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Opinión
Dos en uno
Mariano Rajoy interpretó el resultado de las elecciones del pasado 20 de diciembre con una escalofriante falta de realismo. El PP quedó el primero con más votos y más escaños, pero se ha abstraído de utilizar esa posición de ventaja para trenzar con otros partidos acuerdos de investidura. Rajoy aceleró en punto muerto y optó por sentarse a esperar a que los demás acudieran con flores a porfía, con un apoyo sin contrapartidas invocando su victoria y erigiéndose en única opción con sentido de Estado. Las demás serían coaliciones de perdedores.
Dos meses después de las elecciones, la posición de Mariano Rajoy —tras declinar un encargo del rey y dedicar un desplante a Pedro Sánchez mientras le quería para un gobierno de coalición— es insostenible. Sucede además que, durante los procesos de negociación en marcha, se multiplica una retahíla incesante de nuevos casos de corrupción en el PP. Era de conocimiento general que los gobiernos populares de Valencia y Madrid, sus dos principales feudos, habían salido corruptos, pero cunde la idea de que esta corrupción carece de límites. La pasividad previsible de Mariano Rajoy tampoco merma su irresponsabilidad.
La primera sesión de investidura está convocada para el 2 de marzo. Hasta entonces, los partidos tienen negociación por delante. Parece cada vez más claro que ninguno advierte incentivos válidos para precipitar unas nuevas elecciones, que penalizarían a quienes comparecieran cargados con la culpa de su repetición. La actitud de Podemos, que inició la búsqueda de un posible pacto con el PSOE, IU y otros socios menores partiendo de un documento de aspiraciones maximalistas, se ha situado en el imposible. No cabe deslegitimar ninguna estrategia de negociación, cualquier partido puede calcular que con unas exigencias iniciales exageradas tiene mejor mano para conseguir sus propósitos reales en un eventual pacto. Pero cualquier observador concluiría que la declaración de Podemos equivale a la renuncia a acuerdo alguno. Cabe la hipótesis de que la renuncia tapone algunos incipientes problemas que afectarían al partido a causa de sus confluencias con otras organizaciones en las que se cuestiona el seguimiento indiscutido a la disciplina parlamentaria marcada por el grupo de Pablo Iglesias.
En cualquier caso, instrumentalizar estas negociaciones para convertirlas en un acto previo de la campaña que se iniciaría si se convocaran nuevas elecciones sería un fraude. Los partidos que hubieran intentado formar gobierno sin conseguirlo habrían fracasado, pero los que, desde la inmovilidad o el espectáculo, hubieran demostrado carecer de intenciones reales de negociar, ceder, convencer y pactar perderían electores en caída libre. Los partidarios del bloqueo incapaces de prestar al menos su abstención a favor de la investidura de un candidato —sea Partido Popular y/o Podemos— adquirirían una peligrosa contigüidad: serían dos en uno.