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Opinión
Cataluña, por vías de hecho
El acuerdo alcanzado por Junts pel Sí y la CUP para iniciar lo que denominan la “desconexión democrática” de España constituiría, de llevarse a efecto, un atropello a los derechos de los catalanes que el 27 de septiembre votaron por otros programas. Es a estos catalanes, y no tanto a una España inventada con el único propósito de justificar la independencia, a quienes los representantes de esas dos fuerzas políticas están tratando de imponer una grave decisión por vías de hecho. Son vías de hecho, en primer lugar, porque el resultado obtenido por los independentistas en las recientes elecciones autonómicas no es suficiente para emprender el camino que se proponen, ni siquiera interpretándolo según la lógica plebiscitaria hacia la que la Generalitat de Artur Mas quiso arrastrar a la totalidad de los partidos que concurrían. Pero son vías de hecho, además, porque lo que la resolución declara es una suerte de estado de excepción nacional respecto de los poderes del Estado, que deja en la indefensión a quienes, siendo catalanes con idénticos derechos que los partidarios de la secesión, pueden verse envueltos en una deriva de insumisión que rechazan y privados de cualquier instancia ante la que reclamar.
Con la resolución pactada esta semana y que pretenden someter a votación antes del 9 de noviembre, los independentistas han demostrado una voluntad mesiánica de sacrificar a su objetivo político cualquier principio, incluido el democrático que no cesan de invocar. Tal voluntad constituye un obstáculo para el entendimiento con otros partidos en cualquier circunstancia, pero mucho más en un periodo como el que se inicia tras la disolución oficial de las cámaras y la convocatoria de elecciones generales. La posibilidad de que algunas fuerzas políticas se sientan autorizadas a sobreactuar por electoralismo en respuesta a las intenciones de los independentistas catalanes no puede ser descartada, lo que, de confirmarse, cegaría aún más la salida del actual callejón político. Por desafiante que sea el contenido de la declaración de los independentistas, es estrictamente eso, una declaración, pendiente de la formación de un gobierno que la adopte como programa. Constatarlo así no es resignarse a la condescendencia, sino pertrecharse contra la precipitación.
Antes del acuerdo sobre la declaración que se proponen presentar en el Parlament, los independentistas catalanes decidieron ignorar los argumentos que cuestionan tanto la legitimidad como la viabilidad de su programa de secesión. Ahora han decidido ignorar además las cifras y los hechos, considerándose destinatarios de un mandato que las urnas no les dieron e intérpretes de un mensaje político del pueblo catalán que ellos mismos se susurran antes de gritárselo al resto de España. El pueblo de Cataluña no es solo la suma de los ciudadanos que votaron a los independentistas, sino la de estos y la mayoría que no los votó. Y en cuanto al mensaje salido de las urnas, menos pueden saber los independentistas que cualquier otra fuerza política, puesto que Junts pel Sí se presentó a las elecciones sin programa de gobierno y el de la CUP reclama, entre otras medidas, la salida del euro y de la Unión Europea.
Con la resolución pactada esta semana y que pretenden someter a votación antes del 9 de noviembre, los independentistas han demostrado una voluntad mesiánica de sacrificar a su objetivo político cualquier principio, incluido el democrático que no cesan de invocar. Tal voluntad constituye un obstáculo para el entendimiento con otros partidos en cualquier circunstancia, pero mucho más en un periodo como el que se inicia tras la disolución oficial de las cámaras y la convocatoria de elecciones generales. La posibilidad de que algunas fuerzas políticas se sientan autorizadas a sobreactuar por electoralismo en respuesta a las intenciones de los independentistas catalanes no puede ser descartada, lo que, de confirmarse, cegaría aún más la salida del actual callejón político. Por desafiante que sea el contenido de la declaración de los independentistas, es estrictamente eso, una declaración, pendiente de la formación de un gobierno que la adopte como programa. Constatarlo así no es resignarse a la condescendencia, sino pertrecharse contra la precipitación.
Antes del acuerdo sobre la declaración que se proponen presentar en el Parlament, los independentistas catalanes decidieron ignorar los argumentos que cuestionan tanto la legitimidad como la viabilidad de su programa de secesión. Ahora han decidido ignorar además las cifras y los hechos, considerándose destinatarios de un mandato que las urnas no les dieron e intérpretes de un mensaje político del pueblo catalán que ellos mismos se susurran antes de gritárselo al resto de España. El pueblo de Cataluña no es solo la suma de los ciudadanos que votaron a los independentistas, sino la de estos y la mayoría que no los votó. Y en cuanto al mensaje salido de las urnas, menos pueden saber los independentistas que cualquier otra fuerza política, puesto que Junts pel Sí se presentó a las elecciones sin programa de gobierno y el de la CUP reclama, entre otras medidas, la salida del euro y de la Unión Europea.