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Opinión
El Estado al rescate
La gestión de las concesiones públicas que han resultado deficitarias para las empresas que las obtuvieron y los intentos de limitar las consecuencias de que la Justicia europea haya declarado nulas de pleno derecho las cláusulas suelo aplicadas por los bancos españoles a las hipotecas de los particulares son solo un ejemplo de cómo, tras la crisis, el Gobierno del Partido Popular ha propiciado que el sistema político falte a uno de sus principales deberes: la mediación justa y equitativa en el reparto de costes y en los conflictos de intereses. Durante los años de euforia económica, y ante la pasividad de los ejecutivos de José María Aznar y de José Luis Rodríguez Zapatero, las familias incurrieron en un endeudamiento excesivo estimuladas por la oferta y la falta de control de las entidades de crédito, sin que ahora resulte fácil apuntar más hacia la responsabilidad de una parte que hacia la de la otra. También las grandes empresas constructoras y de servicios financiaron la realización de infraestructuras mal planificadas confiando en que el régimen de concesión les permitiría recuperar una inversión de riesgo.
El comienzo de la crisis dejó al descubierto los errores de estrategia de algunas de las principales corporaciones españolas, además de las fragilidades de la propia economía en la que operaban. Pero así como estas han sido reconocidas tanto por los organismos internacionales como por partidos políticos, organizaciones empresariales y sindicatos, que regularmente se comprometen a promover un nuevo modelo de crecimiento para España, los errores de estrategia de las grandes corporaciones permanecen en un discreto segundo plano, como si quienes incurrieron en ellos hubieran sido simples espectadores de la economía de burbuja y estuvieran, por ello, exentas de responsabilidad. Al menos de la más elemental, como es afrontar las consecuencias de sus errores tanto como los particulares están haciendo con las de los suyos, en ocasiones tan inhumanas como los embargos de viviendas habituales seguidos de desahucio. Entre el riesgo sistémico que podría producirse si las grandes corporaciones hubieran de responder de sus equivocaciones y excesos contando solo con sus recursos y la absoluta impunidad de la que parecen beneficiarse, se extiende un amplio territorio en el que la acción del Gobierno habría resultado decisiva para que el saldo de la crisis no fuera el que es: un insoportable aumento de la desigualdad y, como inevitable corolario, una creciente deslegitimación del sistema político.
Por lo que respecta a las cláusulas suelo y a las concesiones públicas deficitarias o inviables, como algunas autopistas o el proyecto Castor, el Gobierno del Partido Popular ha optado invariablemente por lanzar al Estado al rescate del interés de las grandes corporaciones sin explicar las razones económicas de fondo, y sin que tampoco la oposición se las haya reclamado. Pero nada garantiza que el interés de las grandes corporaciones coincida siempre con el interés general, y es en ese margen donde difieren en el que un gobierno tiene ocasión de reforzar, a través de su gestión, la razón última de ser del sistema político. No ha sido el caso.
El comienzo de la crisis dejó al descubierto los errores de estrategia de algunas de las principales corporaciones españolas, además de las fragilidades de la propia economía en la que operaban. Pero así como estas han sido reconocidas tanto por los organismos internacionales como por partidos políticos, organizaciones empresariales y sindicatos, que regularmente se comprometen a promover un nuevo modelo de crecimiento para España, los errores de estrategia de las grandes corporaciones permanecen en un discreto segundo plano, como si quienes incurrieron en ellos hubieran sido simples espectadores de la economía de burbuja y estuvieran, por ello, exentas de responsabilidad. Al menos de la más elemental, como es afrontar las consecuencias de sus errores tanto como los particulares están haciendo con las de los suyos, en ocasiones tan inhumanas como los embargos de viviendas habituales seguidos de desahucio. Entre el riesgo sistémico que podría producirse si las grandes corporaciones hubieran de responder de sus equivocaciones y excesos contando solo con sus recursos y la absoluta impunidad de la que parecen beneficiarse, se extiende un amplio territorio en el que la acción del Gobierno habría resultado decisiva para que el saldo de la crisis no fuera el que es: un insoportable aumento de la desigualdad y, como inevitable corolario, una creciente deslegitimación del sistema político.
Por lo que respecta a las cláusulas suelo y a las concesiones públicas deficitarias o inviables, como algunas autopistas o el proyecto Castor, el Gobierno del Partido Popular ha optado invariablemente por lanzar al Estado al rescate del interés de las grandes corporaciones sin explicar las razones económicas de fondo, y sin que tampoco la oposición se las haya reclamado. Pero nada garantiza que el interés de las grandes corporaciones coincida siempre con el interés general, y es en ese margen donde difieren en el que un gobierno tiene ocasión de reforzar, a través de su gestión, la razón última de ser del sistema político. No ha sido el caso.