, promete Obama. “Todo el mundo merece una segunda oportunidad.”