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Política
El Congreso cerca a Fernández Díaz y su policía política
El ministro del Interior deberá explicar, en la primera comisión de investigación desde 2004, el uso partidista de los Cuerpos de Seguridad del Estado para dañar a rivales políticos a través de filtraciones falsas a los medios o su reunión con el exvicepresidente Rodrigo Rato
Carlos Larroy
- 30/09/2016
- Número 53
El PP sigue empecinado en eximirse del control parlamentario con el peculiar argumento de que un Gobierno en funciones estaría exento de rendir cuentas ante el Congreso hasta que este le otorgue su confianza. Este conflicto, cuya resolución tiene pendiente el Tribunal Constitucional, quedó de nuevo patente en la sesión plenaria de este martes, a la que ningún miembro del Ejecutivo acudió excepto a última hora para la votación. Y ello pese a que se debatían asuntos como la actualización de las pensiones o la limitación de las puertas giratorias. Pero ahora la situación se complica porque los grupos del PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, junto con los nacionalistas vascos y catalanes, lograron aprobar la creación de una comisión de investigación para que el ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, explique el supuesto uso que ha hecho de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con fines partidistas. De acuerdo con el artículo 502 del Código Penal, si Fernández Díaz dejara de comparecer incurriría en un delito de desobediencia y se enfrentaría a una pena de suspensión de cargo público de entre seis meses y dos años.
La gestión de Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior durante la legislatura de 2011 a 2015 ha estado llena de polémicas. La más conocida fue la referida en Público, según la cual el ministro fue grabado en su despacho durante un encuentro con el exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, en el que parecían conchabarse para filtrar a la prensa supuestos casos de corrupción de líderes independentistas como Oriol Junqueras o Francesc Homs. En las grabaciones, De Alfonso llegó a comentarle al ministro que le había llegado una información, que reconocía sin contrastar, según la cual el exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, tendría una cuenta en Andorra con 12,9 millones. Esa conjetura se convirtió pocos después en noticia difundida con la firma de los periodistas Eduardo Inda, Esteban Urreitztieta y Fernando Lázaro en el diario El Mundo. Pese a que la información se ha demostrado falsa, tanto la cabecera como los informadores siguen sin rectificar con el argumento de que se limitaron a contar que había una investigación policial abierta y que, por tanto, habrían actuado con diligencia.
Filtraciones a los medios
Hay otros muchos escándalos que afectan directamente a Fernández Díaz o al ministerio que sigue dirigiendo en funciones. Cabe recordar la reunión que el ministro mantuvo en julio de 2015 con el exvicepresidente Rodrigo Rato, cuando ya estaba siendo investigado por blanqueo de capitales, el caso Bankia y el uso de las tarjetas black. O también la extraña manera mediante la que el periódico La Razón obtuvo los datos y las fotografías de los jueces que firmaron el manifiesto por el derecho a la autodeterminación de Cataluña.
Fernández Díaz solo se salvaría de comparecer ante esta comisión si hubiera nuevas elecciones en diciembre
La publicación de esas fotografías, por la que buena parte de los magistrados firmantes se querellaron tras comprobar que correspondían a las de sus carnés de identidad, supuso la imputación del director del rotativo, Francisco Marhuenda, por una presunta violación de la intimidad. Dos inspectores de la Policía Nacional admitieron que, por encargo del comisario Pedro Esteban Cobreros, accedieron a la base de datos de los DNI y que incluyeron las fotos en un informe. Pero los tres negaron ser los responsable de la filtración. La causa tuvo que ser archivada al no poder concretarse quién fue el encargado de hacer llegar las fotografías a La Razón y entenderse que en este caso prevalecía el derecho a la información sobre la intimidad.
La comisión de investigación, impulsada por el PSOE, también pedirá explicaciones a Fernández Díaz sobre el caso del pequeño Nicolás, los conflictos entre cargos policiales (en especial, la guerra que mantienen los comisarios Villarejo y Martín Blas) y las polémicas actuaciones a cuenta del ático del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.
La primera desde el 11-M
Fernández Díaz solo se salvaría de comparecer ante esta comisión si se repitieran las elecciones. Pero fuentes parlamentarias apuntan que si unos terceros comicios volvieran a dar como resultado una composición del Congreso con pluralidad parecida, los grupos tendrían muchas opciones de volver a aprobar la creación de esta comisión. La ausencia de mayorías absolutas genera una Mesa del Congreso y una Junta de Portavoces mucho más plural, de forma que el partido con más escaños tiene muy difícil vetar iniciativas como la creación de comisiones de investigación a no ser que obtenga el apoyo de otros grupos. Por ejemplo, en la última legislatura completa, el PP evitó rendir cuentas sobre la gestión de Bankia gracias a sus 186 escaños.
Las mismas fuentes indican que la pluralidad de la Cámara debería contribuir a que las comisiones de investigación dejen de estar “cegadas por el bipartidismo”, situación que, según antiguos diputados, ha permitido vetar la comparecencia de ciertas personas que podrían ser molestas para el grupo mayoritario. De ahí que en muchas ocasiones acabaran cerrándose en falso por falta de colaboración —como sucedió con la comisión de investigación sobre la financiación de los partidos, creada en la segunda legislatura— o convirtiéndose en un campo de “pura batalla política” en vez de acordar soluciones o depurar responsabilidades. Esta sería la décimo séptima comisión de investigación que se celebre en el Congreso desde que se recuperó la democracia.